El asesinato de Mariano

El 20 de octubre de 2010, los trabajadores ferroviarios del Ferrocarril General Roca (FCGR), salieron a la calle como parte de un plan de lucha impulsado desde las bases, contra la tercerización laboral, herramienta que utilizan los empresarios, y burócratas sindicales como Pedraza, para explotar más y mejor. Los contratos de los trabajadores tercerizados son, entre otras cosas, por la mitad del salario que corresponde.

La burocracia sindical, además de legitimar estas pésimas condiciones de trabajo, y de preocuparse por mantenerlas, forma parte del negocio, administrando diversas “cooperativas” que celebran jugosos contratos con la concesión administradora del FCGRl que, para ello, recibe jugosos subsidios del Estado nacional.

Junto con el trabajo en negro, la tercerización laboral es una de las políticas más utilizadas por el gobierno kirchnerista, para luego llenarse la boca hablando del “crecimiento del trabajo genuino”. Pero el kirchnerismo no sólo mantiene la tercerización laboral como método, también terceriza la represión.

En una sociedad divida en clases, la burguesía necesita de su brazo armado para mantener el orden y defender su riqueza y poder, conseguidos a costa de la explotación de la fuerza de trabajo del pueblo. Esa es la función del aparato represivo del Estado. Su fin es reprimir y disciplinar a quienes son explotados por la clase dominante, a la mayoría de la población, que son los únicos que tienen la potencialidad de amenazar este sistema.

La represión se ejercen de dos maneras, en forma "preventiva" o en forma "selectiva". La represión de tipo preventiva que se aplica sobre todo el pueblo trabajador en forma generalizada, y afecta principalmente a los jóvenes pobres. Su objetivo es atemorizar y desmovilizar cualquier intento de resistencia a la autoridad. Así el gatillo fácil, el hostigamiento policial, la tortura, las detenciones arbitrarias y el asesinato en cárceles y comisarías son una política de Estado que se despliega en los barrios a lo largo y ancho de todo el país. Esta es la represión más invisibilizada y legitimada desde distintos sectores de la sociedad, aunque todos funcionales a la clase gobernante. Los medios de comunicación fogonean incansablemente el fantasma de la inseguridad, reproduciendo y alimentando a quienes piden más policías en la calle.

Es importante aclarar que el gobierno kirchnerista ha sido el que mejor cumplió esta tarea: logró militarizar el país entero y llevar adelante un “lavado de cara” de las fuerzas represivas. Es el gobierno que acumula más casos de gatillo fácil, muertes en cárceles y por tortura desde la restauración de la democracia, siendo responsable de más de 1900 casos de los, aproximadamente, 3500 casos contados desde 1983.

Junto con la represión preventiva, como parte de la misma política represiva estatal, se despliega la represión selectiva, que se aplica cuando la represión preventiva no logra su objetivo de disciplinar al pueblo y evitar la organización popular.

La represión a los luchadores, donde la policía descarga abiertamente las balas contra ellos, y sus organizaciones políticas y sociales, es la forma más reconocida por parte de la sociedad como represión.

Usualmente, se concentra contra las organizaciones que luchan contra la burguesía y amenazan conscientemente el orden social. Así, los militantes políticos y sociales sufren la persecución del Estado por contribuir a la construcción de la lucha consciente y organizada del pueblo. Esta persecución es propia de cualquier sociedad con una minoría rica y una mayoría pobre, como la sociedad capitalista.

La criminalización de la protesta es otra forma de la misma política represiva. Ya sea que se actualicen las leyes antiterroristas ordenadas por el imperialismo (EEUU, GAFI, FMI, etc), que se aplique el código penal sobre cualquier trabajador que haya decido no alinearse con la burocracia sindical y el gobierno de turno, que se utilicen figuras penales gravísimas para sancionar conductas que no son delito, como es luchar por reivindicaciones laborales, o encarcelando a compañeros por salir a luchar, siempre estamos ante una misma política.

El kirchnerismo, desde un comienzo, ha desarrollado un discurso de legitimación y consenso alrededor de la represión, cooptó a referentes históricos de los DDHH; convenció, compró y fracturó a organizaciones que antes luchaban activamente contra la explotación y la represión; declaró que no reprimiría la protesta social; le soltó la mano a algún que otro policía cuando fue necesario y se apropió de consignas y banderas propias de las organizaciones populares. En base a esto ha logrado instaurar, aunque sólo por un tiempo, la idea de que este gobierno no reprime.

Lo cierto es que como todo gobierno que administra el Estado de la burguesía, en una sociedad dividida en clases si reprimió, reprime y reprimirá.*
Y nada cambió con Cristina Fernández.**

Sin embargo, la represión mediante el uso del aparato estatal no siempre es la que se descarga sobre los luchadores. Muchas veces ocurre que utilizar a las fuerzas represivas del estado, que portan un uniforme y una placa, entraña el riesgo, para el gobierno de turno, de tener que pagar algún tipo de costo político.

El gobierno kirchnerista, para evitar pagar estos costos, suele utilizar a las patotas como fuerza de choque, tercerizando la represión. Existen mayores posibilidades de desligarse políticamente de hechos represivos protagonizados por estas bandas paraestatales que si la represión se consuma desde el Estado.

Esto es lo que ocurrió el 20 de octubre de 2010. Los trabajadores ferroviarios no pudieron ser frenados por la burocracia y decidieron salir a reclamar el pase a planta permanente. Su lucha se encontró con las balas provenientes de la Triple Alianza Antiobrera.

La Triple Alianza Antiobrera se compone por la burocracia sindical, el gobierno y los empresarios. Los tres comparten intereses y tienen el mismo objetivo: mantener a raya a los trabajadores para poder seguir explotándolos más y mejor.

Los trabajadores del FCGR reclamaban el fin de la tercerización laboral y fueron reprimidos a través de la tercerización de la represión: la patota de la burocracia sindical peronista, compuesta por barras bravas y trabajadores vendidos a la burocracia, atacó a los manifestantes hiriendo a varios compañeros y matando a Mariano Ferreyra.

La represión no podría haberse hecho sin todo un aparato estatal apoyándola, los empresarios le pidieron “ayuda” a Néstor Kirchner, el gobierno mandó a reprimir, la burocracia preparó a sus matones y la policía aseguró que la represión se lleve a cabo. No hay cómplices sino partícipes necesarios, la policía le abrió pasó a la patota para que pudiera atacar y luego le cerró la salida a los manifestantes.

En lo que hace a la represión selectiva, el kirchnerismo también lleva la delantera. De los 66 compañeros asesinados en protestas desde 1995 hasta la fecha, 17 muertes fueron provocadas durante el autoproclamado “gobierno de los Derechos Humanos”, es decir, desde 2003 hasta 2012. Mariano Ferreyra es el séptimo de la lista que comienza con Luis Cuellar en 2003, completan Carlos Fuentealba en 2007; Juan Carlos Erazo en 2008; Facundo Vargas, Sergio Cárdenas, Nicolas Carrasco, Roberto López, Mario López, Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro, Emilio Canaviri Álvarez, asesinados en 2010, para terminar con Félix Reyes, Ariel Farfán, Esteban Méndez, Juan José Velázquez y Christian Ferreyra en 2011
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* Los siguientes son sólo algunos ejemplos:

09/10/03, Jujuy. Libertador San Martín. 5.000 personas se movilizaron a la comisaría local, en la que cinco días antes había muerto en la tortura el joven militante de la Corriente Clasista y Combativa Cristian Ibáñez, de 20 años. Con refuerzos de la policía de San Salvador se desató la represión frente a la cual la gente respondió incendiando la comisaría. Los efectivos dispararon con balas de plomo. Fueron detenidos 30 manifestantes y se libraron 15 órdenes de captura, entre ellas la del dirigente de la CCC Enrique Mosquera. Un agente de civil disparó a quemarropa sobre Luis Marcelo Cuellar, militante de la misma corriente, primer muerto en una manifestación del gobierno de Néstor Kirchner.
25/11/03, Neuquén. La Policía local reprimió una manifestación de desocupados que repudiaba la medida del gobierno Provincial de suplantar el dinero de los planes sociales por bonos a ser canjeados sólo en ciertos negocios. La policía atacó con palos y gases. Luego comenzó a disparar con balas de plomo, apuntando a militantes populares. Pedro Alveal, joven del MTD de 20 años de edad que trabajaba hacía un año en la Cerámica Zanon, recibió 64 impactos de bala de goma y perdió el ojo izquierdo.
13/12/03, Santiago del Estero. La policía reprimió a dirigentes del MOCASE.
02/04/04, San Martín de Los Andes, Neuquén. La policía provincial procedió a desalojar brutalmente a una familia. Se generó un enfrentamiento en todo el barrio. Las fuerzas golpearon a los niños que llegaban del colegio.
05/04/04, San Miguel de Tucumán. Represión con gases lacrimógenos y balas de goma a los desocupados del MTR-CUBa.
26/05/04, Tucumán. El gobierno ordenó la represión sobre un grupo de desocupados que reclamaba bolsones de comida para los comedores de la zona.
29/05/04, San Luis. La policía desalojó a los maestros que habían tomado el edificio de la legislatura provincial. La caballería perseguía a padres y alumnos a golpes de machete y palos
05/12/04, Santa Cruz, Las Heras. Setenta trabajadores ingresaron al área de tanques de la firma Oil (subsidiaria de Repsol-YFP) de la localidad de Las Heras en reclamo de puestos de trabajo. La jueza Graciela Ruata de Leone ordenó el desalojo y mandó a la policía provincial desde Caleta Olivia. Hubo veinticinco detenidos. La trabajadora Karina Sauco perdió su embarazo debido a los golpes recibidos entre las piernas y en el vientre en una sesión de tortura aplicada por el Oficial Borquez en la comisaría de Las Heras, al grito de : “Qué bueno, llegó la represión a Las Heras, los vamos a matar a todos estos hijos de puta”.
02/07/05, Santa Cruz. Delegados de ATE fueron detenidos con la acusación de coacción y trasladados a los extremos territoriales de la provincia. Al mismo tiempo, delegados de ATE de la Ciudad de Buenos Aires arrojaron panfletos en el interior de la Casa Rosada y dos sindicalistas fueron detenidos por desobediencia.
20/07/05, Santa Cruz, Cañadón Seco. Gendarmería y Policía Provincial desalojaron violentamente a trabajadores que ocuparon una planta petrolera. Hubo más de cincuenta detenidos. 500 agentes iniciaron la represión con gases lacrimógenos, palos y balas de goma. La represión continuó contra los familiares y amigos de los detenidos que reclamaban por su libertad. Frente a la comisaría 3ª de Caleta Olivia, el GEOP llegado especialmente desde Río Gallegos, apaleó a la gente.
26/08/05, Ciudad de Buenos Aires. A tres años y tres meses de la masacre del Puente Pueyrredón, un operativo multifuerza descomunal cortó el tránsito desde la mañana. Las organizaciones sociales trasladaron el acto a Plaza de Mayo. El operativo se desplazó y no permitió el ingreso a la Plaza. Fue el primero de tres viernes consecutivos en que las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso a la Plaza de Mayo. Las barreras policiales estaban compuestas por un millar de efectivos, 3 hidrantes, 4 autobombas, 16 carros de asalto, 3 traslados de detenidos, 1 camioneta patrullera, 9 patrulleros, 5 móviles no identificables, 3 colectivos, 1 ómnibus, 1 cuatriciclo, 12 motos del C.P.T., 4 motos de combate (es decir, más de 60 vehículos confirmados y muchos más probables).
01/02/06, Chascomús, Buenos Aires. Trabajadores de la ex Gándara, hoy Parmalat, cortaron la Ruta Nacional 2 que conduce a Mar del Plata. Menos de tres horas después eran violentamente reprimidos por personal policial bonaerense, con gases y disparos de postas de goma.
26/05/06, Tucumán. Diferentes organizaciones sociales y de desocupados se congregaron en la Plaza de la Independencia de la capital. Fueron atacados por la policía con palos y gases. Una mujer de 70 años, Rosario Elsa Rodríguez, fue arrojada al suelo, donde la patearon y apuntaron con armas. Hubo 5 detenidos, entre ellos una niña, Daniela Díaz, de 13 años.
28/05/06, Mendoza. Sesenta estudiantes secundarios fueron detenidos frente a la Casa de Gobierno en el marco de una represión que consistió también en una especie de cacería por parte de policías de civil. Todos menores de edad, fueron llevados a la Comisaría del Menor y fueron entregados a sus padres durante la tarde. Cinco de ellos estaban lesionados.
Y todos ellos ocurridos sólo durante el mandato de Néstor Kirchner.


**En el 2007, exigiendo la reincorporación de más de 90 compañeros despedidos, los trabajadores del Casino flotante de la ciudad de Buenos Aires mantuvieron bloqueados los accesos al predio por 20 días. El martes por la noche, mientras se encontraban reunidos en asamblea, fueron brutalmente reprimidos por efectivos de prefectura que, sin mostrar orden judicial alguna, comenzaron a desalojar a los palos y lanzando gases lacrimógenos a los trabajadores, entre los que se encontraban mujeres embarazadas y menores. 
En el 2008, mientras los trabajadores del INTA marchaban para exigir la reincorporación de un compañero, fueron reprimidos por la policía.El saldo fueron varios heridos y siete detenidos acusados de “lesiones, atentado, resistencia a la autoridad y daño calificado”.

En octubre de ese mismo año la Comisión Gremial Interna del Centro Gallego-Galicia Saúde organizó un acto y asamblea en la puerta del hospital, en repudio a las sanciones aplicadas por la patronal a cinco enfermeras con el único fin de amedrentarlas y poner fin al plan de lucha que unos días antes había lanzado el sector enfermería, con un pliego de 20 puntos de reivindicaciones que incluyen reclamos salariales y de condiciones de trabajo. Después del acto, y de cortar un rato el tránsito de la Av. Belgrano, los trabajadores, junto a compañeros que se acercaron en solidaridad de otros hospitales, como el Británico, el Italiano y Mitre-Trinidad, ingresaron al establecimiento para llevar a la gerencia su reclamo.
Mientras los delegados estaban en el interior de la oficina de gerencia planteando su petitorio, oyeron gritos y ruidos en el pasillo, donde aguardaban los demás compañeros. Al salir, encontraron un panorama de brutal represión, ordenado por la patronal, comandado por la policía federal y ejecutado por el jefe de seguridad del hospital, el represor de la dictadura Juan Carlos Carratini. El saldo de la agresión fueron varios trabajadores heridos, uno de ellos con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

El 19 de enero de 2009, la policía provincial reprimía brutalmente una manifestación en Resistencia, Chaco, convocada por varias organizaciones sociales en reclamo de renovaciones de becas y por contratos laborales. El saldo (de la política de DDHH) fueron palos, gases, balas de goma, 70 detenidos, decenas de heridos, un compañero pisoteado por un caballo y encarcelado mientras vomitaba sangre en una comisaría de Tirol a 10 km de Resistencia.
Pero la represión no terminó allí, ya que, como siempre sostuvimos, es inherente al estado, gobierne quien gobierne. En la Ciudad de Buenos Aires la “derecha macrista”, usando la policía del “gobierno de los DDHH”, reprimió la manifestación en repudio a la represión frente a la casa de la provincia del Chaco, con la excusa de agresiones a un taxista (quien con su auto, arremetió contra los manifestantes). Nuevamente detenidos, esta vez 14, entre ellos 5 menores, algunos de 13 y 15 años.

En octubre, también de 2009, eran reprimidos los trabajadores de Kraft-Terrabusi. El viernes 25 cientos de efectivos policiales de infanterí­a, caballerí­a, división perros y motorizada, apoyados en el perímetro por gendarmerí­a nacional, que descargaron balas de goma, palos y gases lacrimógenos contra los trabajadores de Kraft-Terrabusi, sus familiares y los manifestantes movilizados en su apoyo. El operativo militar fue ordenado por la fiscalía provincial a pedido de la empresa multinacional y dirigido por el comisario Salvador Baratta
La represión en Terrabusi, con 65 detenidos (28 que se encontraban en el interior de la planta y 37 capturados fuera de ella) que fueron liberados a la madrugada, imputados por atentado y resistencia a la autoridad y usurpación, en el caso de los que estaban dentro de la fábrica, tuvo varios ingredientes que muestran sin tapujos cómo la política represiva estatal se profundiza en la medida en que se hacen más evidentes las consecuencias de la crisis que los capitalistas se cobran, como siempre, a costa de los trabajadores.

En 2010, el viernes 1º de octubre, la policía de la provincia de Chaco realizó un operativo que incluyó el despliegue de unos 100 efectivos de civil, acompañados por la infantería, la policía montada y motorizada. Un operativo más de los que sufren los barrios pobres habitualmente, esa le tocó al barrio Segundo David Peralta “Mate Cosido”, a la entrada de Resistencia.

Ese mismo año se produce, en un operativo conjunto de la policía metropolitana, la federal y la gendarmería la represión a quienes ocupaban el terreno del Parque Indoamericano, dejando cuatro muertos y una excusa para crear el Ministerio de Seguridad, donde organizan más y mejor el despliegue represivo.

El año pasado la represión sufrida por los pueblos originarios fue sistemática.
Tampoco se puede pasar por alto la represión de parte de las fuerzas de seguridad y mandadas desde el gobierno nacional durante toda la lucha de los docentes y petroleros en Santa Cruz.

Este año la represión a los cortes y manifestaciones antimineras fue una constante desde el principio. En febrero  la policía levantó el bloqueo selectivo de Belén (Catamarca) en la ruta 40 que, sostenido por más de 15 días y fueron detenidos alrededor de 35 manifestantes. Casi simultáneamente en Amaicha del Valle, Tucumán, decenas de manifestantes fueron corridos violentamente desde las 3 de la mañana, dejando así que pasen los camiones hacia la mina. La solidaridad de los vecinos permitió que los manifestantes encontraran rápido refugio en las casas. Unas horas después, en Tinogasta, Catamarca, la Infantería reprimió en la ruta 60. Desalojaron el corte, dispararon balas de goma, gases y largaron a los perros, con el saldo de 12 manifestantes heridos. Uno de ellos tuvo que ser internado con 20 impactos de balas de goma.


Para conocer más hechos de represión a manifestaciones (una lista mucho más extensa) buscar en http://www.correpi.lahaine.org/