El 19 de febrero, y con el comisario mayor Lompizano detenido después de su viajecito al sur, se reanudó la agenda del juicio, y empezaron los alegatos de las acusaciones con la querella que representa a la mamá de Mariano Ferreyra. Los abogados del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Alberto Bovino y Maximiliano Medina, a lo largo de unas diez horas, desgranaron cada elemento de prueba para, finalmente, solicitar la pena de prisión perpetua para 14 de los imputados, cuatro años de prisión a cumplir para dos de los integrantes de la patota, y un año en suspenso para uno de los policías. También pidieron que se investigue a otros cinco integrantes de la Unión Ferroviaria cuya participación en el plan criminal que resultó evidente durante el juicio, y denunciaron a otros hombres de Pedraza y algunos policías por falso testimonio.
El Dr. Bovino se hizo cargo de describir el marco general de la explotación del servicio ferroviario y el negocio de las empresas tercerizadas en cuyo contexto se produjo el crimen, y fue el encargado, también de dar algunas precisiones jurídicas sobre la calificación penal y la antijuridicidad de las conductas que analizaron. El Dr. Medina, apoyado en gráficos, fotos y videos, expuso con gran solvencia los hechos, dejando clara la mecánica del ataque, así como la participación policial en el crimen. Al término de la larga exposición, difícilmente quedó alguna duda de que Favale y Sánchez fueron los tiradores; de la responsabilidad, como instigadores, de Pedraza y Fernández, o del rol de resto de la patota, sin perjuicio de la leve pena solicitada para Uño y Pérez, a partir de que los consideraron sólo partícipes secundarios.
La brillante exposición de Medina también expuso el alcance de la participación policial, pero ello fue relativizado por su colega, que aclaró, en una intervención de apariencia netamente técnica, la caracterización política del organismo que representan respecto del estado y el gobierno: "no hace falta que haya acuerdo previo para ser partícipe", dijo el Dr. Bovino en relación a la policía, poniendo al aparato estatal del que los uniformados forman parte a salvo de toda responsabilidad en la gestación y ejecución del plan criminal. Así, todo lo actuado por la policía habría resultado de que "hicieron todo mal", o que "ese día les falló el 'olfato policial'", fórmulas que remiten inevitablemente a las clásicas tesis de errores, abusos, excesos, autonomía de la fuerza, ineficiencia o corrupción individual o grupal y otras que sistemáticamente intentan diluir la responsabilidad estatal.
En la misma línea, y pese a que, hasta con precisa ironía, se refirieron a la relación fluida y amistosa de varios funcionarios del gobierno nacional con los burócratas sindicales, ello no se tradujo en el reclamo de investigación a su respecto. Tampoco solicitaron medidas contra la patronal, UGOFE.
Así, aunque sostuvieron la idea de que existió un plan criminal cuyo objeto era aleccionar a los trabajadores tercerizados de la línea Roca que ponían en riesgo la hegemonía pedracista en el gremio y amenazaban sus negocios, y acusaron a seis de los siete policías como partícipes necesarios del crimen, es decir, dijeron que hicieron un aporte sin el cual no se podría haber consumado el delito, deslindaron al aparato estatal en su conjunto y a la empresa de toda responsabilidad.
El final del alegato, que tuvo pasajes espectaculares en el manejo de las pruebas fílmicas y de audio, fue recibido con un gran aplauso del público, sin dudas merecido por la calidad técnica y la solvencia de los profesionales, cuyo trabajo, dentro de los límites que les impone el posicionamiento político de su organización, fue impecable.
Al término de la audiencia, el tribunal informó que decidieron excarcelar al comisario mayor Lompizano, imponiéndole que cada lunes se presente en su secretaría para dar el presente, y que se mantendrían las medidas dispuestas para que el ministerio de Seguridad garantice la presencia en la sala de todos los policías hasta el día de la sentencia.
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