Cómo llegamos al juicio

Comunicados y notas de CORREPI desde el asesinato de Mariano Ferreyra hasta el juicio:


20 de octubre de 2010 -Comunicado






Mariano Ferreyra, asesinado por la

represión “tercerizada” del gobierno de los Kirchner






Las balas de la patota de la Unión Ferroviaria se descargaron sobre los trabajadores ferroviarios tercerizados, movilizados en reclamo por su reincorporación, mientras la policía liberaba la zona para que la fuerza de choque de la burocracia sindical operara con total seguridad, y con las espaldas bien cubiertas. Varios compañeros resultaron heridos. Mariano Ferreyra, estudiante de 23 años del CBC de Avellaneda y militante del Partido Obrero, recibió un disparo en el abdomen que causó su muerte. Otro proyectil impactó en la nuca de Elsa Rodríguez, de 56 años de edad, también militante del PO. La compañera, en gravísimo estado, lucha por su vida en el Hospital Argerich.


Así como los empresarios usan la tercerización del trabajo para profundizar la explotación, el gobierno terceriza la represión, para hacerla más eficaz y con menos costo político que cuando directamente manda sus policías y gendarmes.


Desde 2003, hemos visto con frecuencia creciente cómo el gobierno peronista de los Kirchner delega la represión en patotas de la burocracia sindical para amedrentar a los trabajadores. Como con los docentes, los estudiantes, los trabajadores del subte, del hospital Francés y del Garrahan, por poner unos pocos ejemplos, esta modalidad represiva permite al gobierno “lavarse las manos”, porque no es el aparato represivo formal el que ataca a los trabajadores, y también sirve para deslegitimar las luchas, con el aporte de los medios que titulan “interna entre gremios”. Así, con la intervención mancomunada de las empresas, la burocracia sindical y el gobierno, siguen queriendo disciplinar a los trabajadores organizados.


Con el asesinato de Mariano, suman siete los muertos por la represión en marchas o manifestaciones durante el gobierno de los Kirchner. Mariano Ferreyra suma su nombre a la lista que se iniciara en Jujuy, durante una movilización contra la tortura, con Luis Cuéllar, en 2003, y que continuó con Carlos Fuentealba (docente, Neuquén, 2007); Juan Carlos Erazo (trabajador del ajo, Mendoza, 2008), Facundo Vargas (Talar de Pacheco, 2010), Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (Bariloche, 2010), los tres últimos en manifestaciones contra el gatillo fácil policial.


Es el mismo gobierno que encausa y encarcela luchadores, sin olvidar que, con otra variante represiva, la que se descarga de modo preventivo sobre la clase trabajadora no organizada, nos mata un joven por día, a través del gatillo fácil y la tortura.


CORREPI convoca a movilizarnos en repudio de este nuevo asesinato, marchando desde Corrientes y Callao a Plaza de Mayo mañana a las 17:00.


¡CONTRA LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!














29 de octubre de 2010 – En Boletín informativo n° 581






LA TRIPLE ALIANZA ANTIOBRERA NOS GOLPEÓ DE NUEVO


Todos sabemos lo que pasó: Las balas de la patota de la Unión Ferroviaria se descargaron sobre los trabajadores tercerizados y los militantes que los acompañaban en su reclamo. La fuerza de choque de la burocracia sindical operó con las espaldas bien cubiertas por la policía. Mataron a Mariano Ferreyra e hirieron a Elsa Rodríguez, que sigue luchando por su vida, y a otros dos compañeros.


Los trabajadores ferroviarios vienen denunciando hace rato el perverso mecanismo de la tercerización, que permite a los empresarios profundizar la explotación e incrementar sus ganancias. Del mismo modo, el socio de los empresarios, el gobierno, terceriza la represión usando a su otra socia, la burocracia sindical, para ser más eficaz que cuando, directamente, manda sus policías y gendarmes.


Esta suerte de “privatización” de la represión no es cosa nueva. A fines del siglo XIX, durante la Crisis del 90, los punteros del partido conservador usaban a los “pitucos” o “cajetillas” para intimidar a los obreros que intentaban asomarse a la vida política. Durante la Semana Trágica de 1919, a la represión policial se sumó la Liga Patriótica Argentina, una fuerza de choque dirigida por la elite conservadora, que se dedicaba a atacar sindicatos, agrupaciones de izquierda y anarquistas, y de paso, también a los judíos. Después del golpe de estado del 30, apareció en escena la Legión Cívica Argentina, una banda paramilitar alentada por el gobierno del general Uriburu, siempre con el objetivo de vigilar y reprimir el accionar de los trabajadores.


Más cerca en el tiempo, tuvimos la “Triple A” del gobierno peronista de 1974/75. Después del ’76, muchos de sus miembros se diluyeron en los grupos de tareas que ejecutaron la política de exterminio de la dictadura.


Hoy vemos actuar a diario a las patotas del siglo XXI. Como las del pasado, están al servicio del partido gobernante, contra los trabajadores organizados, los estudiantes y los militantes de izquierda. El PJ, legatario del viejo tronco conservador en su rol de defensor de los intereses de la burguesía, siempre se ha caracterizado por disputar la calle a través de la violencia, con grupos de choque sindicales, vinculados a barras bravas de clubes de fútbol que dirigen sus propios punteros, o prestados por otras organizaciones, integradas a su amplio concepto de movimiento.


Durante el gobierno de Duhalde era constante el ataque de patotas a las asambleas barriales, como en Merlo, bajo la dirección de Otacehé, o en Santa Cruz, donde el gobernador era Kirchner. La patota de Barrios de Pie y otros nucleados en Libres del Sur apalearon desocupados y trabajadores no kirchneristas más de una vez, como el 9 de julio de 2004 en Tucumán. Los jóvenes de la FUBA fueron atacados por la patota de APUBA, liderada a cara descubierta por el kirchnerista Anró. En Neuquén, la patota de la UOCRA “liberó” la ruta cortada por los docentes frente una planta de Repsol-YPF, y en el Garrahan, la del gremio municipal protegió al ministro Ginés González García de la bronca de los trabajadores. ¿Se acuerdan de Sergio “La Tuta” Mohamad, hombre de Alberto Fernández y dirigente del PJ porteño, rompiéndole la cabeza a los trabajadores y a los periodistas en el Hospital Francés?.


La ecuación del gobierno es simple: si los que atacan, pegan y, como esta vez, matan, no llevan uniforme, siempre se puede recurrir a las tesis del desborde individual o del grupo de inadaptados. La “tercerización” de la función represiva permite que se laven las manos frente a ataques organizados y dirigidos desde los despachos oficiales, pero en los que no interviene su aparato armado oficial. Hasta pueden darse el lujo de exigir “esclarecimiento, juicio y castigo”, si la patota comete el error de dejarse filmar a cara descubierta. Ya vimos el desparpajo de los Kirchner, clamando para que se identifique a los autores materiales e intelectuales, o diciendo que la oposición quería tirarle un muerto, o que la izquierda necesitaba un mártir…


Pero tercerizar la represión también sirve para otra cosa. Con el imprescindible aporte de los medios, sirve para deslegitimar las luchas. Todos, kirchneristas o antikirchneristas, se apuraron a titular “interna entre gremios” o “enfrentamiento de fracciones sindicales”, como si ellos y nosotros fuéramos dos partes de lo mismo. A coro con la presidenta, cuestionan la “violencia”, la de la patota asesina, y la del piquete, el corte de vías, la capucha o el palo de autodefensa… como si no estuviera bien claro por qué y de quién tenemos que defendernos.


Con el asesinato de Mariano, ya son siete los muertos por la represión en marchas o manifestaciones durante el gobierno de los Kirchner. Mariano Ferreyra suma su nombre a la lista que se inició en 2003 en Jujuy, durante una movilización contra la tortura, con Luis Cuéllar, y que continuó con Carlos Fuentealba, el docente de Neuquén, en 2007; que siguió con Juan Carlos Erazo, trabajador del ajo, en Mendoza, 2008, y tres muertos en manifestaciones contra el gatillo fácil policial en 2010: Facundo Vargas, en Talar de Pacheco, y Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche. No son menos asesinos los que hoy se llaman oposición, que gobernaron con el PJ de Menem, con el PJ de Duhalde y con la Alianza de los radicales, el Frepaso y demás “progres”, responsables, por turno, de que en esa lista ya estuvieran los nombres de Víctor Choque, de Teresa Rodríguez, de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes, de Aníbal Verón, Barrios y Santillán en Salta, del 20 de diciembre y del Puente Pueyrredón.


No nos olvidemos tampoco que este gobierno, que hoy habla de justicia, es el mismo gobierno que encausa y encarcela luchadores, y que, con otra variante represiva, la del gatillo fácil y la tortura contra la clase trabajadora no organizada, nos mata un joven por día.


La triple alianza antiobrera de los empresarios, el gobierno y la burocracia sindical, nos golpeó de nuevo. El mejor homenaje al compañero asesinado, el único que está a la altura de su entrega, es profundizar la organización para luchar contra la explotación, y contra la represión.














21 de noviembre de 2010- Discurso en el acto de Presentación del Archivo de casos 2010






REPRESIÓN PREVENTIVA


3.093 personas asesinadas por el estado en democracia, desde diciembre de 1983 hasta hoy.

Más de la mitad, 1.634, corresponden al gobierno de los Kirchner, que tanto gusta autoproclamarse como gobierno de los DDHH.

Y sólo en estos últimos 12 meses, tenemos 220 casos de muertes por el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores.

Esta es la política sistemática que denuncia CORREPI, la de la represión preventiva que nos mata casi un pibe por día.

Si no, qué son los casos de Chaco González, Matías Bárzola, Jonathan Aragón, Gastón Lezcano, Walter Robles y Leandro Pérez, todos asesinados por la misma policía de Fiorito en sólo 10 cuadras a la redonda.

O ¿qué son los casos de Checho Casal, Christopher Torres, Fernando “Pata” Díaz, Ramiro Castro, Ricardo Argañaraz, Cristian Vallejos, Miguel Da Silva y Luis Bolaños…. asesinados por la policía y la gendarmería en el partido de Moreno?.

Estos son los datos que dan sustento a lo que hace mucho denunciamos y el gobierno quiere ocultar: que el gatillo fácil y la tortura son política de estado. Una política destinada a disciplinar a los jóvenes y sobre todo a los pobres, que tienen mucho por qué pelear.

Que la tortura es tortura, en dictadura y en democracia. Si no, ¿qué son los muertos a golpes, picana o bolsita en las comisarías y las cárceles, como Walter Bulacio, Maxi Miño, Sergio Durán, Fito Ríos, Diego Gallardo o Fabián Gorosito?.

Que no es un policía, que es toda la institución. Porque actúan de la misma manera en todos lados: en el conurbano bonaerense, es tan asesina la policía del municipio de Hurlingham, gobernado por el PJ, como la de la ciudad de Buenos Aires, con Macri, y la de Morón, donde gobierna el “progre” Sabatella; son parejos los índices de gatillo fácil y muerte en la tortura en Rosario, gobernada por el partido socialista, y en San Martín donde gobierna un partido vecinal. O en la ciudad de Córdoba, con su gobierno del Frente Cívico y Social, y en La Matanza o La Plata, del Frente para la Victoria.

Desde Jujuy a Tierra del Fuego se mata y se tortura y lo hacen tanto las policías federal, provinciales, municipales, la gendarmería, la metropolitana como también las agencias de seguridad privadas, que no es casual, están integradas por ex miembros de las fuerzas de seguridad.

No hay cursito de DDHH que alcance para contrarrestar lo que ES UNA POLÍTICA DE ESTADO. Nos quieren hacer creer que de lo que se trata es educar más y mejor a las nuevas camadas de las fuerzas desterrando los lastres de la dictadura.

Pero esta tesis se derrumba cada vez que escuchamos noticias como el fenomenal entrenamiento en la tortura a los cadetes de la Escuela Ramón Falcón, hace dos años, o en la Vucetich, hace apenas unos meses.

No podemos pensar que a los jueces y a los fiscales les queden cursos por hacer. Sin embargo, a la hora de dictar sentencias, tienen los mismos criterios que los “brutos” policías asesinos y torturadores. Por eso los resultados de los juicios, cuando no los suspenden, siempre son los mismos: la absolución, el cumplimiento de tareas comunitarias o como mucho, la condena en suspenso, o, a lo sumo, alguna pena livianita que purgarán en casa y gozando de todos los privilegios.

En cambio, cualquier pibe morocho y “con pinta de sospechoso” puede ser levantado por un patrullero en una esquina, ser llevado a una comisaría y ser golpeado o torturado hasta la muerte. O también puede ser encarcelado por las dudas, por tener cara de delincuente y comerse 4 ó 5 años en cana esperando el juicio. Más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, porque no han sido juzgados ni condenados.

O le pueden meter un tiro en la espalda sólo porque sí, como a Rodrigo Corzo, a Jonathan Mansilla o Romina Lemos; o en la nuca, como a Marcelo Bogado y a Mauro Vega. Total, siempre va a haber un juez que diga que fue un accidente.

Esto también es parte de la política del estado, que jueces y fiscales condenen a los pibes por portación de cara y defiendan a las fuerzas represivas. A ellas les garantizan la impunidad para seguir cumpliendo con su deber, ser los perros guardianes de los ricos y garantizar el disciplinamiento social de los pobres. ESTA es la justicia independiente de la que tanto habla el gobierno.

Pero esta política no puede ser aplicada sin consenso. La habilidad de este gobierno está en reprimir todo lo que necesite, pero con el mayor consenso posible. Para eso la autoproclamación de ser el gobierno de los DDHH, enjuiciando a los genocidas de la dictadura que hoy ya no les prestan ningún servicio. Para eso la cooptación de muchos organismos que antes fueron referentes de la lucha antirrepresiva y hoy comparan a los Kirchner con los compañeros desaparecidos y hacen punta de lanza en la campaña Cristina 2011. Para eso la creación de una secretaría de DDHH que hace museos, descuelga cuadritos y manda a los punteros en los barrios a ofrecer chapas y plata para comprar la dignidad de nuestros familiares que pierden a sus hijos asesinados por la policía.

Para el consenso cuentan con la colaboración de los grandes medios de comunicación que instalan el discurso de la inseguridad, de la necesidad de mano dura y más policía en la calle. Y ocultan las muertes diarias que se suceden a lo largo y ancho del país por el gatillo fácil y la tortura.

Este es el gobierno de los DDHH. Y sí, de los DDHH de los que gobiernan, de los empresarios y de quienes los protegen: las fuerzas represivas estatales y paraestatales.

Porque en un estado dividido en dos clases antagónicas, no hay intereses comunes, como no puede haber defensa de los DDHH para todos.

Esta represión, la que está velada, la que se cobra una vida diaria en los sectores más golpeados del pueblo, es lo que nosotros llamamos “REPRESIÓN PREVENTIVA”. Es la represión que el estado ejerce sobre el pueblo, a diario, como forma de disciplinamiento. Es la impunidad garantizada por los jueces y fiscales para que las fuerzas represivas actúen en los barrios en forma sistemática persiguiendo, torturando y matando. Así marcan a fuego el destino de los sectores más explotados, enseñando con el palo y la bala que la vida sólo vale para aquellos que la explotan.

Esta es la naturaleza de las cosas, como decimos siempre y no tenemos ninguna expectativa de que el cambio provenga del estado ni sus instituciones.

Estamos seguros de que sólo depende de nuestra organización y nuestra lucha enfrentar a este estado represor y terminar con las muertes de nuestros pibes.

No queremos nada de este estado asesino y represor. Y les decimos que ante cada hecho represivo, ante cada gatillo, ante cada pibe torturado estaremos en la calle, cada vez más dispuestos dar la pelea y enfrentar la represión.

TODOS LOS PIBES ASESINADOS POR EL GATILLO FACIL Y LA TORTURA PRESENTES


REPRESIÓN SELECTIVA


La represión “preventiva” no siempre logra su objetivo disciplinador, para impedir la toma de conciencia y la organización popular. A pesar del gatillo fácil y la tortura, a pesar de las detenciones arbitrarias y el constante hostigamiento policial en los barrios, los trabajadores, en especial los más jóvenes, más temprano que tarde, ven que deben organizarse para luchar por una forma diferente de vida.

Por eso, la persecución de luchadores y militantes sociales y políticos, de los que contribuyen a la lucha organizada del pueblo, es una constante para cualquier gobierno que administre una sociedad con ricos y pobres. No es éste una excepción.

Este año fuimos testigos y víctimas de un fuerte avance en la represión que llamamos “selectiva”, es decir, la que se descarga contra las organizaciones y militantes populares. Desde 1995, 56 compañeros fueron asesinados en movilizaciones populares, mostrando cuál es la respuesta de los gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo: Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, Francisco Escobar y Mauro Ojeda en la masacre de Corrientes en 1999, los 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008.

En este año 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: En enero, Facundo Vargas, de 17 años, fue fusilado por la policía que reprimió una marcha contra el gatillo fácil en Pacheco. En junio, pasó lo mismo en Bariloche, con Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, movilizados contra el fusilamiento de Diego Bonefoi, asesinados en la represión a la justa pueblada.

Y mañana se cumple un mes desde que Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado, no por el aparato represivo de uniforme, sino por la represión tercerizada de la patota. Una variante represiva que les permite lavarse las manos y mirar para otro lado, como si no supiéramos que, desde siempre, gobierno, empresario y burocracia sindical son las tres patas de la alianza antiobrera.

Este año, también, creció el número de compañeros perseguidos por la justicia, acusados de cometer delitos por luchar por mejores condiciones de vida. Tenemos también nuestros presos políticos, como el Negro Martino, encarcelado por denunciar el carácter terrorista del estado de Israel, y que ya está cumpliendo 9 días de huelga de hambre.

Siguen presos, también, el negro VILLALBA, con prisión domiciliaria, y KARINA LA GALLE GERMANO, a quien se le niegan sistemáticamente las salidas que por ley le corresponden.

Este año, fueron condenados a prisión Fernando ESTECHE y Boli LEZCANO, por el delito de haber salido a las calles a repudiar a uno de los responsables políticos del fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba. Mientras tanto, el gobernador SOBISCH que sigue gozando de su impunidad.

En cada conflicto, en cada reclamo, hemos tenido que enfrentar la represión.

Los estudiantes porteños salieron a la calle en solidaridad con los obreros de KRAFT, suficiente para que un fiscal pidiera que se condene a prisión a tres de sus referentes.

Cada corte, cada manifestación, origina una causa penal o contravencional contra algún compañero.

Los secundarios, seguidos por los terciarios y los universitarios, salieron a reclamar por su derecho a estudiar con dignidad, y a defender la educación pública. El aparato de medios se cansó de pedir que se los reprimiera. Ayer mismo terminaron las indagatorias a los 11 estudiantes que el 13 de octubre pasado, detenidos frente al palacio Pizzurno, después de ser golpeados y gaseados por la policía.

En Andalgalá, Catamarca, cinco mil vecinos salieron a la calle para oponerse al atentado al medio ambiente de la empresa minera, socia del gobierno nacional. Allá también, la represión copó el espacio pueblerino.

Los vecinos de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, salieron a la calle para exigir el saneamiento cloacal de su barrio. Una dirigente de la Asamblea Barrial está procesada por tamaño delito.

Y así sigue el panorama, a lo largo y ancho del país, todo un síntoma de que la lucha está vigente, y que la respuesta del estado es siempre la misma: REPRESION.

No se privan, tampoco, de actualizar sus herramientas legales para garantizar la represión de la protesta y de la militancia. Así lo vemos con las leyes antiterroristas, que completan un cuadro donde comulgan sin fisuras oficialistas y opositores. Unos y otros, llenándose la boca de democracia, no han hecho otra cosa que implementar los paquetes legislativos ordenados por el imperialismo, obedientes al diseño de una nueva etapa de la doctrina de la seguridad nacional, basada en la “gobernabilidad democrática con cooperación internacional”.

Como administrador de turno del estado, cada gobierno determina quién es su enemigo interior. Antes, fue el comunista subversivo. Hoy, persigue a quienes luchan por una sociedad distinta con el aggiornado mote de terroristas.

El populismo kirchnerista propuso y votó la ley 26.268, una más de las leyes “antiterroristas” que ya suman media docena desde 1983. Y es la oposición del peronismo no kirchnerista, los radicales, el partido socialista, el PRO y la Coalición Cívica la que promueve una nueva y más dura variante de ese arsenal antipopular.

El gobierno kirchnerista no vino a representar el espíritu rebelde de diciembre de 2001. Vino para enterrarlo.

Un recurso osado, ingenioso y por cierto bien redituable, fue la cooptación de organizaciones y referentes que, tiempo atrás, eran emblemas de la lucha por el juicio y castigo a los represores. Pero no de todo tiene la culpa el gobierno. Para que alguien sea cooptado, tiene que dejarse cooptar. Tiene que claudicar en la lucha y aceptar el convite.

Todavía hay quienes sostienen que hoy, en la Rosada, están los artífices de las políticas por las que dieron la vida los desaparecidos, y que entonces se impone acompañar, aplaudir, cuando no, sentir como propias las medidas de un gobierno que gobierna para las mineras, las petroleras, los laboratorios, las agroquímicas, y que, de tanto en tanto, simula tirar un hueso para este lado.

La defensa de los intereses que el gobierno lleva adelante, inevitablemente conduce a la reacción popular. Por más que quieran persuadirnos de que allí está el espíritu rebelde de los ‘70 nosotros decimos que es sólo gestualidad, bien lejos del compromiso con la lucha de los compañeros, que hicieron historia, mientras ellos hacían fortunas.

Es un gobierno que acomoda su discurso a los acontecimientos. Si la policía mata en Neuquén o Río Negro; o si la gendarmería reprime desocupados en Salta, regionaliza el discurso. Y envía a cada rincón del país un delegado de la Secretaría de DDHH para controlar a la víctima, modo progresista de tirar la piedra y esconder la mano.

Mientras la justicia firma y sella el procesamiento y el encarcelamiento de los que luchan, el gobierno diluye su responsabilidad detrás de una supuesta independencia de poderes que –sabemos muy bien- es puro cuento: los intereses de la burguesía se defienden coherentemente en la Rosada, en el Congreso y en los Tribunales, y sus resultados están a la vista: Presos políticos, más de 6.000 compañeros con causas penales, muertos en las calles.

Todo el cuadro represivo que describimos tiene el objeto expreso de disciplinar y tratar de acallar cualquier atisbo de reacción popular.

Desde CORREPI sostenemos que no hay plan alternativo posible mientras este orden social se mantenga. La lógica de ellos es la explotación y la represión, siempre que se pueda, claro, con consenso. Y cuando ya no se puede, como sea.

Nuestra lógica es la de la denuncia, la resistencia y la lucha, organizados, independientes del estado y de sus diferentes redes de complicidad. Consecuentes con los principios de una sociedad sin privilegios de clase.

Por eso los convocamos a organizarnos para pelear por la libertad de nuestros presos políticos, por el cierre de las causas a los que se organizan, por el juicio y castigo a los asesinos de nuestros compañeros asesinados por luchar.

MARIANO FERREYRA, ¡PRESENTE!

TODOS LOS CAIDOS POR LUCHAR, ¡PRESENTE!














1 de diciembre de 2010- En Boletín informativo n°586






CAUSA MARIANO FERREYRA: EL PROCESAMIENTO Y LAS “FOTOS” QUE FALTAN


Se decretaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen político de Mariano Ferreyra, todos ellos, como co-autores de los delitos de homicidio calificado (respecto de Mariano) y tres tentativas del mismo delito (en relación a los otros tres compañeros heridos, entre ellos Elsa Rodríguez, todavía luchando por su vida).


El fallo reconoce que cada uno de los involucrados cumplió una función específica, sin las cual no se hubiera podido cumplir el plan completo, acordado por todos con anterioridad. Ese plan criminal incluía, como ocurrió, la aceptación de todos de los resultados, como lo fueron el asesinato de Mariano y las graves heridas a los demás compañeros. En la decisión judicial hay una descripción detallada, como una “foto” de cada uno y de su respectivo accionar.


CORREPI, patrocinante de parte de los querellantes en la causa, sostuvo siempre esa autoría plural: ni cómplices ni partícipes, todos homicidas, todos asesinos que se inscriben en la larga y ominosa lista de los verdugos del pueblo. Pero también venimos sosteniendo que esa calificación debe abarcar a los que, desde los escritorios de burócratas sindicales, desde los celulares de empresarios socios del gobierno y desde los despachos oficiales de ese mismo gobierno, alentaron, facilitaron y organizaron el crimen.


En la misma causa, en el mismo fallo, está ya probado que los empresarios reunidos en la UGOFE tramitaron los celulares con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo. No ha sido citado (ni siquiera individualizado) ninguno de esos empresarios.


Lo mismo sucede con la policía federal, que prestó más que una “inestimable” colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Sólo se ha dispuesto la formación de una causa paralela, por fuera de la causa de homicidio, solamente para analizar si la policía cumplió o no sus funciones de prevención.


Es ineludible la responsabilidad de Pedraza y de cuanto burócrata ferroviario lo rodea. Al secretario general de la Unión Ferroviaria se le pidió la indagatoria, a regañadientes, cuando una de sus principales intervenciones fue la de avisar al más alto funcionario gubernamental en materia de Transporte que los compañeros iban a realizar una medida en reclamo de sus derechos.


Está probado, incluso con los parámetros judiciales, que el accionar del empresariado, los burócratas y funcionarios del gobierno formó parte insoslayable del todo criminal. El prontuario de la triple alianza antiobrera, por ahora, no registra todas sus fotos en la causa.














7 de diciembre de 2010-En Boletín informativo n° 587






TODO QUEDA ENTRE AMIGOS


Los defensores de los siete integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria que asesinó a Mariano Ferreyra el pasado 20 de octubre, apelaron su procesamiento, que incluye el homicidio del joven militante del PO, la tentativa de asesinar a los demás heridos, como Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, y las amenazas coactivas a los periodistas que estaban en el lugar.





Resultó sorteada para decidir el asunto la sala I de la Cámara de Apelaciones, que fijó la audiencia del 21 de diciembre, a las 9, para que las partes expongan sus argumentos, las defensas, en contra, y las querellas, a favor del procesamiento. Por descontado que, ese día, todos deberemos movilizarnos al edificio de Viamonte y Libertad, para exigir juicio y castigo a los culpables (que, como ya sabemos, no son sólo los siete procesados y detenidos).


Pero, como pequeña muestra de que, cuando se trata de burocracia sindical, gobierno, policía, es decir, de los enemigos del pueblo, todo queda entre amigos, uno de los camaristas, el juez Bruzzone, notificó a sus pares que tiene “amistad íntima” con Patricia Pedraza, que no es otra que la hija del burócrata en jefe de la UF , José Pedraza.


El camarista explica en su presentación que la relación comenzó hace diez años, cuando la hija de Pedraza “desempeñó una labor inestimable” como secretaria de redacción de la revista de artes visuales “Ramona”, de la Fundación Start , de la que el juez Bruzzone era fundador y editor. Y dice el juez que el burócrata hizo “pequeñas donaciones” para apoyar el proyecto del que era parte su hija, y que sólo lo vio unas tres veces. Aunque Patricia Pedraza ocupa ahora “un cargo de importancia en otra institución, mi relación de afecto, aunque a la distancia, se mantiene”, afirma más adelante.


Como para emparejar las cosas, también afirma el Sr. Camarista que tiene parentesco con afiliados, militantes y simpatizantes del Partido Obrero, aunque, en este caso, no habla de afectos, amistad íntima ni cosa parecida que deba preocupar a Pedraza.














27 de diciembre de 2010- En Boletín informativo n°590






CÁRCEL A LOS ASESINOS DE MARIANO FERREYRA


En las semanas posteriores al asesinato de Mariano Ferreyra, tanto los funcionarios judiciales como los del poder ejecutivo se llenaron la boca hablando de “investigar hasta las últimas consecuencias”. Tanto autobombo hicieron, que Garré nombró a la fiscal Caamaño como su segunda al mando. Un claro premio por el esfuerzo para desvincular a la policía y por el poco interés en avanzar sobre los jefes de la Unión Ferroviaria y la secretaría de Transportes.


Aunque en los medios circuló la noticia de que Pedraza y “El Gallego” Fernández serían indagados por su participación como eslabones en la cadena de mandos del plan criminal que terminó con el ataque a los trabajadores, la muerte de Mariano y los heridos, ninguno fue citado hasta hoy.


Bien presos están, es verdad, lo siete integrantes de la patota que participaron del plan común contra los ferroviarios tercerizados, pero casi nada se ha avanzado con la policía, los jefes de la burocracia sindical, la secretaría de transportes, todos ellos en permanente contacto telefónico antes, durante y después del ataque. Todos y cada uno forman parte de la represión que se llevó la vida de un compañero y puso en riesgo la de tantos otros.


Por nuestra parte, seguiremos exigiendo juicio y castigo, a la espera, en estos días, de que la cámara de apelaciones confirme la prisión preventiva de los detenidos, cuyos abogados no tuvieron empacho en “confesar” durante la audiencia del pasado martes 21. Dos de los carísimos letrados de los patoteros asesinos, casi con las mismas palabras, quisieron justificar la conducta de sus defendidos: “Cumplieron un deber al evitar el corte de vías”, dijeron. Claro, su deber hacia la empresa, el gobierno y la burocracia sindical.














13 de enero de 2011- En Boletín informativo n° 592






CUANDO EL DERECHO DE HUELGA ES “EXTORSIÓN”.


El juez federal de Quilmes Luis Armella dictó esta semana el procesamiento de cuatro militantes por la medida de fuerza llevada adelante por los trabajadores tercerizados de la línea Roca el 23 de diciembre pasado. Los compañeros procesados son Jorge Hospital y Omar Merino (trabajadores ferroviarios de planta permanente, militantes del PO y de la agrupación Causa Ferroviaria), Eduardo Belliboni (dirigente del Polo Obrero-PO) y Miguel Morales (trabajador tercerizado despedido, militante de Causa Ferroviaria).


Los cuatro fueron individualizados a partir de videos y fotos policiales del corte de vías y de las cintas de las cámaras de seguridad del ministerio de Trabajo, al que algunos de ellos concurrieron, con otros compañeros, para discutir la reincorporación de despedidos y el pase a planta permanente. Pero lo que se advierte a poco de leer el expediente es que fueron seleccionados y señalados por policías federales de la División Roca , a cuyo testimonio dio, el juez federal, valor probatorio excluyente.


Así, el único fundamento del procesamiento, que resulta particularmente grave porque además de la interrupción del servicio ferroviario se imputa el delito de extorsión, es que la palabra de los policías comandados por el comisario Jorge Raúl Ferreyra.


Y aquí se aclara el motivo real del procesamiento: el mencionado comisario, así como sus subordinados, el subcomisario Claudio R. Premuda y los oficiales Omar Póvolo, Carlos Dante Farías y Gastón Marcelo Domecq, son los mismos policías de la División Roca que participaron, el 20 de octubre de 2010, del ataque de la patota de la Unión Ferroviaria que terminó con el homicidio del compañero Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio de otros manifestantes.


Todos ellos han sido formalmente acusados por la querella que representa a Nelson Aguirre, Elsa Rodríguez y otros heridos, militantes, como ellos, del PO, de haber tenido un rol principal en el plan criminal concertado ese día junto a la burocracia sindical y la empresa con el objetivo de “aleccionar” a los trabajadores y organizaciones que se manifestaban en reclamo de la reincorporación y el pase a planta. Para la fiscalía que investigar el accionar policial el 20 de octubre, Ferreyra y sus secuaces, junto a otros policías de otras reparticiones, no se limitaron a colaborar en el estadío previo al ataque, “sino que posteriormente facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho cometido”.


Apoyado en los dichos de esos policías, cuya responsabilidad ha sido probada en la causa Ferreyra, entre otros muchos testimonios, con los de los compañeros Hospital, Merino y Belliboni, el juez Armella concluyó que, como las vías se cortaron para reclamar que el gobierno y la empresa cumplan los compromisos de reincorporar a los despedidos y pasar a planta a los tercerizados, se cometió el delito de extorsión, “al obligar a otro, bajo intimidación, a hacer algo contra su voluntad”. ¡Como si alguna conquista obrera se lograra con el concurso voluntario de la patronal y el gobierno de turno!


Este procesamiento –que ya ha sido apelado por la defensa de los compañeros- blanquea por boca del juez federal el credo capitalista: el reclamo de un trabajador por mejorar sus condiciones laborales, el derecho de huelga mismo, constituye el delito de extorsión. Y todo queda en familia, con los mismos participantes de la causa por el asesinato de Mariano: La empresa UGOFE y la secretaría de transportes son los denunciantes; los policías los “investigadores” y testigos; el juez el legitimador, y los compañeros de Mariano y Elsa, los procesados.










3 de marzo de 2011-En Boletín informativo n°597






NO ES EL TREN DE LA ALEGRÍA, PERO ES ALGO


Ver salir a Pedraza esposado de su “humilde casa” de u$s 900.000 en Puerto Madero fue un buen despertar del martes, pero eso sólo no es justicia. La detención e indagatoria por su participación como organizador, junto al “Gallego” Fernández y Gustavo Arcorcel, del homicidio calificado de Mariano Ferreira y las tentativas de homicidio del resto de los tercerizados y quienes se solidarizaron con ellos, no nos hace olvidar que la misma jueza que lo encarcela es la que se niega a llamar a los directivos de UGOFE, gerenciadores del FFCC Roca, para que expliquen por qué, el 20 de octubre pasado, dieron permiso para salir libremente a los miembros de la patota de sus puestos de trabajo; la misma que no cita a los funcionarios de la Secretarí ­a de Transporte para que expliquen cómo funcionan las tercerizadas, por qué se permiten, a quién pertenecen, cuánto decide el gobierno en todo esto, y, por último, la misma jueza que, en vez de incluir en la misma causa a la policí­a que liberó la zona y garantizó la impunidad de los ejecutores, nos distrae con una causa paralela.


Esta justicia tiene en su poder, desde hace dos meses, los mismos elementos que ahora la llevan a detener a Pedraza, a Fernández y a Alcorcel. Fue la movilización en la calle, los cortes de ví­a, la denuncia permantne, lo que los metió presos.


En este juicio no sólo se están poniendo a luz a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano. Pedraza, aparte de ser el organizador del plan criminal, que culminó con el asesinato y las heridas de Elsa Rodrí­guez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, está vinculado a la tercerizadora ferroviaria, disfrazada de Cooperativa, “Unión del Mercosur” que según los listados en manos de la jueza incluirí­an, para ingresar prontamente, a los miembros de la patota de Barracas que no son ferroviarios.


Y así, hay un doble aspecto para pensar las razones del ataque. Por un lado, mantener el gremio con rienda corta y dar una “buena lección” a los trabajadores tercerizados que se vienen organizando desde hace más de dos años, y a las organizaciones que los apoyan. Por el otro, frenar la lucha para no efectivizar a nadie y mantener así­ el negocio de las tercerizadas, las que cobran por contrato o tarea, una suma negociada entre la UF , UGOFE y la Secretarí ­a de Transporte, y luego pagan a sus trabajadores cifras miserables quedándose con la diferencia o con las coimas que les pasan los “otros” dueños de las tercerizadas.


Pedraza, abandonado por la CGT -ocupada en negocios “menos sucios” y más redituables como los del “Momo” Venegas, Zanola y otros con los medicamentos truchos que los pueden salpicar a todos- también está investigado por escuchas telefónicas ordenadas por la jueza luego de las primeras siete detenciones, cuando se habrí­a intentado sobornar a un miembro de la Cámara de Casación Penal para que los libere. Esto, más el intento de estropear la bala que asesinó a Mariano por parte del perito de parte de Uño, boletero ferroviario y uno de los imputados de la patota, complica más al grupo de asesinos y matones y empieza a mostrar la soledad y desesperación en que están entrando los Pedraza.


La pelea por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra no terminó, y falta la parte más difí­cil, que es no permitir que se retroceda y avanzar sobre la burocracia de la Unión Ferroviaria , la empresa privatizada y sobre el gobierno, socios los trea, en las alturas de la corruptela capitalista.


En el Roca, los más de 1.600 compañeros tomados efectivos a partir de la organización de los tercerizados, lucha dolorosamente potenciada con el asesinato de Mariano, deben convertirse en la punta de lanza, junto a los cuerpos de delegados opositores de los ferrocarriles Sarmiento y Belgrano Norte y activistas y delegados antiburocráticos de las demás lí­neas, para barrer lo que queda, pudriéndose, de Pedraza en el ferrocarril.


Como dijo nuestra compañera Marí­a del Carmen Verdú, en nombre de Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez en la audiencia ante la Cámara Criminal , refiriéndose a los detenidos: “Son todos los que están, pero no están todos los que son”. Faltan la UGOFE , la Policí­a, y la Secretarí­a de Transporte y el resto del gobierno. Vamos por todo, y por todos.














8 de marzo de 2011-En Boletín informativo n°598






A LOS GOLPES CON LA BALA


En la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra, y los demás compañeros heridos por manifestarse, se generó una noticia un tanto inusual, no porque no suela suceder, sino porque trascendió. Un perito de parte de la defensa, Roberto Locles, pidió ver el proyectil extraído del cuerpo de Mariano y cuando se lo dieron empezó a golpearlo, con el fin de deformarlo para sostener su tesis de un “rebote”.


Señor lector, imagínese a un “profesional” dentro de una dependencia de gendarmería, con cámaras y seguridad por todos lados, pegándole a la bala contra la mesa y tirándola contra las paredes, un bochorno… que debió estar muy bien pago.


En la primera oración decíamos “una noticia un tanto inusual” porque trascendió, porque no pocas veces, en nuestra militancia, hemos encontrado casos de gatillo fácil donde se roban las balas o las armas de las fiscalías, las actas aparecen borradas, tachadas o también se extravían. Desde la masacre de Budge, donde se robaron las armas de la caja fuerte del juzgado, hasta ayer nomás, en el caso Torres, donde también hubo un oportuno robo de efectos en la fiscalía de Moreno, o el caso Salcedo, en el que no sabemos si vamos a poder llegar al juicio, porque se robaron el proyectil recuperado en la autopsia…


Policías acusados de homicidio que se los asciende y premia, prueba que desaparece, peritos mercenarios de las defensas policiales que arriesgan todo para destruir evidencias… ¿Será que la justicia mira por debajo de las vendas? ¿O también se la robaron? En los tribunales de Mercedes, sobre la cúpula, se puede ver a una señora justicia con sus ojos descubiertos, sin venda. ¿Error o confesión?














15 de marzo de 2011-En Boletín informativo n°599






PEDRAZA MATA POR SUS NEGOCIOS


La jueza Wilma López procesó a José Pedraza, al “Gallego” Fernández y a Gustavo Alcorcel por el crimen de Mariano Ferreyra. Una decisión judicial, como decíamos cuando lo detuvieron, que se caía de madura, porque las pruebas en su contra estaban ahí, para el que quisiera ver, desde el primer minuto.


En la causa hemos tenido acceso a algunos datos interesantes que, además de consolidar la acusación contra el hombre fuerte de la Unión Ferroviaria y sus secuaces, muestran con enorme claridad cómo funciona ese pacto histórico contra la clase trabajadora que sostienen la burocracia sindical, los empresarios y los gobiernos.


Por ejemplo, la propia jueza describe en un párrafo de su resolución el “triunvirato de entidades de extracción empresaria y gremial ligadas a Pedraza: Belgrano Cargas S.A., la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Limitada y la Unión Ferroviaria.


Pedraza interviene en el Belgrano Cargas S.A. desde su constitución, en 1999. Su mujer, Graciela Coria, y Ángel Stafforini, el contador de la “Unión Ferroviaria”, son dos de los directores,


La gerenciadora del Belgrano Cargas es la “Sociedad Operadora de Emergencia S.A.” (SOESA), cuyo capital societario se reparte entre el grupo de Franco Macri, “Ferrovías”, del grupo Romero, y “Emepa” de Benito Roggio, y tres sindicatos: la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria.


La Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Ltda. es una de las empresas que aprovechan el mecanismo negrero de la tercerización en el ámbito ferroviario. La cuñada de Pedraza, Silvia Coria, es su tesorera. También trabaja ahí Maximiliano Pedraza, su sobrino. Y la cooperativa funciona en San José 583, piso 6°, un departamento a nombre de la mujer de Pedraza.


El resto del consejo de administración de la tercerizadora está integrado por el Secretario de Medios de Comunicación de la Unión Ferroviaria, el Secretario de Finanzas de la Unión Ferroviaria, el Secretario de emprendimientos laborales de la Unión Ferroviaria… y sigue la lista. Es más, muchas Asambleas Generales Ordinarias de la cooperativa, según la documentación secuestrada, se hacen directamente en la sede de la Unión Ferroviaria.


Pedraza también tiene intereses en otras cooperativas parecidas, como la de “Trabajo Unión Limitada” y la “Cooperativa Talleres de Mecánica Belgrano Limitada”.


Por eso la jueza López concluyó que “Pedraza no sólo se desempeña como un representante gremial, sino que en su figura convive el rol de empresario ferroviario. Ambas funciones, incompatibles entre sí, lo llevaron a que el día 20 de octubre del año 2010, determinara a un grupo de empleados ferroviarios (apoyados por una fuerza de choque externa) a “aleccionar a los tercerizados” para de esta forma conservar su poder político”. Habría que aclararle a la jueza, que esas funciones serían incompatibles si se tratara realmente de un representante gremial, pero confluyen sistemáticamente en burócratas como Pedraza, Moyano o cualquiera de su laya.


Y también hay datitos económicos que permiten entender la magnitud de los negocios de estos burócratas, en su alianza con las empresas y el estado, a costa de los trabajadores:


A UGOFE S.A. le ingresan mensualmente $66.000.000 de una partida del estado nacional para sus gastos. De esa fortuna, una parte sustancial va a las cooperativas de Pedraza y otras tercerizadoras. El estado, además, subsidia el sueldo de los empleados ferroviarios del Belgrano S.A.. A todo eso, súmele los más de $5.300.000 que entran por mes a la UF en concepto de aportes de los afiliados… ¿Es un dinero, no? ¿A quién le sorprende que no duden en matar para conservarlo?


Tampoco sorprende que usen esa fortuna para defenderse. Miren este diálogo entre Ángel Stafforini, Director de “Belgrano Cargas” y tesorero de la UF,y José Pedraza, grabado por orden de la jueza el 25 de enero de este año, a las 20:06, cundo hablaban del dinero necesario para coimear a un camarista: “Serán 75 o 50”, dijo el director/tesorero Stafforini, y hablaba de miles de dólares, claro. “Bueno, contestó Pedraza. “Si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después lo recuperamos. ..”.


Por eso, hasta una jueza de instrucción tuvo que concluir que “lo que subyace de la actitud instigadora de Pedraza y Fernández es perpetuar el poder hegemónico que vienen sosteniendo en forma constante desde hace tiempo”.


Un poder hegemónico que se sostiene sobre tres patas: el gobierno, las empresas y la burocracia sindical, y que sólo podrá ser enfrentado con éxito desde la organización independiente y clasista de los trabajadores.














7 de mayo de 2011- En Boletín informativo n° 606






CAUSA FERREYRA: BURÓCRATAS A JUICIO Y POLICÍAS INDAGADOS


Una vez más vemos como el estado se “auto regula”. En la causa de Mariano Ferreyra y las demás victimas de la represión de la patota kirchnerista de la Unión Ferroviaria , esta semana se resolvió, por una parte, pedir la elevación a juicio de la patota, Fernández y Pedraza. De Ugofe y la secretaría de transportes, ni hablar. Y, por la otra, se empezó a indagar a algunos de los policía, corresponsables del ataque, pero en una causa aparte, despegados del homicidio.


Así vemos cómo las diferentes instituciones del estado funcionan para garantizar impunidad, siempre que de represión se trate. “Son parte de un plan criminal que resultó con la muerte de un manifestante y varios heridos”, con ese argumento detuvieron y procesaron a los miembros de la UF. Sin embargo, en el caso de la policía, el aparato represor “oficial”, y aunque se trate claramente de uno de los eslabones necesarios para que se cumpliera el plan criminal que derivó en el asesinato, para la justicia “es una responsabilidad diferente”.


Se necesitaron allanamientos para obtener información que adrede la policía escondió. “Los allanamientos fueron exitosos” declaraba al inicio de la causa la actual secretaria de seguridad interior, Cristina Camaño. La única forma de que un allanamiento sea “positivo” es cuando uno encuentra lo que el otro escondía… En las comunicaciones entre los móviles, en los videos, documento irrefutable de la posición que tomó la policía durante los hechos, se pierde la hora donde se genera la muerte.


Esconder información referente al caso, borrar de las actas las conversaciones de los móviles, dejar a la patota actuar, así cuando se genere la muerte se pueden amparar en “una interna sindical” como salía en los medios y el gobierno así también puede seguir sosteniendo la mentira de que respeta los derechos humanos. Total, si a fin de cuentas son ellos mismos quienes “administran justicia” y garantizan la impunidad de los que necesiten…














24 de mayo de 2011-En Bolitín informativo n°609






PERFECCIONAN LA POLÍTICA REPRESIVA CONTRA LOS LUCHADORES


El autoproclamado gobierno de los derechos humanos continúa con su política de reprimir con el mayor consenso posible. El 29 de marzo de este año se reunió el Consejo de Seguridad Interior (CSI), que agrupa a todos los ministros del país, de los que dependen las fuerzas de seguridad provinciales, a fin de implementar una política común para reprimir la protesta social.


Teniendo en cuenta que estamos en épocas electorales es lógico que busquen la mejor manera de hacerlo con el menor costo político posible. Por ello esta última semana hasta se cuidaron de hablar de represión y utilizaron eufemismos del tipo “control de la protesta social”, o “control inteligente de la protesta” para “evitar cualquier tipo de desborde”.


El plan consiste básicamente en tratar de cooptar la eventual protesta y, si no se logra, ahí sí aplicar la represión. Recaerá sobre aquellos que salgan a luchar en forma independiente. Ese es el significado que debe darse a declaraciones que indican que el procedimiento represivo consistirá en determinar cuál es el conflicto, quiénes son los actores principales y detectar a los “potenciales actores desestabilizadores”. Es decir, se hará inteligencia y, si no se los puede cooptar se los reprimirá. Se señala además que habrá un grupo especial listo para entrar en acción “como último recurso”.


Así, quienes se organicen y salgan a luchar por mejores condiciones de vida en forma independiente del gobierno deberán esperar el intento de cooptación, la saturación de fuerzas de seguridad en el lugar de la movilización y la actuación de grupos de élite especializados en la represión de la protesta.


Esta decisión política será coronada luego con el armado de causas a los luchadores apelando a artilugios legales que transformarán al ejercicio de derechos básicos, como luchar por mejores condiciones de vida, en delitos con penas durísimas.


Actualmente CORREPI defiende a tres compañeros militantes del PTS acusados de cortar dos avenidas durante el conflicto de Kraft-Terrabusi. El dato es la forma en que seleccionaron a los compañeros imputados: buscaron caras conocidas en las fotos y videos policiales y las compararon con fotos de otros actos y de las páginas web de las organizaciones políticas. Así, ubicaron a los compañeros Juan Oribe, Jesica Calcagno y Patricio del Corro y les achacaron ser los “responsables” de los cortes. El 2 de agosto es el juicio oral.


Este 24 de mayo los compañeros Pedro Kuperman y Rubén Saboulard van a juicio por dos movilizaciones efectuadas en noviembre y diciembre de 2009. Los policías los identificaron por ser quienes habitualmente hablan con ellos para avisar por dónde van a ir. Nuevamente, puede verse el procedimiento que realiza el estado para castigar a quienes osan organizarse y luchar.


En todos los casos los jueces y fiscales intentan utilizar las figuras penales más graves, es decir, las que contienen una pena mayor.


Es lo que ocurre con los compañeros Hospital, Merino, (militantes de Causa Ferroviaria y del PO), Morales (militante de Causa Ferroviaria) y Belliboni (militante del PO) quienes fueron acusados por extorsión, que contiene una pena de hasta diez años de prisión, por las protestas ocurridas el 23 de diciembre de 2010 en la estación Constitución, donde no estaban los compañeros. Los identificaron con tareas de inteligencia de la policía (División Roca), por fotos y videos y seguimiento y vigilancia en las casas. Los mismos policías que hicieron esas tareas están imputados como co-responsables del plan criminal que terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.


El 2 de marzo de este año, doce trabajadores ambulantes y dos militantes de la TPR fueron detenidos durante una movilización cerca de la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca. Reclamaban el pase a planta permanente de los vendedores. El juez federal Armella, de Quilmes, el mismo que interviene en la persecución de Hospital, Merino, Morales y Belliboni, también los acusó del delito de extorsión, además de interrupción del servicio ferroviario, del tránsito, lesiones y resistencia a la autoridad. La causa fue iniciada por un gerente de UGOFE y como testigos están ofrecidos los mismos policías que están imputados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.


Para estos jueces, fiscales y empresarios, es extorsión reclamar por un derecho.


Otro compañero, el “Neno” Abella, de la agrupación gremial ferroviaria “4 de Octubre” fue acusado y se lo llevará a juicio, entre el 8 y el 10 de junio, por realizar pintadas en la estación Constitución el día posterior al asesinato de Mariano Ferreyra. Se le imputa el delito de daños y, concretamente, pintadas de organizaciones a las que no pertenece. Lo acusa el mismo gerente de UGOFE que persigue a los vendedores ambulantes, a Hospital, Merino, Morales y Belliboni y declaran contra el compañero los mismos policías cómplices del asesinato de Mariano.


Esos ejemplos concretos muestran que la supuesta nueva política de “control inteligente de la protesta social” es nada más que un eufemismo para decir que continuarán perfeccionando la política represiva sobre los luchadores, política que tiene como protagonistas y socios al gobierno, a los empresarios, a la burocracia sindical, a la policía y a los jueces y fiscales.














5 de julio de 2011 - Comunicado






Juicio contra trabajador ferroviario por escribir “Pedraza asesino”


Movilización a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires por la absolución del “Neno” Abella


Jueves 9 de junio, a las 11:00


Comienza el juicio contra “Neno” Daniel José Abella. Ese día movilizaremos al Juzgado Nº 18 (Tacuarí 138) para pedir la absolución del trabajador ferroviario. El juicio continuará el viernes 10 a las 11:00 y el viernes 17 a las 12:00.


El compañero Abella es trabajador del ferrocarril Roca y pertenece a la Agrupación Ferroviaria 4 de Octubre. La empresa que lo explota, UGOFE, le inició una causa penal por “daños”. Lo acusa de haber hecho pintadas en el hall de Constitución el 21 de octubre del año pasado, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra.


El objetivo de la empresa era que el trabajador se disculpe. Abella rechazó la mediación, el abreviado y la “probation”. Ante la sorpresa del fiscal de “para qué arriesgarse a una condena si se puede solucionar con unas horas de trabajo comunitario”, el militante ferroviario le respondió: “Por una cuestión de principios, no puedo pedir disculpas ni hacer nada que se le parezca por haber escrito Pedraza Asesino, cuando el día anterior pasó lo de Barracas”.


El 20 de octubre, Mariano Ferreyra fue asesinado en una emboscada ejecutada por la burocracia sindical ferroviaria de José Pedraza, con la participación de la policía, que garantizó el ataque y cubrió la retirada de los asesinos, y de la empresa UGOFE, que ese día dio “licencia” a su patota.


Los testigos de cargo del fiscal son el comisario Jorge Ferreyra, jefe de la división Roca, uno de los siete jefes policiales a punto de ser procesados por su participación en el ataque criminal de Barracas, y el oficial Póvolo, también de la división Roca. El gerente de UGOFE que hizo la denuncia es el mismo que “marca” a los trabajadores que se organizan y el que denunció a los laburantes y desocupados en unas protestas durante el año 2005.


El militante se encuentra enfrentando un juicio oral en el que se lo pretende condenar por su actividad política. Desde CORREPI repudiamos ésta y todas las políticas represivas del estado, y convocamos a movilizarnos en su defensa.






BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN


LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS


CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Ciudad de Buenos Aires • Argentina

correpi@fibertel.com.ar














14 de junio de 2011 –En Boletín informativo n°612






A JUICIO POR PINTAR… PERO OTRO DÍA (Y UN CARAMELO…)


El jueves 9 debía comenzar el juicio oral y público contra el trabajador ferroviario Daniel “Neno” Abella, denunciado por la empresa UGOFE por el delito de daño por haber pintado “Pedraza asesino” en el piso de la estación Constitución al día siguiente del ataque coordinado de la patota de la UF , la policía y la empresa durante el cual fue asesinado el compañero Mariano Ferreyra.


A las 11:00, frente a los tribunales penales de la ciudad, estaba todo preparado. Una enorme valla impedía la circulación por toda la cuadra (después dicen que somos nosotros los que no dejamos pasar…) y era enorme el despliegue policial. Puntualmente, llegó una importante columna de compañeros de varias organizaciones políticas, de desocupados, y de trabajadores antiburocráticos que acompañaron a Neno, militante de la agrupación antiburocrática 4 de Octubre, y a sus abogados, militantes de CORREPI.


Minutos después, mientras abajo arreciaban la batucada y los cánticos de repudio a la criminalización de un digno acto de denuncia, acusado, testigos, abogados y público se presentaron en la mesa de entradas del tribunal. Ahí se enteraron que el juicio se había suspendido hasta fin de mes, porque la fiscal tuvo una complicación en su agenda. Y para qué avisar, ¿no?.


Así que bajamos, dimos la noticia, y, en lugar de desconcentrar de inmediato, aprovechamos para llevar la solidaridad a los trabajadores docentes en lucha en Santa Cruz, movilizando hasta la casa de esa provincia, para desesperación del comisario a cargo del operativo, que tuvo que salir corriendo a dar el parte del cambio de destino.


Pero no fue estéril la mañana en los tribunales. En un pasillo nos cruzamos con el fiscal que, hace unas semanas, sorpresivamente desistió de acusar a los compañeros Oscar Kuperman (CUBa-MTR) y Rubén Saboulard por dos cortes de calle del año 2009. Y nos enteramos el real motivo por el cual el fiscal prefirió no avanzar con el juicio, y directamente pidió la absolución. Es que su testigo “estrella”, obviamente un policía, hubiera llegado esposado para declarar contra los compañeros. Está preso por su participación, como entregador, en el robo al Banco de Galicia del mes de enero de este año. “Conociéndola, yo no le podía regalar ese caramelito”, dijo sonriente el fiscal a la compañera Verdú. Como si no supiéramos quiénes son los delincuentes.


















26 de junio de 2011- Comunicado






Sobreseen a trabajador ferroviario que pintó “Pedraza asesino”: Un triunfo de la lucha popular.


El compañero Neno Abella, trabajador ferroviario y militante de la agrupación sindical “4 de Octubre”, iba a ser sometido a un juicio oral a partir del lunes 27 de junio, acusado por el delito de “daños” por haber pintado “Pedraza Asesino” en el hall de la estación Constitución, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra. La denuncia la hizo la empresa UGOFE, la misma que licenció a la patota para que ejecutara el plan criminal.


Desde el primer momento en que se desató esta persecución, CORREPI se solidarizó con el compañero y asumió su defensa política y técnica. Además de movilizarnos junto a muchas otras organizaciones en reiteradas oportunidades para denunciar la persecución política, hicimos público que la fiscalía convocaba como testigos de cargo a dos policías de la División Roca. Uno de ellos, el comisario Jorge Ferreyra, era, el 20 de octubre de 2010, el jefe de esa dependencia policial, que realizó un aporte esencial para que la patota de la Unión Ferroviaria concretara el ataque en Barracas.


La intensa campaña en defensa del compañero Abella, sumada al reciente procesamiento de seis jefes policiales, entre ellos el comisario Jorge Ferreyra, por la colaboración de la policía con la patota de la burocracia sindical que dirige José Pedraza, dio sus frutos. El viernes 25 de junio, la empresa desistió de la denuncia, lo que fue acompañado por el desistimiento de la acusación por la fiscalía. Los motivos que dieron UGOFE y el fiscal existían desde el primer minuto en que se armó esta causa, y no son las verdaderas razones que permitieron la libre absolución del compañero.


Lo que realmente ocurrió es que temieron -con razón- que en el juicio quedara en evidencia la complicidad entre la empresa y el estado en el crimen de Mariano Ferreyra, así como la recurrencia con que los policías de la División Roca, y el comisario Ferreyra, en particular, sirven como “testigos” para señalar y criminalizar trabajadores. El hoy procesado comisario, por ejemplo, ocupa el mismo rol contra los militantes de Causa Ferroviaria y el PO por la movilización del 23 de diciembre de 2010, y contra los vendedores ambulantes del Roca y los militantes de la TPR del 2 de marzo de este año. En una palabra, los acusadores temieron a la movilización popular que apoyó al compañero Abella desde el primer momento, y temieron ser ellos los acusados en el juicio, por lo que desistieron de la acción y el tribunal tuvo que cerrar la causa.


Pero no pueden evitar que se exponga la verdad. Tanto el desistimiento de UGOFE como el de la fiscalía, que le cubrió la espalda a la empresa, es una muestra de cómo el estado burgués defiende los intereses de los capitalistas. Y es, sobre todo, una prueba de lo que, a fuerza de organización y lucha independientes, se puede lograr: que un compañero sea arrancado de las garras represoras de los verdaderos criminales.


CORREPI


Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Ciudad de Buenos Aires • Argentina

correpi@fibertel.com.ar














26 de junio de 2011- En Boletín informativo n°614






FERREYRA, ASESINATO Y DESPUÉS


Después del asesinato de Mariano Ferreyra, el estado echó a andar su maquinaria para ocultar el mecanismo que llevó a esa muerte, entregando su engranaje más sucio, débil y reemplazable (Pedraza y su patota, abandonado también por la CGT). De esta forma, la jueza Wilma López lo encarceló, como organizador, junto a Fernández, del homicidio calificado y las tentativas de homicidio de Elsa Rodrí­guez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.


Pero, aunque lo quieran ocultar, no hace falta usar herramientas muy precisas para saber que UGOFE, la gerenciadora del FFCC Roca, es quien licenció a los miembros de la patota; que la secretarí­a de Transporte y el ministerio de Trabajo no sólo sabían, sino que comparten con Pedraza el negocio de las empresas tercerizadoras, disfrazadas de cooperativas. Con las escuchas telefónicas, se confirmaron la amistad y los negocios comunes de Pedraza con Tomada, hoy candidato a vicejefe por la ciudad, etc.


En este berenjenal de responsabilidades estatales disimuladas, la justicia también trata de esconder bajo la alfombra la participación de la policí­a federal el dí­a del asesinato, abriendo una causa paralela para distraernos.


Aunque está recontra probado que no se trató de una simple “zona liberada” por omisión, sino que la policía federal hizo un aporte fundamental al plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, y luego garantizando su escape seguro y destruyendo pruebas de su accionar, los seis jefes policiales involucrados fueron procesados sólo por abandono de persona agravado por haber resultado la muerte, y graves daños en el cuerpo y la salud de las ví­ctimas, y por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, delitos que, sumados, apenas si superan los 15 años de prisión.


Así, el fiscal y la jueza desoyeron el planteo que hicimos los querellantes, reclamando que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay y los oficiales Echavarría y Conti, fueran procesados como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua.


Esta policí­a federal es la que el gobierno trata de cuidar, mientras reciben 15 denuncias diarias por irregularidades de la fuerza; mientras releva policías todos los días por sus negocios con la droga; mientras hay 90 oficiales federales investigados y 12 comisarí­as fueron allanadas por protección de prostí­bulos. Como necesidad de clase, el gobierno ordena a su justicia castigarlos lo menos posible por su participación en la muerte de Ferreyra.


Como dijimos en una de las audiencias ante la cámara de apelaciones, “Son todos los que están, pero no están todos los que son”. Y el gobierno quiere que sean menos los juzgados y menos los castigados, y que su gente quede lo más al margen posible. Por Mariano, por todos los caí­dos para que este sistema siga funcionando, no tenemos que dejarlos.














19 de septiembre de 2011-En Boletín informativo n° 626






La represión continúa siendo política de estado


Se cumplen ya 5 años de la desaparición de Julio López, uno del más de medio centenar de desaparecidos en democracia, y el caso que más trascendió, junto al de Luciano Arruga, de desaparecidos en la gestión kirchnerista. Casos que, gracias a la movilización popular, señalaron al gobierno como responsable por su desaparición y la impunidad que continúa.


Poco falta para que termine el año 2011. En los meses que llevamos transitados, se sumaron a nuestro archivo de personas asesinadas por el estado, con el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores, más de 200 víctimas.


Este ha sido un año de una fuerte persecución a los militantes sindicales y políticos, quienes afrontan causas penales por pelear por trabajo y una vida digna, además de las detenciones y la represión directa a movilizaciones o acciones de lucha, desalojos en rutas y tomas de tierra, como ocurrió con los docentes en Santa Cruz, la comunidad Qom en Formosa, las familias en las tierras de Ledesma en Jujuy. Si hacemos memoria, aparecen el casino, Kraft, el Hospital Francés, los ferroviarios, etc.


Dieciséis asesinados en la protesta social desde 2003, son los muertos que desmienten, en la realidad, a 8 años de gestión, los dichos de Néstor Kirchner allá en sus primeros años de gobierno, cuando dijo “no vamos a reprimir con la policía del gatillo fácil”. No sólo siguieron reprimiendo con la policía del gatillo fácil, sino que sumaron al conjunto de las fuerzas de seguridad y a las patotas sindicales, encargadas de efectuar el “trabajo sucio” y desdibujar la responsabilidad política del gobierno ante hechos como el asesinato de Mariano Ferreyra.


En este marco, el gobierno sigue autoproclamándose como el defensor de los DDHH y se florea dando premios y desfilando junto a personalidades que en algún momento fueron bandera en esta lucha. Claramente, ya no lo son hoy.


Todos los años, en noviembre, CORREPI hace este balance públicamente, en el que sólo tiene como conclusión que éste es un gobierno más que, como buen defensor de los intereses de empresarios y ricos, necesita reprimir al pueblo para disciplinarlo.


Este año, no será distinto. Allí volveremos a denunciar que este gobierno reprime todo lo necesario con el mayor consenso posible. Y allí, como siempre, estarán junto a nosotros quienes a diario sufren esta represión decididos a seguir peleando.














26 de septiembre de 2011-En Boletín informativo n°627






Triunfo contra la criminalización de la lucha.


El 19 de septiembre, el juez federal de Quilmes, tuvo que sobreseer a nueve compañeros ferroviarios acusados de “atentado ferroviario”, por reclamar sobre las vías de Avellaneda, el 25 de enero de este año, el demorado ingreso de los tercerizados a UGOFE. Desde CORREPI, y junto con el Ceprodh, habíamos asumido las defensas de los compañeros.

La denuncia contra los trabajadores la hicieron la empresa UGOFE y el subsecretario de Transporte, Antonio Luna. Una vez más, el frente único de la burguesía, para perseguir a trabajadores, mostró su aceitado funcionamiento.

Cabe recordar que este frente, compuesto por la empresa, la burocracia sindical y el estado, es el que organizó y ejecutó el asesinato de Mariano Ferreyra. La burocracia reclutó a la patota, UGOFE licenció a los 120 matones para que pudieran faltar a sus trabajos, y el estado, a través de su policía, participó del plan criminal; primero, permitiendo el ataque de la patota y, luego, cubriéndole las espaldas para que pudieran fugarse.

También es necesario saber que los policías que dirigieron aquel operativo policial, destinado a asegurar la impunidad del asesinato de Mariano, son “testigos” consuetudinarios en las causas que el gobierno y UGOFE arman a los trabajadores que salen a la luchar. Así, los comisarios Mansilla y Ferreyra, por ejemplo, son citados siempre por la empresa como testigos.

Es lo que ocurrió en esta causa, y lo que ocurre en las causas que, por extorsión, se siguen en el mismo juzgado contra los compañeros de Causa Ferroviaria por los hechos del 23 de diciembre de 2010 en Constitución, y contra los vendedores ambulantes del Roca y dos militantes de la TPR, por otro corte de vías a principios de marzo de 2011.

Paralelamente, también fuimos notificados de la absolución del compañero Juan Oribe, estudiante y militante del PTS, que debía ir a juicio por un corte de calle, de mediados de 2010, en solidaridad con Kraft, y que CORREPI defendía junto con el Ceprodh.

El 10 de agosto, él, y sus compañeros Jésica Calcagno y Patricio del Corro, habían sido absueltos por la justicia contravencional porteña, que había intentado condenarlos por haber participado, en 2009, de varios cortes en apoyo a la lucha de los trabajadores de Kraft-Terrabusi.

Los fiscales Aníbal Brunet y Martín Lapadú habían pedido 40 días de arresto, presentando como pruebas videos y fotos obtenidas por policías de civil, infiltrados en las manifestaciones, y luego comparadas con imágenes bajadas de las páginas web de las organizaciones. Así, de los miles de participantes en 15 movilizaciones, fueron seleccionados estos tres compañeros, porque fueron los que pudieron identificar.

Quedaba pendiente un solo hecho, por el que estaba acusado Juan Oribe únicamente. El Fiscal tuvo que desistir de la acusación por falta de pruebas. Esto demuestra, además, la falsedad de una causa que fue armada para amedrentar a militantes, como todas las restantes causas que amenazan a 6.000 luchadores del campo popular.

La única forma de enfrentar esta política de criminalización de la protesta es con más organización y más lucha. Si nos tocan a un compañero, nos tocan a todos.














17 de octubre de 2011- En Boletín informativo n°630






A un año del asesinato de Mariano Ferreyra.


Estamos llegando, apenas en unos días, al 20 de octubre, cuando se cumple un año del ataque criminal planificado, dirigido y ejecutado por la triple alianza antiobrera, contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y las organizaciones que acompañaban su reclamo, el día que fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron gravemente heridos otros compañeros, como Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.


En las tres causas penales que se originaron entonces, la de la patota, la de la policía, y la del intento de coimear a los jueces para que suelten a los asesinos, se despliega un impresionante aparato de poder, integrado por diferentes expresiones de la burguesía, dispuesto a todo para buscar la impunidad, o, cuando menos, minimizar los riesgos, haciendo un “control de daños” al mejor estilo de un buen empresario capitalista.


La decisión de separar el hecho principal de la investigación de la conducta policial, muestra claramente que, cuando fracasaron en el intento de sepultar el ataque bajo la máscara de la “pelea entre facciones opuestas de sindicalistas”, al estilo del “se mataron entre ellos” del día siguiente al Puente Pueyrredón, el plan B fue preservar al aparato represivo estatal.


Para el gobierno, los policías que facilitaron el ataque y garantizaron la impunidad de sus ejecutores, no cometieron ningún delito. Por eso, el ministerio de Seguridad resolvió defenderlos, a través de los abogados de su Dirección de Asuntos Jurídicos. Y ahora, como salimos a denunciarlo, les ordenaron renunciar a la defensa, porque el tiro les salió por la culata y compromete la imagen “progre” del ministerio. Pero, claro, sólo en la causa Ferreyra los retiraron, porque son los mismos funcionarios oficiales que cruzamos a diario, cuando los mandan a defender policías torturadores y de gatillo fácil.


En este escenario, con más leyes antiterroristas para reprimir luchadores; con más y más policía en la calle para disciplinar a los pobres; con maniobras constantes para garantizar la impunidad de los asesinos, más que nunca, nuestro lugar está en la calle.


Por eso, el próximo jueves, a las 5 y media de la tarde, vamos a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, para exigir juicio, condena y prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa y a los otros compañeros; juicio y castigo a los policías, a los responsables políticos y empresariales del crimen, y para decir basta a la represión contra el conjunto del pueblo trabajador.


Ahí nos vemos, a las 5 y media de la tarde. Por Mariano Ferreyra, y por todos los caídos en las luchas populares.














8 de noviembre de 2011-En Boletín informativo n°633






Represión a trabajadores. Causa Ferreyra.


El 1º de noviembre, una patota de la UOCRA atacó a varios trabajadores del SITRAIC que realizaban un piquete en un obrador, denunciando que todos los trabajadores estaban en negro. José Luis Guerra, una de las víctimas del ataque, fue apuñalado por los matones de Martínez. Al mando de éstos últimos estaba Cardozo, máximo dirigente de la UOCRA Lomas de Zamora, quien increpó a los trabajadores, amenazándolos con matarlos a todos, por denunciar a Gerardo Martínez. El SITRAIC, junto con la CORREPI, y otras organizaciones, denunciamos a Martínez por su participación en el Batallón de Inteligencia nº 601 durante la dictadura.


El 3 de noviembre, hubo una audiencia en la causa donde se investiga la responsabilidad de los policías en el asesinato de Mariano Ferreyra. Había sido convocada para resolver una chicana planteada por el abogado del comisario Lompizano, que buscaba que la causa tramite en los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. CORREPI, junto con APEL, lleva adelante las querellas de varias de las víctimas del ataque del 20 de octubre de 2010, en las que acusamos a los policías como partícipes necesarios en el homicidio calificado, lo que tiene una pena de perpetua.


Sin mucha sorpresa, nos enteramos que, como consecuencia de nuestras denuncias, los abogados del ministerio de Seguridad habían tenido que renunciar a defender a varios de los policías implicados. Como no podía ser de otra manera, fueron reemplazados por abogados poderosos estudios, y altos honorarios. Si bien la resolución de la chicana fue postergada para los próximos días, quedó claro que la finalidad buscada por la defensa es, en primer lugar, evitar que recaiga una condena a prisión perpetua y, en segundo lugar, dilatar lo más que se pueda el juicio oral.


Por otro lado, este 4 de noviembre por la madrugada, los trabajadores ferroviarios del Belgrano Norte fueron brutalmente reprimidos por la policía federal, mientras realizaban una medida de fuerza votada en asamblea, consistente en un corte de vías. Los trabajadores reclaman el pago de tickets adeudados y mal liquidados desde 2009. La orden de desalojo fue dada por el juez federal Bergesio y fue cumplida a rajatabla por el comisario a cargo del operativo. A los golpes con bastones, las balas de goma y los gases lacrimógenos, se sumó la persecución por las vías y zonas aledañas, con carros hidrantes y numerosos patrulleros. El resultado de este hecho represivo fueron varios trabajadores heridos, afecciones respiratorias producidas por los gases, y tres trabajadores detenidos.


Ese mismo día, los trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires, fueron reprimidos por la seguridad de la legislatura porteña, que les impidió presenciar una sesión de comisiones, donde se iba a discutir la reforma del estatuto docente impulsada por el gobierno de la ciudad. Esa reforma es repudiada por todos los docentes. Sin embargo, a diferencia de situaciones, donde para debatir sobre el aborto, los legisladores permiten opinar a los más reaccionarios, o durante el conflicto con el campo, donde pudieron participar todas las patronales agrarias, en este caso, no se permite ingresar a los interesados directos, los trabajadores. Esto, por su parte, nos debe llevar a la reflexión sobre el engaño que suponen categorías como la de “ciudadano”. Está claro que no es lo mismo el “ciudadano” del Opus Dei, o de la Sociedad Rural, que el “ciudadano” trabajador que da clases en las escuelas públicas














22 de noviembre de 2011- En Boletín informativo n° 635






Mariano Ferreyra: de cómo la justicia cuida a los sicarios del estado.


Esta semana, la Cámara en lo Criminal confirmó el procesamiento de siete policías federales por su apoyo, el 20 de octubre de 2010, a la patota de Pedraza que asesinó a Mariano Ferreyra.


Los policías imputados son el ex titular de la Superintedencia Metropolitana de la Policía Federal Hugo Lompizano, los comisarios Luis Echeverría, Jorge Ferreyra y Luis Mansilla, el subcomisario Rolando Garay, el principal Gastón Conti y el suboficial Villalba. Esta causa es un desprendimiento de la causa inicial por el asesinato de Mariano. Es que la estrategia de la justicia y del gobierno es disimular su responsabilidad sobre lo ocurrido y, por supuesto, cuidar a sus sicarios. Por esto mismo es que estos siete policías, cuatro de ellos oficiales jefes, fueron procesados por “abandono de persona seguido de muerte”, es decir, por no haber prestado auxilio a las víctimas después del hecho, y no como partícipes del asesinato, cuando está por demás probado que no actuaron por “omisión” sino que fueron una pieza fundamental del plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, permitiéndole un escape seguro y, finalmente, destruyendo pruebas de su accionar.


Ya la jueza Wilma López desoyó el planteo que hicimos los querellantes en la causa para que se los impute como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua. Ahora es la Cámara en lo Criminal quien confirma el procesamiento realizado por la jueza, responsabilizándolos por un delito menor, que no refleja su verdadera participación en el asesinato de Mariano. Como siempre, la justicia se encarga de cuidar a los


sicarios del estado, o de darles el menor castigo posible, limpiando la responsabilidad que tienen, tanto la policía como el gobierno, en el asesinato de un luchador.














12 de diciembre de 2011- En Boletín informativo n°638






La “fiesta de la democracia”: a los DDHH rogando, y con la patota dando.


El sábado pasado se llevó adelante la “fiesta de la democracia”, y en su discurso inaugural, la presidenta reelecta se mostró sin disimulos: pidió a los trabajadores que sean “agradecidos” con el derecho a huelga, y los llamó a no “extorsionar”, poniendo como ejemplos de acciones delictivas la lucha de los docentes en Santa Cruz y de los ferroviarios.


Cristina calló, desde luego, que los compañeros docentes tuvieron que soportar meses en las rutas heladas, ante la negativa de la gobernación a escucharlos; que tuvieron que enfrentar reiteradas veces el ataque de las fuerzas de seguridad, que una y otra vez intentaron desarmar la lucha, sacando delegados a la madrugada de sus casas o deteniendo la caravana de apoyo desde Buenos Aires, sin olvidarnos de la represión sufrida cuando acampaban frente al ministerio en capital federal.


Tampoco mencionó que, cuando su gobierno prefiere no poner la cara y pagar el costo político de reprimir abiertamente, mientras se enmascara detrás de la bandera de los DDHH, en Santa Cruz, como en todo el país, aparecen las patotas de la burocracia sindical u otros grupos afines.


Donde quedo más clara la utilización de esa “tercerización de la represión” fue, precisamente, en lo que la presidenta llamó “el conflicto con los ferroviarios”, cuando la patota sindical comandada por Pedraza, delfín del gobierno, quiso callar el reclamo de los trabajadores tercerizados a los tiros, matando a Mariano Ferreyra.


Así funciona el derecho a huelga kirchnerista. Sobre los trabajadores antiburocráticos y combativos, que no se venden y que pelean por lo que les corresponde, cae, una y otra vez, el palo del estado, blandido por sus fuerzas represivas o por la represión tercerizada.


Lo vemos todos los días, en la línea 60, que acaba de sufrir otro ataque patoteril; con los QOM, con Cristian Ferreyra, en el Indoamericano y en Jujuy, con la exigencia de vivienda digna; en los sindicatos, donde empresas y gobierno delegan la represión a la burocracia.


Y se repitió, en estos días, en la línea 135 de colectivos del Grupo DOTA. El trabajador Germán Amor fue despedido, como respuesta a su actividad gremial, lo que motivó la lucha por su reincorporación. El compañero recibió amenazas telefónicas anunciando que “si no se dejaba de joder iba a terminar en el Riachuelo”. Luego, las amenazas fueron en persona, por parte del delegado sindical de la empresa, Rodríguez Leovino, que le dijo que “no joda” más con el juicio y que no ande más por la empresa. El 6 de diciembre, la escalada llego a la agresión física. El mismo Rodríguez Leovino lo atacó a golpes y lo amenazó con un arma de fuego, dentro de la empresa y con el silencio de la patronal.


Desde CORREPI llamamos a luchar contra la represión, herramienta del estado para oprimir a la clase trabajadora y el pueblo, en todas sus formas.














7 de enero de 2012- En Boletín informativo n°641






José Pedraza y su teoría de la “confabulación”


Y un día habló el jefe de la patota. Un día habló uno de los responsables de la muerte de Mariano Ferreyra. José Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria (UF), escribió una carta que fue leída por su hija en un programa de C5N, en la que denunció “una confabulación” en su contra, y llegó a decir que “ha pasado más de un año y no se sabe quién mató a Mariano, pero nuestros afiliados siguen presos como rehenes”.


Desde el día que asesinaron a Mariano, CORREPI viene denunciando a la Triple Alianza Antiobrera (estado, empresa y burocracia sindical) como responsable de la emboscada que terminó con la vida del militante. La empresa dio licencia a la patota de UF para que aleccionara a los díscolos trabajadores. El estado, a través de la policía, le abrió camino a la patota para que actuara y le cuidó las espaldas para que escaparan con seguridad después del asesinato. La patota, dirigida por Pedraza y comandada por Pablo Díaz, fue la ejecutora del plan criminal común.


Ni los que están presos son inocentes “afiliados”, como dice Pedraza, ni la razón de su encarcelamiento es una “confabulación”.


Los que están presos son burócratas que no trabajan, que viven del trabajo de los ferroviarios, que entregan las luchas de los trabajadores y hacen millonarios negocios con las empresas tercerizadoras. Y están presos, como Pedraza, gracias a la movilización popular y su lucha.


La única confabulación fue la de los aliados históricos en contra del pueblo trabajador.














16 de febrero de 2012- En Boletín informativo n°645






Causa Ferreyra: Patota y policía, la causa es una sola.


Apenas habían pasado unas semanas del asesinato de Mariano Ferreyra, cuando empezamos a denunciar públicamente que, cumpliendo a pies juntillas su función, el poder judicial intentaba esconder bajo la alfombra la participación de la policía federal. Dijimos, desde el primer día, en los tribunales y en las calles, que el ataque a los trabajadores tercerizados y a las organizaciones movilizadas con ellos el 20 de octubre de 2010, fue parte de un plan criminal en el que la patota, la policía y la empresa se repartieron las tareas, parea lograr un fin común: defender los comunes intereses de la triple alianza antiobrera, el estado, la patronal y la burocracia sindical, todos socios en las ganancias, en la explotación y la represión a los trabajadores.


Cada uno hizo lo que debía hacer: UGOFE licenció a los integrantes de la patota; ésta ejecutó el crimen, y la policía garantizó su seguridad e impunidad, abriéndoles el camino primero, y evitando que los compañeros los persiguieran y alcanzaran, después.


El estado echó a andar su maquinaria para ocultar ese mecanismo, y entregó el engranaje más sucio, débil y reemplazable (Pedraza y su patota). La jueza Wilma López los encarceló por el homicidio calificado de Mariano y las tentativas de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Al mismo tiempo que preservó a la parte más valiosa, la patronal, cuyos representantes sólo han declarado como “testigos”, para proteger a los hombres de la federal, imposibles de dejar afuera de la investigación por la fuerza de los hechos, se urdió la maniobra de inventar una causa paralela, simulando que se investigaba a los de uniforme “por otra cosa”.


Una y otra vez insistimos en que la policía federal hizo un aporte fundamental al plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, luego garantizando su escape seguro y destruyendo pruebas de su accionar. Pero la trampa de la “causa paralela” parecía funcionar, a tal punto que su ejecutora, la fiscal Camaño, fue premiada por su eficiencia con la designación como segunda línea en el ministerio de Seguridad.


El nuevo fiscal y la jueza López procesaron a seis jefes policiales por abandono de persona agravado por haber resultado la muerte, mientras, desde la querella, acusábamos a los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay, los oficiales Echavarría y Conti y el agente Villalba como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua.


El año pasado, con la instrucción terminada en las dos causas, ya tuvo que admitir la cámara de apelaciones que se trataba de un mismo hecho, en el que habían intervenido dos grupos de personas, patoteros y policía. Luego, casi a fin de año, el tribunal oral que recibió la causa de los policías tuvo que reconocer que había indudable conexidad con la de Pedraza y sus matones, y la mandó a tramitar al mismo tribunal oral nº 21, al que, al mismo tiempo, las querellas exigimos que se unificaran ambos expedientes.


Como siempre, aun cuando no les quede otro remedio que admitir que falló el intento, dieron vueltas, decidieron no resolver durante la feria de enero, pero, al final, no les quedó otro remedio que aceptar que no tenían argumento para defender la separación en dos partes de lo que estuvo unido desde el comienzo. Y se reunificó el trámite de las que llamamos “causa policía” y “causa patota”.


Es un importante, aunque parcial, triunfo de la verdad, a fuerza de movilización y pelea. Cuando comience el juicio oral, la foto del largo banco de los acusados tendrá a la policía y a la burocracia de la UF como siempre estuvieron, codo a codo, contra el pueblo trabajador.














21 de febrero de 2012-En Boletín informativo n°596






BARRAS BRAVAS, LOS TERCERIZADOS DE LA REPRESIÓN






Con el asesinato de Mariano Ferreira, en el que está comprometido el barra brava de Defensa y Justicia Cristian Favale, queda claro que la convivencia entre barras y poder político cada vez es más fuerte. El capo de la barra de Defensa es el “Vaca” Alarcón, kirchnerista, que no tiene ningún trabajo legal pero sí micros truchos que viajan desde Florencio Varela hasta Constitución sin papeles, seguro que avalados por las comunas y la policía. El “Vaca” es quien le habría prometido a Favale un puesto en el ferrocarril Roca si ayudaba a que “los zurdos se dejen de joder”.





Cuando fue asesinado Héctor Cornejo, del Sindicato Lechero en Rosario, quien disparó fue Raúl “Chino” Cazón, barra de Newell’s, contratado para la ocasión por $100.


El principal guardaespaldas de Moyano, que se ve tras él en todos los actos, es el “Polaco”, barrabrava de Independiente.


La barra de Racing fue a romper la huelga de petroleros en Santa Cruz al menos dos veces.


Los que “trabajan”, que no son más de una docena en cada hinchada, viven de la reventa de entradas, las concesiones en las canchas para vender cualquier cosa, ya que para tener un puestito hay que pagarles un impuesto mensual, de manejar el merchandising trucho, de cuidar los autos, de las comisiones por los negocios en la tribuna, como venta de droga, por dejar hacer a los punguistas y de la plata que colectan entre los jugadores.


Los representantes de los importantes les pagan una mensualidad a los barras para que griten por su jugador o, si está jugando muy mal, no lo insulten, porque sabe que en una cancha los barras comienzan una canción y después los sigue el resto del estadio.


La barra de Boca, hoy por hoy, está sacando 200 mil dólares mensuales y cobra la cuota por casi 400 carnets que les dieron los dirigentes, ya que no hay venta de entradas en el club.

Alan Schenkler, el que le peleó la conducción de la barra de River a Adrián Rousseau, decía refiriéndose a él: “Es un cabeza y ya no puede manejar este negocio. Hoy la barra necesita gente que piense, que llevemos la contabilidad, que podamos sentarnos y negociar bien. Ya no es más como antes que decimos ‘che papá’ y le metemos el fierro. Yo soy una empresa”. Y como empresarios en que se están transformando, están buscando diversificar sus negocios.


Hasta ahora, los barras eran vistos como algo folklórico, cuasi romántico, ¡el tener aguante!, pero el poder que muchos barras tienen en sus barrios, y la impunidad que logran con esto, hacen que el sistema los busque.


Hinchadas Unidas Argentinas, una creación kirchnerista avalada por el Padrino Grondona, los organiza porque tienen real poder en sus asentamientos para tener fiscales en las elecciones o para llevar gente a la calle que apoye al gobierno. Así, en el último superclásico en cancha de Boca, los barras, que en 2003 apoyaron a Menem, sacaron telones gigantes contra el Grupo Clarín, y repartieron volantes de La Cámpora en la calle.


Aníbal Fernandez, vice de Quilmes, es el hombre fuerte de los K en el fútbol, como en su momento lo fue el radical Coti Nosiglia, y desde el Ministerio cierra acuerdos con los dirigentes por la plata que les entra por la televisación “gratuita”, y, por elevación, también con los barras.


Las tribunas son zonas liberadas donde la policía no se mete. Tienen sus propios y costosos abogados, actúan como una familia mafiosa. Por el asesinato de Ferreira tal vez vaya preso Favale pero difícilmente Pedraza o sus aliados y jefes: Moyano y los gubernamentales kirchneristas. Son un filtro y un escudo perfecto.


Los barras se diversifican y salen a reprimir contratados por el estado y los patrones que manejan el estado, y cumplen también un rol paraestatal para las burocracias sindicales o para los punteros y dirigentes, o directamente como rompehuelgas.


Lo del romanticismo del fútbol, peleando por una bandera o por los colores, hace rato quedó de lado. Son la mano de obra (no tan) barata del sistema, con el aval de la policía y la justicia.


Ya no hay pelea entre barras de distintos clubes. Es parte del acuerdo por la coptación que hace el poder: paz social en las canchas y favores políticos a cambio de dinero e impunidad.

En la mafia del estado capitalista los barra brava encajan perfectamente.














11 de marzo de 2012-En Boletín informativo n°648






Garré, la policía y lo imposible.


Esta semana, Nilda Garre, la ministra de seguridad, encargada de coordinar y hacer efectiva la política represiva del gobierno, ordenó el retiro y desplazamiento de 56 comisarios y 23 comisarios inspectores de la policía federal.


En algunos casos, fueron los propios policías los que pidieron el retiro, porque alcanzaron los requisitos para jubilarse, o porque no ascendieron en el escalafón, como es el caso del ex titular de la comisaría 19ª, Gerardo Fabián Galli, que fue “congelado” en los ascensos –pero no echado- por sus vinculaciones con el proxenetismo junto al “empresario” Raúl Martins.


Estas “purgas” periódicas suelen ocurrir cuando la obviedad de los crímenes de algunos de sus subordinados requiere una limpieza de cutis para sostener la imagen de la fuerza y del gobierno que la dirige. Es el caso del comisario inspector Luis Mansilla, ex jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y del comisario Jorge Ferreyra, ambos procesados por el asesinato del militante Mariano Ferreyra, a los que el gobierno optó por excluir del servicio activo para facilitar que la culpa quede visibilizada en ellos, y se disimule la responsabilidad estatal en el hecho.


Cabe aclarar que, como no fueron exonerados, sino simplemente pasados a la situación de retiro, todos gozarán de sus haberes jubilatorios, obra social y demás privilegios como jubilados estatales, sin importar que estén investigados por asesinatos, narcotráfico, violaciones, tortura, proxenetismo u otros delitos.


Los cargos vacantes serán ocupados, en algunos casos, por personal de gendarmería, otro sector de los ejecutores de la represión estatal al cual quieren hacer ver como “patrióticos y limpios”, pero que cumplen la misma función que cualquier policía o prefecto y que no es otra que reprimir manifestaciones o fusilar pibes en los barrios.


Este tipo de maniobras tiene el objetivo de generar consenso para la represión, ya son un “lavado de cara” de las fuerzas represivas basado en la vieja y falsa excusa de que existen policías malos y otros buenos, o manzanas podridas que pudren al resto, de modo que “el problema” se solucionaría separando a los “malos”. Se pretenden generar, así, erróneas expectativas del pueblo sobre quién se encarga de disciplinarlo y reprimirlo. El gobierno intenta una vez más confundir y construir consenso para llevar a delante lo que la represión necesaria para mantenerse en donde están.


Como decimos una y otra vez desde CORREPI, no es un policía, es toda la institución. No se trata de personas que actúan individualmente, sino de la función que cumplen en la sociedad, y eso no se puede (y tampoco lo pretenden) alterar. No se puede cambiar la naturaleza de una institución fundamental para los ricos y poderosos como la policía, la gendarmería o cualquier color de uniforme que se encargue de repartir palos al pueblo trabajador para mantener el poder de los que nos explotan día a día.


Purgas, cursitos de DDHH, cambios de colores en los uniformes, descuelgue de cuadros o lo que vaya a inventar el gobierno para seguir reprimiendo con consenso, no altera su carácter represivo. No podemos esperar soluciones del gobierno que más pibes ha fusilado en los barrios, que lleva 17 compañeros caídos en manifestaciones y que militarizó el país. La única respuesta frente a la represión del estado de los poderosos es la organización y la lucha del pueblo trabajador.














12 de junio de 2012-En Boletín informativo n°661






Dos derrotas para la criminalización de la protesta.


Esta semana, dos causas penales contra trabajadores antiburocráticos, en un sector clave como el transporte público de pasajeros, terminaron con la derrota de la política oficial de criminalizar la protesta.


Por una parte, La Cámara Federal de La Plata sobreseyó a cuatro acusados de cortar las vías del ferrocarril Roca cuando reclamaban la incorporación de tercerizados y una recomposición salarial. La causa se inició por una denuncia del entonces Secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y directivos de UGOFE, después de que, el 23 de diciembre de 2010, los trabajadores se manifestaran junto a las vías en del ferrocarril Roca en Avellaneda, reclamando al ministerio de Trabajo y a UGOFE la reincorporación de ex empleados, el pase a planta permanente de trabajadores tercerizados y del área de limpieza y una recomposición de salarios.

Por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, fueron inmediatamente detenidos los trabajadores Omar Merino y Darío Hospital, y se libró orden de captura contra Miguel Morales, de la agrupación Causa Ferroviaria como los anteriores, y el dirigente del Polo Obrero Eduardo “Chiquito” Belliboni. Las “pruebas” en su contra se redujeron a las declaraciones de los policías de la División Roca que los señalaron, los mismos que, a partir del testimonio de esos compañeros, entre otros, irán a juicio por el asesinato del compañero Mariano Ferreyra el próximo 6 de agosto.


La fuerza de la movilización acompañó el reclamo por la libertad de los compañeros Merino y Hospital, que llegaron a la Plaza de Mayo en el marco de una multitudinaria marcha. Pronto, los compañeros de APEL lograron la eximición de prisión de Belliboni y Morales, pero con igual rapidez el juez federal, siempre apoyado en el testimonio de policías y funcionarios de UGOFE, dictó su procesamiento por el corte, agregando el delito de “extorsión”.


Esta semana, la cámara federal de La Plata debió reconocer que toda la causa contra los compañeros se encuadraba en la serie de protestas y reclamos que los ferroviarios venían haciendo, incluyendo la marcha en la que fue asesinado el militante del PO Mariano Ferreyra, en octubre de 2010, y la posterior por la que aún están procesados, pronunciamiento apelado ante esa misma cámara, un conjunto de vendedores ambulantes del Roca y militantes de la TPR, defendidos por CORREPI.


“Podemos afirmar que nos encontramos ante una protesta de personas, que acudieron a medios de fuerte repercusión para atraer la atención pública sobre sus legitimas demandas”, tuvieron que decir los jueces Leopoldo Schiffrin, César Alvarez y Olga Calitri. Y concluyeron que los compañeros, como sostuvo su defensa, no cometieron delito alguno.


Casi simultáneamente, y acompañados también por una gran movilización, fueron absueltos los compañeros Néstor Marcolín y Yuren Pérez Cardona, trabajadores de la línea 60, acusados por el delito de “amenazas” por haber exigido a un encargado que deje sin efecto una arbitraria e ilegal suspensión contra un trabajador.


En su caso, no fue la justicia federal, sino la de la ciudad de Buenos Aires la que se ocupó de defender los intereses de la empresa DOTA, que viene queriendo imponer condiciones laborales que violan el Convenio Colectivo de Trabajo y las leyes laborales. La defensa técnica, asumida por compañeros de CADEP, logró su absolución en el juicio oral al que fueron sometidos.

Dos triunfos a los que llegamos a fuerza de organización y lucha, que deben reiterarse en la defensa de cada compañero represaliado por luchar.














25 de junio de 2012-En Boletín informativo n°663






Garre: cooptación y la farsa de la autonomía policial.


La práctica de la cooptación a familiares de víctimas del gatillo fácil y de la represión policial no es algo nuevo, y tiene objetivos muy específicos y mezquinos: por una parte, con la cooptación se intenta desmovilizar a las víctimas, se intenta frenar la denuncia y encauzar las acciones para el lado que al poder le conviene; por otra parte, la cooptación tiene un objetivo legitimador de las mismas instituciones que forman parte del aparato represivo estatal.


Asimismo, los métodos de cooptación son variados, y muchas veces están relacionados con el sector social del cual provenga la víctima. En CORREPI, la mayoría de los familiares sufrieron algún intento de cooptación previo a un “apriete”. Ofrecimientos de cargos públicos, viviendas, planes, son el menú al que recurren punteros y funcionarios para que las familias abandonen la denuncia y así la maquinaria siga funcionando. Cuando esto no funciona, se recurre al apriete como forma de amedrentamiento, como cuando balearon la vivienda de la familia Bolaño (ver comunicado de prensa: “Comienza el juicio por el asesinato de Luis Bolaño”).


A estas tareas se dedicó esta semana la ministra de seguridad, Nilda Garré. Recibió en su despacho a una víctima directa del aparato represivo estatal, Fernando Carrera y a la esposa de Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez.


Al mismo tiempo, y a raíz del asesinato del jugador de Banfield, Lautaro Bugato, el Movimiento Evita lanzó la “Campaña contra la violencia institucional” que sostiene a tono con el gobierno, la teoría de la “autonomía policial”; “la manzana podrida”; “resabios de la dictadura” y aboga por una participación ciudadana en el control de las fuerzas represivas, acuñando novedosos términos como “inseguridad policial” (?).


Ahora pues, vemos a la ministra Garré intentando cooptar a Fernando Carrera, como si ella no dirigiera a la policía federal, y a Sandra Rodríguez, como si el estado no tuviera que ver con el asesinato de Carlos Fuentealba y en la liberación del policía asesino Poblete.


Vemos también a las agrupaciones oficialistas, junto con el CELS y demás organismos vinculados al gobierno, sosteniendo que el accionar represivo de las fuerzas no tiene relación con el gobierno sino que son “prácticas que no responden a las realidades de la Nación del Bicentenario”, cuando todas las semanas demostramos justamente lo contrario: que el gatillo fácil, las torturas en comisarías y la represión a manifestantes son políticas de estado. Qué mejor demostración de ello es el hecho de que, cuando un policía es llevado a juicio, el estado toma orgánicamente su defensa y pone a su disposición a los mejores cuadros para defenderlos, como en el caso de Alberto Alejandro Segovia, asesino de Mauro Vega (ver boletín N° 657), y sólo los reemplaza “tercerizando” con carísimos estudios jurídicos cuando la denuncia pública los pone en evidencia, como sucedió con los policías que participaron del asesinato de Mariano Ferreyra y el propio Segovia.


La policía federal tiene la orden de portar su arma en posición de disparo inmediato, es decir con bala en la recamara, sin seguro y amartillada, según declaró hace poco, bajo juramento ante un tribunal, el jefe de instrucción. Mezquino doble discurso: este tipo de órdenes, la facultad de detener a cualquiera (principal causa de muertes en comisarías) y la posterior defensa corporativa que le ofrece el poder judicial y el ministerio de seguridad, a través de la Dirección de Asuntos Penales, contra la ilusión del control civil de las fuerzas.


No nos engañan, no nos compran y no nos cooptan. Los denunciamos siempre por lo que son: represores; y nos seguimos organizando de la única manera coherente para enfrentarlos: en forma independiente.



11 de julio de 2012 - En Boletín informativo n°665









El juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra y los manotazos de ahogado.






Cuando la lucha popular impulsa al aparato judicial al callejón sin salida de tener que sentar en el banquillo de los acusados a los ejecutores de sus políticas represivas, cualquier recurso, por impresentable que sea, sirve para ayudar a los socios en desgracia.






Muchos ejemplos, de los cuales la causa por el asesinato de Walter Bulacio es muestra suficiente, dan cuenta de cómo recurren, cuando las papas queman, a la batería de herramientas que, bajo la máscara de la legalidad procesal, habilitan todo tipo de dilaciones para evitar la instancia del juicio oral y público.






El juicio a los asesinos de la burocracia sindical y la policía, dos de las tres facciones asociadas en el plan criminal que mató a Mariano Ferreyra (la patronal sigue impune), está fijado para el próximo 6 de agosto. Con un manejo impecable de los tiempos procesales, la defensa de Armando Uño, uno de los integrantes de la patota, recusó al tribunal oral encargado de dirigir el debate. Si bien el planteo fue rápidamente rechazado por otro tribunal, y, por la liviandad de sus argumentos no tiene posibilidad alguna de prosperar, lo cierto es que la maniobra introduce alguna incertidumbre en relación al comienzo del juicio, ya que el oportuno defensor podría interponer un recurso de casación que lo postergaría.






“Es el legítimo ejercicio del derecho de defensa”, se quejan con calculada amargura los defensores del estado de derecho. Legítimo, claro, porque la ley es de ellos, y la defensa de sus esbirros, oficiales o tercerizados, es política de estado.






El 6 de agosto debe comenzar el juicio contra los 17 procesados, Pedraza y su patota, y el comisario Lompizano y la suya. La chicana de la recusación no es una maniobra aislada del defensor de uno de ellos: es el manotazo de ahogado de los que quieren evitar un juicio que no le conviene al gobierno, y al que sólo la organización y la lucha popular nos permitirá llegar.










5 de agosto de 2012 - En Boletín Informativo n°668





Mariano cayó defendiendo los derechos de los trabajadores


y enfrentando la triple alianza antiobrera.


El 20 de octubre de 2010, en el marco del plan de lucha, los trabajadores tercerizados decidieron reclamar por el pase a planta permanente cortando las vías del FFCC Roca.


La medida no pudo ser llevada adelante porque al llegar a las vías, los trabajadores y quienes los acompañaban se encontraron con la triple alianza antiobrera dispuesta a reprimir y disciplinar a todo aquel que decida organizarse para luchar.


Para el gobierno, los empresarios y la burocracia, la cuestión no era menor. El reclamo de los tercerizados ponía en juego millones de pesos que, a través de subsidios, llegaban a las cooperativas manejadas por la burocracia y organizadas por contratos entre el gobierno y los empresarios. Así todos ganaban. El gobierno podía seguir hablando del ‘crecimiento laboral’, la burocracia mantenía su lugar de poder y los empresarios facturaban cada vez más y las tres partes cumplían su función: mantener a los trabajadores en condiciones precarias para explotarlos mejor.


Compartiendo los mismos intereses, la triple alianza antiobrera –gobierno, burocracia y empresarios- se puso en acción, y sus balas se descargaron sobre la manifestación ferroviaria. Hirieron a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto y asesinaron a Mariano Ferreyra, militante del PO.


Para reprimir a los trabajadores, la burguesía recurrió una vez más y como siempre a sus más efectivos instrumentos, la burocracia y la policía, ambos participes necesarios en el asesinato de Mariano.


La policía no sólo libero la zona para dar paso a la patota de la burocracia y cerrar la salida a los trabajadores, también garantizó que el ataque se llevara a cabo, y que los ejecutores pudieran fugar con impunidad.


Fue la movilización popular la que llevó a juicio a algunos de los responsables del asesinato de Mariano, entre ellos la patota y la policía. De no haber existido la lucha organizada, es probable que quienes hubieran sido juzgados fueran los mismos trabajadores. Los jueces hubieran procesado por “extorsión” “interrupción del servicio ferroviario” o algo parecido a los manifestantes, efectuando otra de las políticas kirchneristas, la criminalización de la protesta social. De hecho esto mismo está siendo pedido hoy por algunos de los defensores.


CORREPI, como organización que se posiciona junto al pueblo trabajador y en lucha contra la represión estatal, es parte de la querella, y desde un primer momento estuvimos movilizándonos para conseguir el castigo a los culpables del asesinato de Mariano Ferreyra. Un primer triunfo fue haber podido instalar como eje del planteo jurídico que lo sucedido en octubre de 2010 fue parte de un plan sistemático y criminal de la triple alianza antiobrera para aleccionar a los trabajadores organizados e independientes de la burocracia y el gobierno.


Pero sabemos que nada vale un proceso judicial sin la movilización popular que llene las calles reclamando justicia por su compañero y por todos los que han caído bajo las balas estatales luchando contra la explotación.


La burguesía tendrá instrumentos como la burocracia y la policía, pero nosotros tenemos los nuestros: la organización y la lucha, los únicos capaces de conseguir juicio y castigo para todo aquel que reprime al pueblo trabajador.