Historia

La tercerización de la represión no es nueva, acá un breve repaso de sus orígenes y funciones:


LA REPRESIÓN “PRIVATIZADA”: de la Guardia de Infantería a la “Patota”.

La utilización, por parte de los gobiernos argentinos, de grupos de choque callejeros o “patotas” para reprimir extraoficialmente a los trabajadores y el pueblo no es cosa nueva. A fines del siglo XIX, durante la llamada Crisis del 90, los punteros del partido conservador utilizaban jóvenes “pitucos” o “cajetillas” para intimidar y atacar a los habitantes de las barriadas más pobres y los obreros que intentaban asomarse a la vida política nacional, la mayoría a través de la Unión Cívica, el partido de raigambre más popular de la época. Durante la Semana Trágica de 1919, a la represión policial se sumó la aparición de la Liga Patriótica Argentina, una fuerza de choque juvenil de derecha dirigida por la elite conservadora, que se dedicó a atacar violentamente sindicatos, agrupaciones de izquierda y anarquistas, y de paso, también a los judíos. Después del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 apareció en escena una banda paramilitar alentada por el gobierno del general Uriburu, que tomó el nombre de Legión Cívica Argentina. Siguiendo el ejemplo de la Liga Patriótica, su principal objetivo era vigilar y reprimir el accionar de los trabajadores.

Más cerca en el tiempo, tuvimos la AAA (Alianza Anticomunista Argentina, o “Triple A”) del gobierno peronista de 1974/75, muchos de cuyos miembros se diluyeron, después de 1976, en los grupos de tareas militares y paramilitares que ejecutaron la política de exterminio de la dictadura.

La palabra patota, entendida como lo hacemos en Argentina, es de uso común en buena parte de América Latina, al punto que llegó, como expresión de uso familiar sudamericano, a la 20ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, que la define como grupo, normalmente integrado por jóvenes, que suele darse a provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos. No hay demasiado acuerdo en cuanto a su etimología: algunos dicen que deriva de pacota, palabra usada en Chile y oeste de Argentina como sinónimo de pandilla, a partir de paco o pacotilla, el conjunto de baratijas que los marineros tenían permitido bajar de sus barcos para vender en los puertos. Los grupos violentos de marineros habrían sido apodados pacota, luego deformado a patota. Otros encuentran el origen en la expresión pata (banda) de ladrones.

Sea cual fuere el origen de la palabrita, lo que no está en disputa que la patota existe, y que por lo general, aunque simule cierta autonomía, es organizada, protegida y dirigida desde el poder político.

Hoy vemos actuar a diario las patotas del siglo XXI, que como sus pares de 1919, 1930 o 1975, hacen de los trabajadores organizados, estudiantes y militantes de izquierda sus objetivos favoritos. Como aquellas, también, están al servicio del partido gobernante, en este caso de nuevo el peronismo, legatario del viejo tronco conservador en su rol de defensor de los intereses de la clase dominante. El PJ siempre se ha caracterizado por disputar la calle ejerciendo violencia, usando grupos de choque sindicales, vinculados a barras bravas de clubes de fútbol que dirigen sus propios punteros, o, como prefiere la variante kirchnerista, prestados por otras organizaciones integradas a su amplio concepto de movimiento. Pero lo característico del fenómeno patoteril en los tiempos recientes es su utilización, no ya como complemento o accesorio del aparato represivo formal, sino directamente en su reemplazo.

En forma creciente, somos testigos –cuando no víctimas- de esta modalidad represiva a través de una suerte de “privatización” o “tercerización” de la función tradicionalmente cumplida por las policías u otras fuerzas de seguridad, que tiene para el gobierno la indudable ventaja de permitir que se lave las manos frente a ataques organizados y dirigidos desde los despachos oficiales, pero en los que no interviene su aparato armado oficial.

Los primeros hechos a repetición de esta modalidad tan útil para gobiernos que pretenden exhibir cierto grado de “progresismo” que los ponga a cubierto del repudio popular se verificaron durante el interregno de otro peronista, Eduardo Duhalde, y estuvieron dirigidos a desactivar el proceso de las asambleas barriales. En particular en el conurbano bonaerense, y bajo la dirección de verdaderos “especialistas” en la materia, los intendentes peronistas como Otacehé de Merlo, fueron a repetición los ataques sufridos por asambleístas en el período 2001/2002. El interior del país no fue ajeno al método. En Santa Cruz, gobernada entonces por Néstor Kirchner, todavía resuenan los ecos de los palazos propinados por las patotas a las asambleas populares.

Llegado a la presidencia, Kirchner incorporó de manera creciente el uso de grupos de choque paraestatales para resolver conflictos sin manchar el nombre de la gestión ni correr el riesgo de deslegitimar de las fuerzas represivas. La incorporación al Frente para la Victoria de organizaciones piqueteras como las que confluyeron en la fracción peronista denominada Libres del Sur amplió el menú de patoteros disponibles, que ya no provenían solamente de sindicatos o del PJ histórico, y permitió un accionar todavía más violento cuanto mayor era la posibilidad del gobierno de pretender estar desvinculado de los ataques.

Los medios fueron un aliado indispensable para esta estrategia. El 9 de julio de 2004 los movimientos de desocupados no kirchneristas y el gremio docente de Tucumán intentaron llegar hasta la plaza donde se celebraría el acto central del Día de la Independencia para expresar sus reclamos al gobernador Alperovich y el presidente Kirchner. Fueron interceptados por los militantes de Barrios de Pie, ya integrados al kirchnerismo, y a la paliza propinada se sumaron los titulares de primera página: “Trifulca entre grupos de piqueteros antagónicos”. Ni media palabra de que era el gobierno el que reprimió la manifestación opositora.

En septiembre del año siguiente, en Rosario, vecinos de la ciudad de San Lorenzo que realizaban un corte de calle reclamando contra la contaminación que producen las empresas ACA y Petrobrás fueron atacados por una patota dirigida por capataces de la intendencia. Varios vecinos, entre ellos militantes de DDHH que acompañaban el reclamo, fueron heridos. El diario La Capital reflejó el hecho poniendo en duda la veracidad de la denuncia y dando gran espacio a las explicaciones de la intendenta.

Poco a poco, ante la efectividad del método y la necesidad de ampliar el campo de aplicación debido a la multiplicación de conflictos, fueron incorporándose al mecanismo de la patota conspicuos representantes de los sindicatos oficialistas. Los estudiantes de la FUBA fueron agredidos por el sindicato de no docentes APUBA, cuyo dirigente Jorge Anró, destacado kirchnerista, no ocultó su presencia durante la golpiza. En Neuquén los docentes, que cortaban la ruta en el acceso a una planta de Repsol-YPF, fueron atacados por una patota de la UOCRA, con el apoyo de los Padres Autoconvocados Neuquinos (PAN) que distribuían volantes en la ruta con la inscripción “Queremos escuelas y rutas abiertas.” Ese mismo grupo fue el que se encargó de amedrentar a los estudiantes secundarios de esa localidad cuando llevaron adelante un mes de luchas por mejoras edilicias, viandas y la derogación del decreto 424/06 que permitía a la policía apostarse dentro de las escuelas al solo llamado del Consejo Provincial de Educación.

En Chaco vimos a pintorescos gauchos de una agrupación tradicionalista efectivizando el desalojo de tierras comunales indígenas; los municipales de Quilmes arremetieron contra los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes; más sindicalistas de la UOCRA atacaron docentes en huelga en San Luis, los municipales porteños evitaron que la comisión interna del Garrahan abucheara al ministro Ginés García, y finalmente, entre muchos episodios similares en todo el país, apareció la ya célebre patota de Sergio “Tuto” Mohamad, hombre de Alberto Fernández y dirigente del PJ porteño, para romperle la cabeza a los trabajadores, a los periodistas y a los compañeros que acompañaban solidariamente la medida de fuerza en el Hospital Francés.

En esta práctica de ejercicio tercerizado de la violencia son soldados valiosos los miembros de las agencias de seguridad privadas, que en varios conflictos laborales cumplieron el rol de sus pares oficiales. Ocurrió en Crónica y en Telefónica, por ejemplo.

En otro ámbito, el de los Derechos Humanos, el 24 de marzo de 2011 vimos a esas mismas patotas, lideradas por Humberto Tumini y Jorge Ceballos, intentando sabotear la lectura del documento que denunciaba la continuidad de la miseria, de la represión y el encarcelamiento de compañeros por enfrentar al gobierno.

La ecuación gubernamental es simple: si los que atacan, pegan y amenazan no llevan uniforme, siempre se puede recurrir a las tesis del desborde individual o del grupo de inadaptados. Hasta pueden darse el lujo desde el mismo partido oficial de exigir “esclarecimiento, juicio y castigo” como patéticamente reclamaron, contra su camarada partidario Muhamad, los integrantes del Frente para la Victoria nucleados en Libres del Sur después de que el hombre de confianza del interventor Salvatierra cometiera el error de dejarse filmar a cara descubierta mientras repartía tortazos bien kirchneristas. Reclamo, dicho sea de paso, que suena tan sincero y convincente como Solá y Kirchner cuando clamaban por la aparición del que llaman “su compañero López”.

El 20 de octubre de 2010 vimos como la patota de la Unión Ferroviaria actuó con la complicidad de la policía que, siendo participes necesarios para que el ataque se concrete, les abrió el camino a la patota para que atacaran a los compañeros que se retiraban del lugar, y luego les cubrió las espaldas cerrando el paso a los militantes que intentaban perseguir a sus atacantes.

La fuerza de choque de la burocracia sindical descargó sus armas de fuego contra los trabajadores tercerizados del FFCC Roca y los militantes de las organizaciones políticas que los acompañaban en solidaridad con su reclamo de pase a planta permanente. El saldo fue tres compañeros heridos y el asesinato de Mariano Ferreyra, de 23 años y militante del Partido Obrero.