Juan Carlos "Gallego" Fernández retomó su declaración indagatoria después de haber estado ausente, igual que su abogado, en las dos jornadas anteriores. Debía según su propio deseo, responder las preguntas de las partes y del tribunal.
Como en las audiencias anteriores se habían escuchado sus jugosos e íntimos diálogos con funcionarios del gobierno nacional, así como con sus subordinados de la UF, buena parte de esas preguntas se refirieron a esas comunicaciones, todas posteriores al asesinato, que dan cuenta de la maquinaria puesta en marcha para tratar de garantizar la impunidad de los ejecutores del plan criminal. No hubo experiencia ni cintura que permitiera al burócrata dar alguna explicación verosímil, lo que produjo significativos silencios y tristes intentos con versiones descabelladas.
Quedó bien claro que, con anterioridad a la movilización de los tercerizados, el aparato de la UF y los funcionarios, especialmente del área de Transporte, complotaron en común para "neutralizar" la medida de lucha y, especialmente, para hacer tronar el escarmiento de una vez y para siempre sobre esos díscolos que no se encuadraban en su estructura aliada a la empresa y el estado.
Fernández reconoció su vínculo con el comisario mayor retirado Ricardo Vitali, responsable de la seguridad en el Roca desde la época de Taselli, que estuvo el 20 de octubre sobre las vías, y con quien el burócrata comparte intereses en el club Independiente. Sin el menor apoyo en la realidad, el Gallego insisitó en la tesis infantil de la "autoconvocatoria" de la patota de la Lista Verde y los barras bravas que fueron a "mejorar el servicio", como Favale.
Igual de simplistas y alucinadas fueron las explicaciones que intentó dar para relativizar su férreo control en los ingresos de trabajadores a planta permanente y en el manejo autoritario de su gremio, con expresas instrucciones, por ejemplo, del tipo de "kilombo" que sus hombres debían hacer para desorganizar y amedrentar a los tercerizados.
Algunas de las cosas que dijo, en otras circunstancias, serían graciosas: "Llamé a Pablo Díaz para que se retiraran de Avellaneda, porque los manifestantes son gente muy agresiva". "Nosotros no mandamos a matar a nadie. Sabemos que una cosa así es darle una bandera a estos grupos". "Esta es una porquería que nos han hecho; alguien pensó que era más fácil tirarle el fardo a la Unión Ferroviaria". "Tuvimos infiltrados".
Terminado el patético show del Gallego, decidió prestar declaración Daniel González, el hombre del cuello ortopédico que se ve en los videos corriendo en punta con la patota, y quien, junto a Francisco Pipitó y Juan Carlos Pérez, entre otros, intentaron que los periodistas de C5N no registraran imágenes del ataque.
Repitió la "explicación" de cuantos hasta ahora declararon: "Fui por mi propia decisión, en defensa de los usuarios y de mis compañeros". "Alguien dijo `ahí vienen', y yo corrí, sin saber por qué", "no vi nada porque me quedé atrás", aseguró, desmintiendo las imágenes que lo muestran en la primera línea.
Mintió cuando dijo que no conocía a Favale, y no tuvo forma de explicar las fotos del 6 de septiembre de 2010 en Constitución, que lo muestran pegado al barra brava mientras la Lista Verde hostiga a los tercerizados en el hall de la estación.
El final de la audiencia se dedicó a más escuchas de los teléfonos de Pedraza, con los imperdibles diálogos sobre la maniobra de soborno a los jueces de la Cámara de Casación.
A partir del 4 de febrero, con la inspección ocular y las últimas escuchas, y quizás alguna otra indagatoria, finalizará la etapa de recepción de prueba, y, por fin, comenzarán los alegatos, paso previo a la sentencia.
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