La fiscal María Luz Jalbert comenzó el alegato de la fiscalía haciendo una aclaración inicial que, de entrada, oscureció el panorama: "Esta fiscalía alegará primero respecto de la causa nº 3772, y luego sobre la causa 3992", anunció, mostrando que, para el ministerio público, es decir, los funcionarios que representan al conjunto de las víctimas y la sociedad en la tarea de sostener las acusaciones, nunca se unificaron la "causa patota" y la "causa policía". El detalle no es menor. Insistir, a esta altura de las cosas, en que las conductas de los hombres de la UF y su grupo de choque y las conductas policiales son dos cosas distintas que deben analizarse como expedientes separados es toda una declaración de principios sobre la forma en que se conceptualiza el hecho que ocurrió el Barracas el 20 de octubre de 2010, con el resultado de la muerte de Mariano Ferreyra y las graves lesiones a otros compañeros.
Esa afirmación, que pretendió ser sólo el inofensivo anuncio de la estructura del largo alegato, puso de entrada sobre la mesa lo que la fiscalía viene defendiendo desde el principio de su intervención en la etapa oral, en la misma línea que su antecesora, la fiscalía de instrucción, que dividió la causa inicial para separar la investigación contra los policías. El argumento es simple: hubo un plan criminal, pero su único actor fue la burocracia sindical. Así, desde la "vindicta pública" se trata de poner a resguardo a los otros dos integrantes de la alianza antobrera, la empresa y el estado. Si bien todo permite avizorar que sostendrán la acusación contra varios policías, será por fuera del marco del plan criminal común, como aporte posterior e individual de un grupo de "loquitos sueltos" o de "ineptos" que no hicieron lo que debían hacer.
Una vez establecido que "son dos causas" y no una sola que se intentó partir para defender a los imputados de uniforme, la fiscal Jalbert acometió una larguísima exposición sobre la forma en que se produjeron los hechos. De nuevo, al tratar el móvil del crimen, quedaron expuestas las diferencias fundamentales con lo que sostuvimos los querellantes. "El objetivo era impedir el corte de la vía", aseguró Jalbert, asumiendo el discurso de las defensas. Silenció, así, la motivación central, que era dar una lección definitiva a los trabajadores que se organizaban sin responder a la conducción burocrática del pedracismo, y ponían en riesgo los negocios comunes de los tres aliados.
A pesar de esa toma de posición, la fuerza de las pruebas exigió que la fiscalía tuviera que avanzar con dureza en las imputaciones a Pedraza, Fernández y parte de la patota. Así, después de repasar cada testimonio, cada pericia, cada escucha y cada cruce telefónico, Jalbert concluyó que, "entre el 19 y el 20 de octubre de 2010, José Pedraza ordenó y consecuentemente determinó a Juan Carlos Fernández para que el día 20 se convocara a trabajadores del Roca para que se hicieran presentes y echaran por la fuerza y con el uso de armas de fuego a los tercerizados. Esa orden se cumplió con el resultado de la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas de los demás querellantes. Fernández ordenó y determinó a Pablo Díaz para que cumpliera la orden de Pedraza, quedando a su cargo los detalles del plan. Díaz, para llevar a cabo la orden, convocó a los trabajadores de los Talleres de Escalada a través de los delegados de la UF, y a Favale, Sánchez y por lo menos un tercer hombre para que concurrieran armados y los determinó para disparar hacia los manifestantes. Una vez en el lugar, Díaz ordenó el avance del grupo para que, con su cobertura, los imputados Favale, Sánchez y al menos otro dispararan, resultando la muerte y las lesiones. Favale y Sánchez (y al menos otra persona más no identificada), en cumplimiento de lo acordado con Díaz, concluyeron el plan causando la muerte de mariano y las lesiones. González y Pipitó realizaron un aporte esencial al plan, que consistió en amenazar y amedrentar a los periodistas de C5N Carchak, Polito y Farías para que no registraran las imágenes del ataque. Gustavo Alcorcel colaboró con Díaz, dando un aporte esencial para el cumplimiento del plan e instó, arengando, a que los ferroviarios se agruparan y avanzaran".
Pasadas las 18:00, el Dr. Gamallo, fiscal coadyuvante designado por la Procuración General, tomó la posta, para explicar, brillantemente, por qué se trata de un homicidio calificado, y no de un homicidio en riña, un homicidio simple o un exceso en la legítima defensa. Con ágiles recursos oratorios que aliviaron bastante al público de las anteriores seis horas de monótono tono, Gamallo ejemplificó la relación entre la Unión Ferroviaria y la Cooperativa Unión del Mercosur como las dos caras de un imaginario títere de mano llamado "Perversus", y recordó la escena del bautismo del hijo de Michael Corleone en la película El Padrino, comparándola con Pedraza de anfitrión en el congreso de latin Rieles al tiempo que se ejecutaba el crimen.
Sin embargo, respecto de González y Pipitó, el fiscal desarrolló una tesis que lo llevó a concluir que no fueron partícipes del homicidio calificado y los homicidios calificados en grado de tentativa, sino de un homicidio simple. Ello permite anticipar que la pena que solicitarán para ambos será sensiblemente menor que la del resto de los acusados.
Ya cerca de las 21:00, la Dra. Jalbert retomó la palabra para explicar que la fiscalía no encontró manera de acusar a los integrantes de la patota Uño y Pérez, los encargados de sacar las armas del lugar, por lo que pidió su absolución, lo que motivó el inmediato reclamo de excarcelación por sus defensores. El tribunal deliberó brevemente, para resolver otorgar la soltura, explicando que el pedido de pena de las querellas -en particular la nuestra, de 25 años de prisión- no era suficiente para mantenerlos detenidos, dado que es sólo la fiscalía la que puede requerir que se mantenga una medida de coerción sobre un imputado. Obtuvo así la patota su primer triunfo en el juicio, gracias a la negativa de contemplar el crimen como un todo, y reducir el análisis a las conductas individuales.
Quedaron pendientes, para la próxima audiencia, los pedidos de pena para quienes fueron sindicados como instigadores (Pedraza y Fernández), coautores (Díaz, Sánchez y Favale) y partícipes en distinto grado (aparentemente, Alcorcel como partícipe secundario del homicidio calificado y González y Pipitó como partícipes necesarios de un homicidio simple), que serán anunciados después de que la fiscal Jalbert y el fiscal adjunto Hugo Boggetti desarrollen su postura respecto de la "otra causa", como denominan a la participación policial en el plan criminal.
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