viernes, 5 de abril de 2013

Día 74 - Última audiencia: Réplicas de la policía.(5/4)

La última jornada del juicio estuvo dedicada a las réplicas de las defensas de los policías, que no fueron muchas ni muy trascendentes. La defensora oficial de Lompizano insistió en la existencia de "armas" en poder de los compañeros, a partir de un proyectil sin percutar, calibre 22, que se encontró dos días después del hecho en Luján y Río Limay, esquina a la que, según ella, nunca arribaron los hombres de Pedraza.

Finalmente, el Dr. Álvarez Berlanda, el defensor de Conti que pergeñó la tesis de las "cuestiones políticas no judiciables" para aplicar a los operativos policiales, defendió su afirmación de la injerencia del poder ejecutivo nacional en la actuación de la fiscalía, tanto en la instrucción como en el debate. "Esta causa se escribió en Balcarce 50", había dicho en su alegato, lo que fue replicado por el CELS con tanto énfasis como lo hubiera hecho el propio gobierno. A su turno, el ex fiscal federal que hoy defiende policías retrucó, hábilmente, con un potpourri de declaraciones de la presidenta sobre la causa Ferreyra, incluyendo la que mereció nuestra respuesta en el alegato y ante los medios, cuando dijimos: "No, señora presidenta. La bala que mató a Mariano salió del corazón del estado".

En fin, un pobre intento del defensor por transformar lo que fue esfuerzo del gobierno para protegerse a sí mismo, en alineamiento con los represaliados.

Así culminó la última audiencia, exactamente a 8 meses de iniciado el juicio oral. El viernes 19 de abril, a las 10:00, los acusados tendrán la oportunidad de dirigirse por última vez al tribunal antes de que se de a conocer la sentencia.

Día 73 - Réplicas de las querellas y las defensas de la UF. (4/4)

Como estaba previsto, comenzó la jornada con la réplica de los abogados de la mamá de Mariano, que debieron acotar el largo listado de temas a los que querían referirse por indicación del tribunal, que consideró que muchas cuestiones no se referían a temas "no discutidos". Así, el Dr. Maximiliano Medina comenzó refiriéndose a las mismas nulidades ya tratadas por la fiscalía, asumiendo de esa manera la defensa de lo actuado por la jueza de instrucción y la fiscalía, sobre las escuchas telefónicas que involucraron a un abogado de la Unión Ferroviaria; la intervención a los teléfonos de Favale después de su detención; las indagatorias recibidas con la causa en secreto de sumario; las medidas que llevaron a Favale; la cuestión de los operativos policiales como "no judiciables", los reconocimientos, etc.

Luego, se refirió concretamente a los planteos dirigidos contra su acusación, interpuestos por algunos defensores, por una supuesta "mutación" del hecho imputado, y replicó, también, al defensor de Pedraza, que atribuyó a la familia de Mariano un "objetivo económico" por haber citado, el año pasado, a los imputados a una audiencia de mediación civil para reclamar una reparación material por la muerte.

Después de un breve cuarto intermedio, insumió apenas unos minutos a la compañera Ferrero replicar las dos cuestiones que habían sido planteadas respecto de nuestros alegatos. Una, fruto en el mejor de los casos de un error de atención del defensor de Uño, reclamaba la nulidad de nuestra acusación porque, según señaló el Dr. Igounet, habíamos invocado la representación del compañero Ariel Pintos, el tercer herido de bala. Es claro que una y otra vez aludimos a su herida, como también mencionamos que Mariano fue asesinado, pero sólo formulamos acusación en representación de Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, ya que Ariel nunca se constituyó como querellante. En segundo lugar, fueron varios los defensores que alegaron que nuestra acusación se modificó sobre el final del juicio, porque planteamos que el ataque fue concebido en el marco de un plan criminal dirigido a aleccionar a los trabajadores, y que fueron parte de ese plan los tres enemigos históricos de la clase obrera: el estado, la patronal y la burocracia sindical.

No nos molestó repetirlo, pero lo cierto es que si algo venimos sosteniendo desde el mismo 20 de octubre de 2010, es que mariano cayó enfrentando a esa triple alianza antiobrera. ¿De qué "argumento novedoso" nos hablan?

Por la tarde, hicieron sus réplicas finales los abogados de Pedraza y su patota, sin que apareciera ningún dato de demasiado interés, excepto quizás el énfasis que puso el Dr. Fenzel, defensor de Pablo Díaz, en afirmar "nosotros no vamos a la Casa de Gobierno ni a la Procuración", chicana obviamente no dirigida a esta querella. Así terminó la que sería la anteúltima audiencia del juicio.

Día 72 - Las réplicas de la fiscalía. (3/4)

Una vez que acusadores y defensores terminan sus alegatos, el código procesal habilita las "réplicas", es decir, la refutación de cada parte, en el mismo orden que se alegó, de "los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos". Esa definición bastante inespecífica hace que el contenido de las réplicas sea discrecionalmente establecido, en cada caso, por el tribunal, a propuesta de las partes, para evitar que la ronda de réplicas se convierta en una reanudación de los alegatos ya finalizados.

En esta jornada, la fiscalía respondió varios pedidos de nulidad que hicieron las distintas defensas, muchos de ellos vinculados a la etapa de instrucción, como la realización de indagatorias a los detenidos mientras la causa estaba en secreto de sumario; los reconocimientos de personas por fotografías o videos; la validez de las escuchas telefónicas o la forma en que se llegó a identificar a uno de los tiradores, Cristian Favale. Con apoyo en los aspectos técnicos, la fiscal Jalbert rechazó cada argumento nulificante de las defensas, y defendió lo actuado por sus colegas instructores.

Otras cuestiones estaban vinculadas al debate, como por ejemplo la articulada por el defensor de Pablo Díaz, que se agravió porque, como su defendido no prestó declaración indagatoria en la sala, se leyó la que aceptó brindar en la etapa de instrucción, tal como lo ordena el código procesal.

También respondió la fiscal un planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, que hicieron varios de los defensores, fundados en doctrina garantista que seguramente ninguno de ellos defendería si los acusados no fueran quienes son. Una vez más, como cuando Jorge Rafael Videla invocaba los pactos internacionales de DDHH en su defensa, en la causa por el secuestro y apropiación de hijos de los compañeros desaparecidos, vemos cómo el oportunismo es el único principio que respeta la burguesía.

En la misma línea, la defensora oficial de Favale había impugnado el uso de datos llegados por llamadas anónimas y las "tareas de inteligencia" policiales que llevaron a ubicar al barra brava. Claro que la policía -federal y bonaerense- hizo algo de lo que habitualmente hace, aunque, claro está, no con el mismo énfasis con que usa informes de buches y otras formas de carne podrida en las causas en que los imputados no son sus amigos o amigos de sus amigos, como era el caso de Favale. De cualquier manera, y la fiscal también lo dijo, había más de un camino convergente hacia "Harry", al que los compañeros sobrevivientes describieron desde el primer día como uno de los tiradores, y reconocieron sin dificultad.

Luego, se refirió al uso en la causa de la figura del "testigo de identidad reservada", luego "protegido", ya que las defensas cuestionaron, al unísono, a Benítez, el "arrepentido" que las dos Cristinas, Fernández y Camaño (primera fiscal de la causa) definieron como "el testigo clave" aportado por el gobierno kirchnerista a través del intendente "Barba" Gutiérrez. Un "testigo", por cierto, cuya imagen se repite en la primera línea de la patota, y que por algo no valoramos en nuestro alegato.

Finalmente, se dedicó la fiscal al "hallazgo" del defensor del oficial Conti, el Dr. Álvarez Berlanda -de larga experiencia como fiscal federal- de definir un operativo policial como "acto político no judiciable", es decir, actividad discrecional del poder ejecutivo que no puede ser revisado por los jueces ni objetado en cuanto a su legalidad o ilegalidad.

Después de que la fiscalía pidiera el rechazo de todas esas cuestiones, terminó la audiencia, con el anuncio de que al día siguiente replicarían las querellas y comenzarían las defensas.

miércoles, 27 de marzo de 2013

Día 71, 26 de marzo. Lompizano: todo en uno, y la culpa fue de Mariano.

Y llegó el turno del último alegato de este juicio, en boca de otra defensora oficial, la Dra. Norma Boyssous, que asiste al comisario inspector Lompizano, el jefe de la Dirección General de Operaciones.

El cierre de la etapa de alegatos fue a toda orquesta, ya que la enfática abogada, ratificando que los defensores oficiales tiene la camiseta mucho más pegada al cuerpo que los contratados, hizo un curioso mix de argumentos tomados de las restantes defensas, por lo que su intervención resultó, cuando menos, autocontradictoria y bastante confusa.

Desde luego que mantuvo el nivel de adjetivación abundante de sus predecesores. Habló de “falsedades, lucubraciones, irregularidades, testigos falsos”, y confió que, antes de asumir el cargo, le dijeron “que ésta era una causa sucia, fea, en la que se sabía el resultado antes de comenzar el debate”. Y sí, a veces eso sucede cuando los hechos son tan claros.

Cuando habló de “triste final”, no fue en referencia al asesinato de Mariano, sino a la imputación de su defendido, que, dijo, “¡clama por justicia!”. Y, mostrando bien clarito sus prioridades, afirmó: “Si bien es cierto que hay que lamentar la pérdida de una vida y las lesiones de los heridos, no se puede soslayar el grave perjuicio que se ha ocasionado a la vida de Lompizano y los demás policías, que perdieron su carrera. Lompizano ofreció su vida, 39 años a la institución policial, con una foja intachable de servicios, asumiendo la responsabilidad en destinos complicados, como las comisarías 2ª y 3ª; luego la circunscripción que abarca desde Congreso hasta Retiro y la DGO”. Carrera jalonada, agregamos nosotros, por cuanta represión hubo en Plaza de Mayo (cria. 2ª), Tribunales (cría. 3ª) y que culminó, en diciembre de 2010, con el operativo en el Parque Indoamericano, con tres muertos.

Decíamos que la defensa del comisario fue autocontradictoria, porque la Dra. Boyssou y su defensor adjunto, se dedicaron pendularmente a desarrollar dos argumentos contrapuestos. Por una parte, sostuvieron que no había ningún indicio que pudiera indicar al comisario que existía algún peligro; que nada permitía imaginar lo que iba a pasar; que el clima era de absoluta calma y tranquilidad y no había razón para estar más atentos. Pero, por la otra, se despacharon con el argumento contrario, acusando a los manifestantes de una “autopuesta en peligro”, porque fueron a confrontar, a provocar, a privar del uso del tren a los usuarios, estaban armados y beligerantes. ¿En qué quedamos?

Siempre en la ida y vuelta de argumentos contradictorios, otra línea explotada por la defensa de Lompizano fue afirmar que el operativo policial era “chico”, para lo cual lo comparó con los que se acostumbra montar en el puente Pueyrredón en los aniversarios de la represión del 26 de junio de 2002... forzada comparación, si consideramos la magnitud de las distintas movilizaciones.

La defensora oficial no le hizo ascos tampoco al juego del Gran Bonete. Lompizano “estaba ciego” porque los que estaban en el lugar (Mansilla, Ferreyra, Garay) no le informaron bien. Además, los que modulaban eran Echavarría y Conti, él estaba en su despacho “y no podía estar en todo, no está obligado a mirar todo el tiempo las imágenes y escuchar las modulaciones”. Y, además, “Los policías son personas, también Lompizano tenía que comer, ir al baño, hablar con su familia...”.

El alegato llegó a su climax cuando la funcionaria se despachó con la tesis de la “autopuesta en peligro” de Mariano y sus compañeros. “¿Para qué llevaron palos y gomeras? Tenían armas propias, contundentes, palos, gomeras, proyectiles de metal y piedras. Estaban en un lugar donde no estaban privados de auxilio, los heridos fueron trasladados en una ambulancia privada. Fueron a confrontar, a molestar a los usuarios que dependen del tren para trabajar. ¿De qué desamparo hablamos?”.

Y avanzó más: “Se les ocurrió tratar de cortar las vías sabiendo que estaba la federal arriba y la bonaerense abajo. Estaban dispuestos a confrontar. Iban armados, con violencia, agrediendo. Iban a cometer un delito. Además del art. 194 (interrupción del servicio) se les debió aplicar la ley antiterrorista, porque causaron terror público. Estas organizaciones piden que se derogue esa ley porque es lo que hacen ellos. Hablan de cordón de “autodefensa” cuando fueron ellos los que fueron a cortar el servicio. ¿Autodefenderse después de una agresión ilegítima de ellos? Son organizaciones que tienen un sistema coordinado de “defensa” y estaban dispuestos a atacar”. En ese marco, afirmó, la policía montó una “vigilancia discreta” para no provocar...

Genialmente, nos explicó que no hubo liberación de la zona (insistimos en que fue más que eso para esta querella) porque “sabían que había llegado un canal de TV, y no se libera una zona con cámaras en el medio. Se debe recordar que el periodista es un testigo”, lo que explica el rol de González y Pipitó en el plan común, apartando a las cámaras, por suerte ineficazmente.

Sin dudarlo, también arremetió contra la difusión pública de las instancias del juicio a través de páginas y blogs en Internet (como éste), a lo que llamó “amarillismo político”, y lanzó una conclusión impresionante: “Hablan de represión coordinada y deliberada. Pero la policía se mantuvo expectante a fin de no criminalizar la protesta. No se puede hablar de represión, y mucho menos deliberada y coordinada. Los policías siempre estuvieron presentes, controlando, siguiendo de cerca, disuadiendo, persuadiendo. Si hubiera habido un plan previo, no hubieran dicho las cosas que dijeron y que quedaron grabadas….”, confesión involuntaria de que las modulaciones los entierran hasta el cuello.

Después vino el turno de minimizar los resultados: “Las heridas más graves fueron por rebote. Si hubieran ido a matar hubieran matado, no hubieran lesionado. Los que dispararon no pudieron prever las leyes de la física que modificaron el punto apuntado y el lugar del impacto, igual causaron heridas leves. No fueron tres tentativas de homicidio, Aguirre y Pintos tuvieron heridas leves y el disparo que hirió a Elsa fue un rebote”, macaneó, pues las pericias indican que el tiro de Elsa fue directo. Quedó una pregunta flotando en el ambiente: ¿Será que Mariano está vivo y viviendo en Cachemira?.

Terminó la defensora oficial tratando de aplicar la teoría de la “adecuación social de la acción”, trayendo en su apoyo el discursito kirchnerista de la “no criminalización de la protesta”, la verticalidad jerárquica de la policía, y una conclusión que esta querella comparte: “Con ese criterio, habría que imputar a Aníbal Fernández”…. ¡eso hicimos!

Después de pedir la absolución de su defendido, se refirió a “una cuestión que me duele personalmente, y mucho, que me afectó mucho, a partir de que el 15 de febrero el comisario Lompizano no vino a la audiencia porque su señora tenía una crisis depresiva”. “Me dolió lo injusto de la detención, porque el tribunal cambió las reglas del juego, y me molestó mucho que una de las querellantes dijo que se fue de vacaciones”, lloriqueó, en referencia a la jornada en que el comisario no apareció y se supo que estaba en San Martín de los Andes. “No son reglas de juego limpias. El pobre hombre estuvo preso hasta el martes y esa situación generó una disminución del cobro de su salario. Los medios manejan información ficcional, y hasta se ha panfleteado el lugar donde da clases”, se quejó, en alusión a la campaña de Ademys y otras organizaciones para denunciar que el santo varón es titular de cátedra en el profesorado de Educación Física de la Ciudad, el ISEF Nº 1 "Romero Brest".

Y con semejante defensa de la represión tercerizada, se cerró la etapa de alegatos en este histórico juicio.

Por la tarde, la fiscalía y las defensas anunciaron los temas que serán objeto de réplica por su parte en las audiencias del miércoles y jueves próximo. Después, sólo quedará alguna dúplica de las defensas, las últimas palabras, y será el turno de que hablen, por fin, los jueces.

Día 70, 22 de marzo. La policía se defiende: Garay, Conti y Villalba.



1. Segunda parte de una “defensa oficial de trinchera” sin manguera.

Toda la mañana en la jornada de hoy se invirtió en seguir escuchando al defensor oficial Mariano Maciel, que siguió (y siguió, y siguió...) defendiendo al subcomisario Garay, el hombre que estaba a mitad de camino entre la patota y los compañeros, y corrió sus patrulleros para habilitar el ataque.

¿Qué estoy haciendo acá defendiendo al subcomisario?”, se preguntó, angustiado, mientras sostenía que Garay estuvo fenómeno al mantenerse quietito a un costado, en lugar de intervenir, porque “lo de Kosteki y Santillán ocurrió porque la policía sacó las armas, que es lo que acá no hicieron”.

Con increíble imaginación, si pensamos que estaba hablando de una calle desolada de Barracas, con la calzada ocupada a 300 metros por los compañeros que se reponían del primer ataque, el Dr. Maciel dio una versión novedosa de por qué el subcomisario movió a un costado los patrulleros a su cargo, abriendo el paso a la patota: “Su obligación, por la Orden del Día nº 70, era habilitar el tránsito vehicular”...

Finalmente, cuando ya creíamos que debíamos seguir oyéndolo por la tarde, cerró su alegato: “Creo haber agotado todos los puntos de la acusación”, dijo esperanzadoramente (en realidad, nos había agotado a todos), “y aclaro que ésta es una defensa oficial de trinchera”.

Pero lo mejor estaba por llegar: “La situación de Garay, que no podía usar el arma reglamentaria, era como un bombero sin manguera… él pidió una manguera, pero no se la dieron... Su obrar fue inmaculado, tuvo la infinita e intensísima desgracia de ser convocado al lugar por el llamado del cabo Maldonado, quedó con patrulleros armados en medio del tumulto, pero gracias a que evitó no usarlos no hay que lamentar otros daños...”.

Nos tuvimos que contener para no gritar ¡Gracias, subcomisario Garay!

2. Conti: “La decisión se toma en el poder político”

El Dr. Jorge Luis Del Valle Alvarez Berlanda es el defensor del oficial inspector Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, el tercer hombre en la sala de situación, que moduló instrucciones clave como la orden al subcomisario Garay de “ir por POC” (=llamar por celular, que no queda grabado) cuando la patota bajó del terraplén y el subcomisario, distraído, pidió apoyo.

Con tanto nombre, fue algo difícil concentrarse, especialmente en la primera parte de su alegato dedicado a fustigar la “presión de la prensa”, a la que atribuyó que jueces y fiscales se “apuraran para llegar a juicio a cualquier costo”.

Pese a todo, el defensor dijo una gran verdad que esta querella ha señalado siempre que pudo: “Esta causa catapultó a Cristina Camaño Pais al ministerio”. Aunque él otorga el mérito a la instrucción, y nosotros sostenemos que fue la prolija defensa de la policía, con la división de la causa, y la protección sin fisuras a los funcionarios oficiales lo que le ganó la promoción a la hoy funcionaria del ministerio de Seguridad.

La siguiente hora y pico se fue en ditirambos contra la fiscalía de instrucción, la jueza de primera instancia, la cámara... y nuestra querella, desde luego, a la que reprochó haber reclamado una “sentencia aleccionadora”.

Luego, el Dr. Jorge Luis Del Valle Alvarez Berlanda se dedicó a las matemáticas, contando cuántos televisores había en la sala de situación para ver en directo los hechos, y cuántos policías en el lugar, si 90 (contando a los que fueron estacionados en Avellaneda) o “sólo” 51...

Después vino el clásico recurso de echar las culpas para arriba, abajo y los costados. “Conti, en la sala, tenía un punto de ceguera por falta de información. El cabo Maldonado llamó al 911 de su celular particular denunciando una ‘incidencia de proporciones’ cuando fue el primer incidente a las 12:10, pero fue poco claro, si hubiera explicado bien, se hubiera mandado más gente...”.

Ya que estaba, repartió también a la bonaerense, quejándose de que nunca se los citó... cosa que esta querella viene reclamando desde el mismo 20 de octubre, pero, claro, el detalle se le escapó.

Más adelante, directamente confesó que su defendido, y todos los demás policías, cumplieron órdenes de sus jefes: “En la casa de Tucumán, la policía no actuó hasta que dieron la orden. La decisión se toma en el poder político, allí se decide si se tolera la movida, como contra la casa de Tucumán o si los sacan a patadas, como a los docentes de Santa Cruz”.

Sobre la tarea puntual de su defendido, dijo que el operador “es un mero transmisor de órdenes recibidas”, cual autómata que no piensa, y reivindicó claramente la obediencia debida: “Las órdenes no se discuten, sólo se pueden pedir aclaraciones”.
Pidió, desde luego, la absolución de su defendido.

3. Villalba: “Pesó más acusar a un policía que valorar la prueba”.

La Dra. Valeria Corbacho, que cuando no defiende policías como el agente Ismael Villalba, el camarógrafo, y tantos otros (es la defensora del cabo Segovia, asesino de Mauro Vega, el murguero de Chacarita) se dedica a personajes como Fernando De La Rúa, pidió de entrada la absolución de su asistido, ayudada por la falta de acusación de la fiscalía y la leve pena pedida por la querella del Cels.

Villalba actuó conforme leyes y reglamentos, y cumplió su tarea eficazmente. El material fílmico que obtuvo fue determinante para que este juicio se pudiera hacer”, aseguró. Casi nos levantamos a darle un beso al policía que dejó de filmar justito cuando se produjo el ataque.

A nuestra querella, que requirió para su defendido la misma pena que para el resto de los acusados, el máximo que teníamos disponible, 25 años de prisión, le dijo de todo: “Quedé sorprendida ante una acusación semejante, carente de honestidad intelectual, falta de fundamentación fáctica y dogmática, meramente especulativa”.

En materia de hechos, más de lo mismo: “Nadie le dio la orden de bajar de las vías, tenía que racionalizar el uso de baterías, no podía bajar para filmar de más cerca”.

Y cerró como arrancó, declamando al inocencia del policía.


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martes, 26 de marzo de 2013

Día 69, 21 de marzo. La policía se defiende: Largo, insustancial e inconcluso.

El Dr. Mariano Maciel, defensor oficial del subcomisario Rolando César Garay, segundo jefe de la comisaría 30ª de la PFA, mostró hoy que ni su estilo ni sus ideas cambiaron mucho desde que defendió, hace ya unos cuantos años, al autor del triple crimen de Floresta, el policía Velaztiqui, aquel que fusiló tres chicos en una estación de servicio el 29 de diciembre de 2001, porque lo ofendió que los muchachos celebraran la imagen en directo, por TV, del cacelorazo contra el presidente Rodríguez Saá, en el momento en que un policía motorizado que cargaba contra los manifestantes fue derribado por los compañeros del SIMECA, que le hicieron probar alguito de su propia medicina. Si entonces su línea de defensa fue la inimputabilidad por "emoción violenta", y alegó que su defendido padecía "stress de batalla" o "neurosis de guerra" por sus "experiencias" como policía durante la dictadura, esta vez el argumento central fue que no había clima hostil, no había hipótesis de conflicto, todo estaba calmo y tranquilo, y, por lo tanto, Garay hizo lo correcto.

Así, explicó, con su habitual énfasis -casi a los gritos, seamos sinceros- que si el subcomisario ordenó mover los patrulleros que estaban cruzados sobre la calzada para correrlos a un costado, fue ¡porque su primera obligación, conforme cierta Orden del Día, era restablecer la circulación vehicular! El pequeño detalle no explicado, es que, a doscientos metros, había decenas de personas ocupando la misma calle, comenzando a retirarse.

"A Garay lo engancharon porque desde el primer día se instaló la tesis de la liberación de zona, con la idea de voltear a todos", dijo indignado, y se quejó de que la fiscalía no se hubiera dado cuenta, aclarando que no le reprochaba lo mismo a nuestra querella, porque, como los manifestantes, "Son de izquierda y ya sabemos lo que piensan de la policía".

Las largas y agotadoras horas que siguieron se destinaron a criticar a todos los testigos, tanto manifestantes como transeúntes, vecinos y periodistas. No se salvó ninguno sin uniforme, todos una reveranda manga de mentirosos, complotados para jorobar a los hombres de azul en general, y al subcomisario de la 30ª en particular. "Esto está todo inflado, es evidente que fue súbito y vertiginoso, por eso los policías no atinaron a hacer nada".

Por el medio de su interminable discurso, decidió que "todos los heridos fueron de carácter leve, después de la primera gresca hubo dos heridos, un par de mujeres (Nancy Jaramillo y María Villalba) con un rasguño en la cara, y Elsa Rodríguez con un golpe en la mano, se habrá resbalado. Y de hecho, al final, cuando Ariel Pintos le mostró la herida al subcomisario, y éste pidió ambulancia, Pintos se fue, se tomó un colectivo y a la hora estaba dando notas a los medios en Callao y Corrientes". Como con otros defensores, dieron ganas de interrupirlo para recordarle que Mariano está muerto, y Elsa todavía en silla de ruedas, pero lo dejamos seguir, porque de nuevo nos tocaba a nosotros: "La Dra. Verdú poco menos hizo un curso de medicina legal para describir la herida de Pintos, y él lo que hizo fue bajarse los lompas (sic) e irse. Pintos dejó de garpe al subcomisario Garay y se fue a mostrarle la herida a Carchak, y después a Callao y Corrientes.Tan grave no estaba...y ¡Garay pedía ambulancia para él!".

Siguió, con una retahíla de repeticiones eterna, argumentando que el "pobre Garay secuestró el proyectil .38 que se comparó con el obtenido en la autopsia", algo que aparentemente deberíamos agradecerle con la impunidad, y no se rpivó de mostrar a fondo su calaña, la misma de su defendido: "A mí también me duele la muerte… pero el médico Wul (militante del PO que trató de asistir a Mariano y viajó con él en la ambulancia) dijo que Mariano moría seguro... no sé qué se reprocha a mi defendido... ¿qué querían que hiciera Garay, llevarles agua para el mate?".

Cuando llegó a la parte del Gran Bonete, tiró para arriba, hacia el comisario de la 30ª, Catalán, al que esta querella pidió que se impute. "Cuando llegó el comisario Catalán, Garay estaba pintado, ya no era responsable". Y también para abajo: "La querella de los heridos dijo que el cabo Ortigoza, que estaba con los manifestantes, era los ojos y oídos de Garay. Ortigoza es un hombre de la brigada, y los que tenemos 30 años acá sabemos lo que es ser de la brigada...".

Desde luego, también usó el mismo argumento falaz de los demás defensores de policías: Si los compañeros atinaron a armar un cordón de seguridad, y tenían algunos palos y gomeras, no estaba desamparados... Así siguió, desde las 10 de la mañana hasta las seis de la tarde... y no terminó. Sigue mañana, a las 10:00.

Día 68, 19 de marzo: La policía se defiende: Sigue la ronda del "¿Yo, señor? ¡No, señor!"

1. Ferreyra: 
"Los acusadores son crueles cuando reclaman que la policía debió impedir el ataque", afirmó el Dr. Carlos Ignacio Ríos, defensor del comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca de la PFA al 20 de octubre de 2010, quien, junto con el comisario Luis Osvaldo Mansilla, Jefe de Control de Líneas, estuvo sobre las vías, al lado de la patota asesina, a la ida y a la vuelta.

Otra de las afirmaciones escandalosas que se le escucharon a este defensor fue: "¿Cómo iba a saber la policía que el grupo de activistas armados (¿?) no podría defenderse de un ataque como el que sufrieron?".

El descarado recurso de responsabilizar a las víctimas, se completa con otros despropósitos: "los tercerizados modificaron su plan original y caminaron a un costado de las vías", (nunca dijo que los hombres de Pedraza coparon el terraplén y desde arriba empezaron a agredirlos), y "esos mismos tercerizados estaban armados y portaban bates (¿de beisbol?), la gresca comienza porque querían cortar las vías y de hecho subieron el terraplén" (nunca dijo que las amenazas que profirieron Pablo Díaz y el resto de la patota obligó a cambiar el rumbo de la actividad, ni que el intento de subir al terraplén, cuando no se veía al grupo de choque, fue repelido a pedrada limpia).

El Dr. Ríos trató, todo el tiempo, de instalar que la improvisada reacción de los compañeros, al formar un cordón para aguantar el ataque, eximía a la policía de toda responsabilida den el ataque. Con el criterio de un sheriff del lejano oeste, sostuvo que, si los tercerizados pudieron armar una elemental autodefensa, nada malo hizo la policía al garantizar el ataque y proteger la retirada.

Con este razonamiento, quedó más que expuesto el verdadero sentido de la presencia policial en el lugar: aparentar y parecer mientras contribuían al plan criminal.

Enfático, pero no por eso creíble, el Dr. Ríos trató de explicar por qué, cuando la PFA contaba con unos 90 hombres con todo tipo de aprontes bélicos (como los carros hidrantes y motbomba) a menos de 5 minutos dle lugar, no movieron esa fuerza, que permaneció casi seis horas a menos de 800 metros del escenario del crímen: "No se sabía qué iban a hacer los manifestantes, por eso no podían moverse". Confirmando que la única "preocupación" de los policías eran los tercerizados, resultó bien ostensible que nunca se preocuparan sobre qué iban a hacer los ferroviarios, pese a que, todo el tiempo, su defendido estuvo custodiàndolos y compartiendo con ellos las vías.

Hasta llegó a afirmar, desafiando toda la razón y lo que muestran las imágenes recabadas, "No admito la acusación porque los policìas no sabían quién de los dos grupos eran los agresores". Luego, pidió "terminar con esta idea peregrina del plan, una idea meramente política propia de un comentario de café como hablar del cáncer que le inocularon a Chávez, como decir que Hitler vivió en la Patagonia o que Yabrán está vivo". Y remató: "Si hubiera existido un plan, ¿por qué sus defensores no se reunieron para trazar tácticas comunes?"

Olvidó el enfático defensor que, por algo menos de un año, su ahora cliente fue asistido institucionalmente por los abogados del ministerio de Seguridad de Nilda Garré, y que fue esta querella quién denunció ese aval político, motivando que los mandaran renunciar para cuidar las formas. Claro, un año fue tiempo suficiente para dividir las causas, para morigerar las probables imputaciones y para delinear un plan defensivo común a los policías, que es el que caracterizó su alegato y que coincide con lo expresado por el ministro Aníbal Fernández a días del hecho: "Los policías no sabían, no tenían idea, actuaron correctamente, fueron amoldando su actuación a las circunstancias".
Y una perla que deja en claro de qué lado estaban los uniformados: "¿Qué había que hacer después -se preguntó- detener a los que volvían, detener a un grupo?".

A un costado del que alegaba, separados por un estrecho pasillo que divide a acusadores de defensores, estaba sentada la madre de Mariano Ferreyra. El abogado del comisario pretendió conmover con estas palabras: "Más de una vez el comisario debió poner el cuero, y hoy ve en riesgo su jubilación.". La distancia moral entre unos y otros, es enorme.

2. Echavarría:
Cosas de Dios y la política , una facha...de muy poco inocente.

"Plan criminal pudo ser el que armó el Polo Obrero para tener un muerto, una demanda por daños y perjuicios y prensa durante dos años", provocó el Dr. Hilario Lagos, ex defensor oficial y hoy abogado particular del subomisario Luis Alberto Echavarría, uno de los responsables del manejo de las modulaciones desde la sala de situación de la Dirección General de Operaciones de la policía federal. El que todos oímos, cuando se pasaron las grabaciones de las comunicacione spoliciales en la sala, ordenando al subcomisario Garay "Nos replegamos" en el instante en que comenzaba la corrida del grupo de choque.

El defensor inició su inconsistente y mediocre alegato "invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia", y se dedicó, por largo rato, a fustigar a la fiscalía y al tribunal, a los que acusó de "infiltrados por la política". "Cuando la política entra en los tribunales, la justicia huye despavorida", dijo con grandilocuencia, en un elíptico reconocimiento del crímen de Mariano Ferreyra como crímen político, que mantiene a muchos de sus responsables afuera de los tribunales, y a su propio defendido como un esbirro de esos responsables. Por algo preguntó: "¿de qué plan hablan? ¿Acaso el policía Echavarría representaba al gobierno?" .

Nosotros respondemos: al estado, Dr. Lagos, al estado, que el gobierno administra, y que usa a los tribunales y a su aparato represivo para descargar sobre los trabajadores la política que los empresarios (sus mandantes) les han delegado.

Como los anteriores defensores de policías, el invocante de Dios cumplió su rol en el juego del Gran Bonete: su pupilo al parecer, tampoco tuvo nada que ver.

La DGO, pese a tener al tercer hombre de la Federal en su dirección, es para el abogado una mera instancia burocrática: sólo coordina, no implanta ni ordena el servicio, no pudo tener certeza de la agresión. Y puesto a explicar lo que ocurrió el 20 de octubre, provocó, con tono grave, pero no menos patético: "No se investigó la hipótesis que en la guerra se llama "teoría del fuego propio.". Ridícula hipótesis, que ni por asomo, nunca, nadie, deslizó seriamente en el debate.

Finalizó su pobre defensa con un reproche para una conocida nuestra: "Estoy preocupado y asustado porque la Dra. Verdú dijo que los policías eran unos privilegiados ya que no estuvieron presos". La compañera molesta, es punzante y agitadora, pero nunca miente. ¿Acaso los policías no vinieron libres al juicio gracias a los manejos políticos que suelen espantar al asustadizo defensor? Y completó: "La defensa es un juramento que me relaciona con Dios" . Hizo bien, por ahí con ese señor su pupilo tenga mejor suerte.

lunes, 18 de marzo de 2013

Día 67 - La patota termina su defensa, entra la policía. (15/3)

1. Uño, el último de la patota.

Después del mediodía, llegó el momento que todos esperábamos: el alegato del Dr. Igounet, defensor del patotero Guillermo Uño, el abogado que más incidencias y carcajadas arrancó durante el juicio, como cuando confundió el MIR con el MIR chileno, y creyó que había descubierto la pata guerrillera en la movilización de los tercerizados.

Sobre los hechos, después de reiterar el relato amañado de los demás defensores de la patota –excluyendo a la defensora de Favale, claro-, se dedicó a caracterizar como "malas personas" a los testigos que señalaron a su defendido como uno de los que sacaron las armas del lugar.

Volvió, como durante todo el debate, con sus alegaciones contra "los que usan molotovs y armas de fuego", haciéndose el distraído, de nuevo, sobre el resultado final de los hechos de Barracas, que bien distintos hubieran sido en tras circunstancias.

Aseveró que la jueza de instrucción "trató de satisfacer" a la mamá de Mariano, cargó contra la fiscal, y se quejó de que no se investigó a los manifestantes, de nuevo con su delirio sobre francotiradores, tumberas y heridos de bala del lado de la Unión Ferroviaria, que vaya uno a saber por qué nunca aparecieron.

En ese punto, aseguró que un ferroviario de apellido Garro tuvo una herida de bala en la mano, aunque no explicó por qué, cuando ese hombre estuvo presente y listo para declarar en la sala, el Dr. Igounet, que lo había ofrecido, prefirió mandarlo de vuelta a su casa sin interrogarlo...

Hubo pasajes en el alegato que no se pueden comentar, sólo es posible transcribirlos textualmente: "Quise preguntar cuál es la diferencia entre el Partido Obrero y el Polo Obrero, pero no se me permitió. El Polo Obrero es una fracción trotskista del Partido Obrero. Los trotkistas son grupos armados, van por la lucha de clases. El Polo es el brazo armado del PO, que es internacionalista".

¡Agarrá los libros que no muerden!!

2. El comisario Mansillase defiende: "La policía es el brazo armado del poder político, y el que dispone del poder político es el Poder Ejecutivo".

El muy formal Dr. Raúl Bednarz fue el primer defensor de los policías acusados en exponer su alegato de descargo. Con gran solemnidad, comenzó señalando que no podía empezar sin "destacar el terrible hecho que originó este proceso. No tenemos palabras para calificar el horror, la tragedia, la barbarie que realmente repudiamos y tenemos que dejar constancia de esto".

A renglón seguido, soltó que "no es justo que se haga pagar a justo por pecadores", y, a contramano de su ditirámbico repudio a la "pérdida de la vida de un joven en la primavera de su vida, y las graves heridas de una señora", se mandó derechito a defender corporativamente a todo el aparato policial.

El caballito de batalla de todo el alegato fue la pretendida política de "no criminalización de la protesta social" del gobierno kirchnerista, al que defendió con uñas y dientes, aunque, claro está, se hizo bien el otario con las dos decenas de asesinados en movilizaciones populares desde 2003.

"La policía ha hecho realmente malabares para poder llevar a cabo esa tarea con perjuicio muchas veces de la vida de ellos, de lesiones, como hemos visto incluso hace poco tiempo", largó, y a más de uno se le piantó el lagrimón pensando en esos abnegados funcionarios estatales, que dan la vida por el prójimo, y nunca, nunca, secuestran, matan, torturan, violan, venden merca, trafican autos y personas ni extorsionan.

"No se trata de autómatas que les ponen un chip con las órdenes del día para que operen en los operativos. Son seres humanos que tienen que elaborar las situaciones, analizarlas, sopesar los riesgos que su actuación puede provocar por lo que su actuación puede originar", explicó, con tanta claridad que nos levantamos y fuimos corriendo a disolver CORREPI.

"Ninguno de los policías que están aquí acusados incumplieron la ley. Al día siguiente, el titular de la cartera en ese momento, Aníbal Fernández, en un reportaje en Radio 10, defendió al conducta policial. Y es un hombre que sabemos es un hombre realmente informado", remató. "Hubo un sumario administrativo, la conducta fue juzgada desde la misma fuerza y desde el mismo ministerio como ajustada a derecho", agregó. Claro, porque cuando matan, torturan, violan, trafican o extorsionan, enseguida vienen el ministro y asuntos internos a denunciarlos...

Con angustia inocultable, el Dr. Bednarz explicó que, a tal punto la conducta policial fue juzgada correcta por el Ministerio, que sus abogados de planta asumieron las defensas de los oficiales acusados. "Pero el 12 de noviembre, por orden ministerial, se les ordenó a los abogados policiales que renunciasen. Sin más, sin que hubiese habido cambio alguno. Como consecuencia de esa renuncia, el pobre Mansilla no tuvo más remedio que contar con nuestra asistencia", ironizó. Corta memoria, la del abogado. La ministra Garré ordenó que renunciaran los abogados del ministerio cuando nuestra querella lo denunció, públicamente y ante la cámara de apelaciones. Claro que algo había cambiado. Éramos parte en la causa, y reconocemos los abogados del ministerio de Seguridad cuando los vemos, porque son los que defienden a cuanto policía gatillero o torturador hay en la federal.

Luego, vinieron las falacias para tratar de desmentir la avalancha de elementos que muestran la participación policial en el crimen, y un argumento excepcional: "Como la policía depende del poder ejecutivo, su conducta en el ejercicio de sus funciones está exenta de control judicial. Son actos de gobierno no judiciables, que no pueden ser revisados por quienes no entienden de táctica y estrategia en un operativo". A esa afirmación, nosotros la llamamos garantía de impunidad.

"Los operativos policiales están en manos de especialistas, y no pueden ser juzgados el día después", continuó, no sin acusarnos de "malversar la prueba", y de citar a doctrinarios jurídicos amigos de cuanta dictadura hubo en las pampas, como Bidart Campos, o de traer en su apoyo ni más ni menos que fallos de jueces yanquis, naturalmente favorables a la impunidad policial.

"La policía es el brazo armado del poder político", confesó, "y el que dispone de ese poder político es el poder ejecutivo". ¿Hace falta algo más para probar que la bala que mató a Mariano salió del corazón del estado?

"Había dos sectores, y uno no era muy adicto a los policías, esto se ha visto acá con los testigos. No son amigos de la policía. Se vio en la casa de Tucumán", dijo, en referencia al repudio popular al fallo absolutorio a los desaparecedores de Marita Verón, y dejando claro, por la negativa, que el otro sector sí era "amigo de la policía".

"La policía no tenía que intervenir, porque luego dicen que no se permite manifestar", dijo sin ponerse colorado. "La actitud de la policía federal fue extraordinariamente cauta, porque en vez de no criminalizar la protesta, hacía lo que tenia que hacer, en tolerancia cero del delito, habría tenido que detenerlos, secuestrar elementos y ponerlos a disposición de la justicia. Y no lo hicieron", confesó de nuevo.

Y, cerca del final, lanzó otra provocación: "Estamos en un caso de autopuesta en peligro. Ellos sabían a lo que se exponían. Nadie puede invocar su propia torpeza".

No se asombren, falta seis alegatos policiales todavía.

Día 66 - La patota se defiende: Claudio Alcorcel, Jorge González y Juan Carlos Pérez. (14/3)

1. Alcorcel: "Había un plan de radio ilimitado, no plan criminal. Que no se me malentienda".

Las muy elegantes Dras. Pignone y Arce, defensoras de Claudio Alcorcel, el hombre con la cabeza rapada que aparece en los videos arengando a la patota para que avance hacia el grupo de compañeros que se desconcentraba, continuaron la ronda de alegatos de la patota.

En primer lugar, mientras la Dra. Arce nos ilustraba acerca del funcionamiento técnico de un aparato tipo Nextel, explicando que comienza a marcar segundos a partir que se abre el canal de comunicación, aunque no se esté ya hablando, la Dra. Pignone, celular en mano, recorrió la sala, mostrando a los jueces, fiscalía y querellas la pantalla del aparatito...

Lamentablemente para Alcorcel, la elocuente clase práctica no alcanzó a explicar por qué hubo docenas de intentos de comunicación entre Alcorcel, Díaz y Favale antes y después del ataque.

Fue brillante el cierre de ese tramo del alegato: "Había un plan de radio ilimitado, no plan criminal. Que no se me malentienda".

Otro hallazgo de las letradas fue aclarar que todos los que dijeron no conocer a Favale y después quedaron abrochados con decenas de llamadas y mensajes, se desorientaron porque no le decían "Favale", sino "Cristian de Varela"... por fin entendimos...

A continuación, las abogadas de Alcorcel nos enseñaron qué quiere decir "arengar" y qué quiere decir "comunicarse", con citas de sociólogos y antropólogos sobre el "comportamiento del hombre-masa" (curiosamente, omitieron a Ortega y Gasset, y, de nuevo, no explicaron cómo es que tenemos cuatro heridas de bala, una fatal, del mismo lado).

"Si una persona está en un ambiente de gritos y saltos de mucha gente es natural hacer lo mismo", dijeron. Ahora entendimos. Pobre Alcorcel, preso hace dos años.

Siguió el absurdo relato de que Alcorcel se pidió el día en el trabajo para visitar a la novia, pero pasó por Avellaneda, vio luz y subió.

"Si querían protestar no hacía falta que marcharan, podían encadenarse, por ejemplo", sugirió la Dra. Pignone, evidentemente con mucha experiencia en luchas y movilizaciones.

No faltó el alegato emocional, con la esposa que lo abandonó y no deja que la hija lo visite en prisión, y un cierre a toda orquesta, con la imagen de la estatua que simboliza la justicia en las pantallas, y una exhortación a que sea "equitativa".

2. González: "Presencia legítima".

La Dra. Grissetti, defensora del "hombre del cuello ortopédico", Jorge Daniel González, volvió sobre el argumento de la instrucción amañada y las nulidades. Se quejó de que a todos los imputados se le endilgó, en la indagatoria, la misma conducta. Grave hubiera sido que, como partícipes todos de un mismo plan, se los acusara por distintos hechos...

La defensora estructuró su alegato en capítulos. Primero se refirió a lo que llamó "la legitimidad de la presencia de los ferroviarios y mi asistido en el lugar de los hechos". En segundo lugar, al "clima de exaltación y confusión en el momento del hecho". En tercer término, trató la conducta puntual que se reprocha a González, respecto de la amenaza y coacción sobre los periodistas, insistiendo en que fue una amable conversación, exigiendo legítimamente derecho a réplica... ¿alguien no vio el video?

Finalmente, se dedicó a la calificación legal, al homicidio calificado, y, de nuevo, a la historia de la "riña".

Sin mucho más desarrollo, pidió la absolución del patotero, y cerró afirmando "La política no debe tener lugar en la justicia". Si realmente cree eso, la Dra. Grissetti debe ejercer la profesión con habitualidad en Marte.

3. Pérez: "Lesiones culposas".

El Dr. Laporta, defensor de Juan Carlos Pérez, tuvo una tarea sencilla. Es que la fiscalía no acusó al hombre señalado como quien sacó, junto a Uño, las armas del lugar, y la querella de la familia de Mariano sólo le reprochó un encubrimiento, compensable con un añito de prisión en suspenso. Sólo nuestra querella lo consideró un partícipe esencial en el plan criminal, y reclamó la pena de 25 años de prisión.

Sin sorpresas, el defensor arrancó desacreditando al testigo Sotelo, el psicólogo que presenció los hechos, y vio el pasamanos de las armas, cuando salía de la casa de sus amigos y clientes, a la vuelta de la calle Pedro de Luján.

Naturalmente, se dedicó largo rato a castigar nuestra querella, planteando cuanta nulidad le vino en mente, y tergiversando los hechos. Volvió con el argumento del "tiro al aire" y planteó que, en el caso de Nelson y Ariel, fueron "lesiones culposas". ¿Y Mariano? ¿Y Elsa?

Así, con el terreno alisado por la fiscalía y la otra querella, pidió la absolución de su defendido.

Día 65 - La patota se defiende: la defensa de Favale confirmó el plan criminal. (12/3)

"Los imputados, en sus indagatorias, decidieron negar que conocían a Favale. Díaz y Alcorcel, sobre todo. Pedraza afirmó, inclusive, que no le constaba que un compañero ferroviario haya ido armado, sino que era un extra-ferroviario. Querían dominar la línea de defensa, esto explica el por qué de los llamados entre Pedraza y un importante estudio jurídico para hacerse cargo de la defensa de mi defendido". Cuando la Dra. María Florencia Hegglin, defensora oficial del barra brava Cristian "Harry" Favale, arrancó así su alegato, las caras de los abogados del resto de los imputados palidecieron. Es que, si alguna duda faltaba despejar respecto al plan criminal que involucra a todos los imputados, este reconocimiento expreso de la defensa de uno de los tiradores acababa de hacerlo.

Hegglin, defensora tan oficial como el de Pipitó, se encargó, en más de una oportunidad, de referir que todos apuntaron a Favale para descargar de responsabilidad a la Unión Ferroviaria. Su insistente mención a que la denuncia anónima que condujo a Favale "recalca que no es un ferroviario el autor material de los disparos" lleva a concluir que el plan criminal cerraba usando a Favale como coartada.

Esa denuncia anónima, una llamada telefónica entrada la tarde del mismo 20 de octubre, disparó la búsqueda de Favale, que incluyó a miembros del COPROSEDE, el organismo de seguridad del fútbol bonaerense, lo que confirma la vinculación estrecha entre el barra brava tirador y la policía (circunstancia que, por supuesto, ignoró referenciar la abogada). La defensora cuestionó todo el procedimiento, pidiendo nulidades por la detención, la indagatoria, la intervención telefónica de su celular y los reconocimientos en rueda y por fotos que hicieron múltiples testigos.

Con un gran esfuerzo técnico-jurídico, la abogada Hegglin ametralló al tribunal con la serie de pedidos de nulificación, aunque tuvo que reconocer que esas nulidades que ella postuló, no fueron nunca antes planteadas por la anterior defensa de Favale, lo que presume su seguro rechazo.

En sintonía, ahora sí, con las demás defensas, la defensora oficial cuestionó severamente la instrucción de la entonces fiscal y actual funcionaria del Poder Ejecutivo Cristina Camaño, y dirigió especialmente sus dardos contra el testigo protegido Jesús Benítez, que integraba la patota y bien podría ser otro de los tiradores.

Insistió Hegglin, hasta el cansancio, en que su defendido no disparó, que siempre negó haber disparado y que, en cambio, señaló al ferroviario Sánchez como autor de los disparos. Sin dudas que éste disparó, como lo vieron media docena de testigos, más otros tantos que vieron a Favale hacer lo mismo.

"Favale llevó gente de Varela por pedido de Pablo Díaz, y es cierto que hubo por lo menos 73 contactos telefónicos y radiales con todos ellos", dijo en relación a la patota, aunque aseguró que "no llevó armas". Pero cuando quiso explicar la cantidad de comunicaciones diciendo que "eran frecuentes las llamadas entre estas personas aún en otras circunstancias y fechas", la pifió, porque lo único que pudo aportar fueron llamadas del 6 de septiembre (el día del reclamo de los tercerizados en Constitución, frustrado por la patota en la que estaba, de nuevo, Favale) y del día en que Pedraza acompañó, con su gente, el acto de Moyano y Cristina Fernández en River.

La esforzada defensora, sin quererlo, probó así que la patota se completaba con el barra brava y sus muchachos.

Su extenso alegato transitó por la permanente descontextualización, un recurso dialéctico que suele ser el que mejor deforma la realidad. Cuando debió explicar por qué Favale se detuvo en la corrida mortal ante la aparición de las cámaras de C5N, la defensora dijo: "Pudo haberse detenido y dado vuelta porque por la vereda pasaba una linda mujer, una morocha alta, inclusive la periodista Carchak que se hallaba en el lugar... nada indica que lo haya hecho esperando que Pipitó y González obstruyeran las cámaras del equipo periodístico".

Esta insólita afirmación, en verdad una ironía mal enunciada, fue seguida por un decisivo reconocimiento que echa por tierra todo el andamiaje defensista: "Si él no se hubiera mostrado ante las cámaras no se hubiera llegado nunca a Favale", revelando así que, precisamente, esa cámara logró -desafiando el amedrentamiento- las imágenes del ataque, aun parciales, pero suficientes. El video policial no filmaría nada del ataque. Los movileros, en cambio, no formaban parte del plan.

Hegglin habló de un "juicio paralelo gestado en los medios", algo así como una causa armada. Pero al mismo tiempo afirmó que Favale era "el último eslabón". Se impone entonces una pregunta: ¿eslabón... de qué cadena?. Las caras de los otros defensores responderían con el silencio que siguió al cierre del alegato, y que nosotros describimos en nuestra intervención: plan criminal común, y división de tareas.

La defensora cerró pidiendo la libertad de Favale... difícil que el chancho chifle.

Día 64 - La patota se defiende: Díaz y Pipitó (8/3)

1. Pablo Díaz: "La provocación no fue de los ferroviarios".

La mañana comenzó con los alegatos de los Dres. Federico Figueroa, Guillermo Auruccio y Mario Fenzel, abogados de Pablo Díaz, el burócrata que coordinó el ataque y lo dirigió en el lugar. La primera parte empezó con una serie de lamentos para la tribuna por el "indignante asesinato de un joven idealista, militante, socialista", que quedaron olvidados apenas los abogados encararon la tarea de decir lo que fuera para defender a su asistido.

Por turnos, los tres se dedicaron a tratar de convencer de que este juicio fue manipulado políticamente, con el objetivo de destronar a Pedraza. "Desde el inicio", dijo Figueroa, "no se intentó probar el suceso ocurrido, sino que se direccionó la investigación para condenar a perpetua al dirigente Pedraza". Como los anteriores defensores, atribuyó a los acusadores una "imaginación muy particular que carece de sostén probatorio y lógico", como si no hubiera sido su defendido Pablo Díaz el que, como lo vimos en los videos exhibidos una y otra vez, dijera a las cámaras de TV llegando de regreso a Avellaneda: "Fue una escaramuza, los corrimos de las vías... lo que no hacen los jueces y la policía, lo hacemos nosotros".

Siempre en esa línea, el abogado habló de "hipótesis del complot de la burocracia sindical que fue receptado sin ninguna oposición porque permitía diluir la responsabilidad de las altas autoridades volcándola en la personas del gremio"; "esta es una investigación política"; "esa hipótesis la acompañaron los medios, tanto los medios hegemónicos que mienten como los no hegemónicos que no mienten", y así hasta el infinito, sin olvidarse, por supuesto, de quejarse por "la militancia constante que ha rodeado este juicio, al grito pelado de 'perpetua'". La defensa de Díaz no dejó de usar, claro está, el caramelo servido en bandeja que representaron los anuncios periodísticos de una inminente candidatura electoral de Pablo Ferreyra, hermano de Mariano.

Cuando dejaron las quejas, y se adentraron en los hechos, intentaron explicar que todo lo que se puede reprochar a Pablo Díaz es que, como delegado de la UF, "convocó a una protesta social", y trataron de apoyarse en que no estuvo presente en el tumulto. No, claro. Los generales no suelen ir a la cabeza de la infantería.

Continuó el Dr. Auruccio insistió en hablar de un "escenario desgraciado y evitable de los hechos", aprovechando para descargar responsabilidad en la policía, que "no tomó medidas" y en los propios manifestantes "de PO, MTS, Quebracho, SITRAIC, IS, ATE SUR y otros de los se conoce vida y obra, que no se fueron porque no quisieron, y que llevaban mochilas, caños, bombos, gomeras, pancartas, palos, megáfono y rostros tapados con pañuelo". También, ya que estaba, arremetió contra la bonaerense, a la que reprendió por no haber evitado a puro balazo de goma que los compañeros cruzaran hacia la ciudad de Buenos Aires.

El Dr. Fenzel repasó luego muchos testimonios, tratando de desacreditar las claras palabras de cada compañero que declaró, e intentando sacar algo de jugo a los dichos de los hombres de la UF que también declararon. Y, con total descaro frente a las imágenes de los videos que no permiten cambiar lo sucedido, aseguró que, como quisieron justificarlo muchos hombres fieles a la UF, los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban "desplegaron una bandera y armaron un cordón humano enfrentando la vía, para volver a tratar de tomarla".

Hasta los periodistas de C5N quedaron integrados al "complot" imaginario que describió el defensor, con "los piqueteros, en forma desafiante, con palos y piedras, incitando a los ferroviarios, que estaban desarmados, a enfrentarse". Y la víctima de esa conspiración del zurdaje, pobre, no resultó otro que Pablo Díaz, "un peón de limpieza, un simple tipo de trabajo"...

Ya acercándose al final, el defensor argumentó que "Mariano Ferreyra, un ferviente luchador social cuya muerte todos lamentamos y nadie justifica, estaba resistiendo, estaba peleando, estaba atacando y estaba acompañado por muchos más que hacían exactamente lo mismo que él, no estuvo en ninguna situación de indefensión", y aseguró: "La provocación no fue de los ferroviarios. Los ferroviarios marcharon sobre las vías. La provocación fue de los manifestantes. Quisieron cortar las vías, tiraron piedras, lograron por corto tiempo su cometido y lesionaron ferroviarios. Fue un enfrentamiento no provocado por los ferroviarios".

Después de concluir que absolutamente todos los testigos, tanto manifestantes como ocasionales transeúntes y vecinos, mintieron deliberadamente para perjudicar a la pobre patota y sus jefes, el defensor de Pablo Díaz trató de explicar que no escuchamos lo que todos oímos cuando se pasaron en la sala los audios de las llamadas telefónicas posteriores al crimen. "Esas intervenciones telefónicas son ilegales, su finalidad era detener a Pablo Díaz. La finalidad era escucharlo. Justicia moderna. Investigación moderna. Investigación de perezosos. Investigación de violadores de normas constitucionales. Y eso es lo que se hace cuando no saben trabajar, o no quieren trabajar, y es lo que hicieron"

Finalmente, y tras articular un montón de nulidades, el Dr. Fenzel se dio cuenta que un solo detalle no cerraba en su relato: hay un compañero asesinado con un tiro en el abdomen, y otros tres con heridas de bala. Entonces, decidió plantear que fue un "homicidio en riña", y pidió la absolución de su cliente...

"En el juicio de Nüremberg el fiscal de Rusia decía que la presunción de inocencia era un prejuicio burgués", cerró, antes de suplicar a los jueces que "no se dejen presionar". El problema para Pablo Díaz y sus defensores es que la presión la ponen los hechos probados, que claman a gritos por su condena.

2. Francisco Pipitó: El estado defiende a la patota.

Los defensores de Pedraza, Fernández y Díaz, todos abogados particulares contratados para ese trabajo, se quedaron cortos frente al alegato del defensor oficial Claudio Armando, que defiende a Francisco Pipitó, el hombre que junto a González se ocupó de intimidar a los periodistas para que no filmaran el ataque. Con un grado de convicción y compromiso con su defendido y sus jefes sobresaliente, el representante del Ministerio Público de la Defensa ni siquiera planteó, como sí lo hizo al inicio del juicio, su nada original teoría de los dos demonios. Directamente sostuvo que la patota fue víctima del accionar criminal de Mariano y sus compañeros, que contaron con el apoyo cómplice de la jueza de instrucción, que no investigó los delitos que ellos cometieron, y encarceló injustamente a los inocentes patoteros.

Con énfasis, y mostrando con recursos audiovisuales adónde van los recursos públicos, se metió de lleno a defender a la patota en su conjunto, incluidos los tiradores Favale y Sánchez, y tratando de mostrar que los disparos no fueron a matar, sino al aire o al piso. A pesar de su excelente discurso y su refinada ironía, como cuando afirmó: "traje un complejo elemento técnico para demostrar el ángulo de los disparos, un transportador de los que se usan en el primario", de nuevo hubo un detalle que su argumentación no pudo explicar. No pudo descifrar cómo fue que, sin apuntar al cuerpo, un disparo pegó en el abdomen de Mariano, otro en la cabeza de Elsa y otros tres en muslos y glúteo de Nelson y Ariel.

Como los demás abogados de la patota, habló de presiones, intencionalidad política y manipulación. Sólo que, en su caso, lo hizo cobrando un sueldo del estado. Trató de desacreditar el testimonio frontal y espontáneo de la periodista Gabriela Carchak acusándola de querer "cinco minutos de fama, ella es movilera, pero gracias a su historia logró salir en pantalla desde el piso, como entrevistada".

"El reclamo (de Pipitó y González a los periodistas) no fue para que no se filmara, sino para que se escuchara la voz de los ferroviarios", reivindicó el Dr. Armando, yendo así más lejos en la defensa que los propios abogados contratados por la Unión Ferroviaria. Con el mismo estilo, aseveró que la posta de escopeta que hirió a Nelson Aguirre en el glúteo, cuando se dio vuelta después de recibir el disparo de frente en el muslo para advertir a sus compañeros que tiraban con plomo, "provino de una tumbera" de los mismos manifestantes; tildó de mentiroso a Omar Merino, que vio un cartucho rojo de escopeta en el piso (que luego "desapareció", y omitió mencionar a José "Cacho" Andino, el compañero del MTR que, desde su primera declaración, viene denunciando que uno de los ferroviarios portaba una escopeta de caño recortado.

Para contar brevemente una larga historia, una verdadera defensa oficial.

viernes, 8 de marzo de 2013

Día 63 - El cuento chino del profesor Freeland (5/3)


"La acusación a Fernández como instigador es un cuento chino", soltó el profesor Alejandro Freeland, defensor del "Gallego" cuando promediaba su alegato. Antes, había intentado relativizar la brutal evidencia que señala a su defendido como quien, junto con su jefe José Pedraza, determinó la conformación del grupo de choque que, dirigido en el lugar por Pablo Díaz, ejecutó la faz operativa del plan criminal gestado para aleccionar a los trabajadores tercerizados del Roca y a las organizaciones que los apoyaban.

Abundó el defensor en frases efectistas y adjetivos grandilocuentes, pero nada de eso alcanzó para poner en crisis las demoledoras acusaciones contra el segundo de Pedraza. Habló de un relato pura ficción, fundado en argumentos irrazonables, en violación a las reglas de la dogmática, conclusiones antojadizas y arbitrarias, y, respondiendo directamente el reclamo que nuestra querella hiciera al tribunal de una sentencia "aleccionadora", rogó "justicia prudente", e incurrió en una comparación que mostró la hilacha: "Ni en Nüremberg ni en la causa 13 (el Juicio a las Juntas) se escucharon pedidos de pena de tanta gravedad".

El eje central de su alegato fue un desesperado intento de tergiversar hechos y pruebas para apoyar su tesis de que el 20 de octubre de 2010 hubo una "riña", un "acometimiento recíproco", un "combate" entre dos grupos enfrentados en igualdad de condiciones, o, más aún, donde la pobre patota tuvo que defenderse de desaforados agresores que habían concurrido armados a cortar las vías para causar el caos. Habló de "violentas mujeres, más agresivas que los hombres, saltando sobre los capots de los autos" (¿?) y de una “defensa efectiva, eficaz y definitiva” de la patota contra "manifestantes que habitualmente van armados". Y remató: "Fue una defensa necesaria y racional. Los manifestantes habían ido armados con piedras, palos, gomeras y tumberas. Los hombres de la Unión Ferroviaria no, por eso para defenderse tuvieron que disparar. Primero hubo piedras contra piedras, después piedras contra piedras, palos y gomeras, y finalmente disparos de armas de fuego contra piedras, palos y gomeras, sin intención de matar, para poder escapar del ataque.".

Aunque defiende al segundo jefe de la patota, el Dr. Freeland tiró también una manito a los policías procesados, mostrando, sin querer, que no estamos "en el país de las maravillas o en el país de Humpty Dumpty", como nos endilgó, cuando sostenemos que hubo un plan criminal común: "En estas situaciones los policías no saben qué hacer. Si intervienen, los meten presos; si no lo hacen, también".

Como gato panza arriba, usó todo lo que pudo, sin olvidar la incongruencia de la acusación fiscal, que no jugó a fondo ni contra la patota (pidió la absolución de dos de sus hombres) ni contra la policía (a los que acusó por un delito menor, simultáneo pero despegado del plan común, y también con un pedido de absolución). También le sirvió, para llevar agua a su molino, que la querella representada por los abogados del CELS hubiera aclarado, al acusar a los policías, que "no hubo acuerdo previo", dejando al aparato estatal al margen del plan criminal común. "Esta gente da a propósito señales confusas", dijo, en referencia a los militantes de izquierda en general. "Es la forma habitual de lucha de estos grupos, como Quebracho, PO, MTR, Aníbal Verón, como se vio en la embajada de Inglaterra y la Casa de Tucumán", afirmó, mientras pasaba en la pantalla de la sala fotos de las más diversas manifestaciones populares.

Pero ni la constante ironía ni la apelación a gruesos libros y distinguidos autores para dar lustre a la exposición con citas de doctrina, como si fuera una clase en la facultad, le alcanzaron para desbaratar las acusaciones, ni para que sonara realista su tesis de que los salvajes manifestantes agredieron una y otra vez a la indefensa patota, hasta que, para poder huir, tuvieron que disparar... "Fueron disparos de defensa, de salida...".

"No sabemos quién mató a Mariano Ferreyra, e hirió a Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre", mintió, después de describir a la Unión Ferroviaria como el más democrático de los gremios, y al "Gallego" Fernández como el más humilde y abnegado de los trabajadores. ¿Las llamadas entre Fernández y Pedraza, o entre Fernández y Falsoy? "Hablaron del club de sus amores, Independiente, que jugaba ese día, y de la organización del congreso de Latin Rieles, si habían llegado los sanguchitos, las masitas, si estaba la bebida y el café...". ¿Las 17 llamadas de Fernández con Díaz, incluyendo la de las 12:24 -después del primer ataque en las vías, y la de las 13:23, tras los disparos-: "Ellos hablaban mucho... Fernández es un hombre que habla lento y más bien escucha, muy parco... quizás sí sugirió a las 13:23 que se fueran del lugar...".

"Nadie habló de un plan en el juicio", dijo, olvidando que nuestra querella lo viene denunciando, dentro y fuera del expediente, desde el mismo 20 de octubre de 2010. Y, finalmente, mostró dónde le aprieta el zapato. Primero, atacó la impecable exposición de la compañera Claudia Ferrero sobre el móvil del crimen, con el detalle del funcionamiento del negocio de las concesiones, las tercerizadas y la hegemonía forzada de la lista Verde en el ferrocarril: "Interesante, pero no sorprendente", trató de desestimar. Después, ya sobre el cierre, se quejó -como vienen haciendo todas las defensas- de que se instalara, como eje del análisis del móvil del plan criminal, "la palabrita aleccionar, que usó la Dra. Verdú en la audiencia ante la Cámara Criminal, y que fue adoptada por esos jueces sin fisuras... con su imaginación febril, la Dra. Verdú ve patotas por todos lados", dijo, mencionando a continuación algunos de los ejemplos que dimos en nuestro alegato sobre el uso sistemático de grupos de choque paraestatales, en lo que llamamos "tercerización de la represión". Claro que vemos patotas por todos lados, pero porque existen.

Finalmente, y tras definir este histórico juicio como "contaminado por pasiones y pretensiones que no tienen nada que ver con el derecho ni la justicia", y de agradecer por haber conocido a Juan Carlos Fernández, al que nuevamente describió como si fuera el abuelito de Heidi, pidió su absolución y libertad.

"Lluvia de pruebas" sobre el "payaso" Sánchez

Después del cuarto intermedio, fue el turno del Dr. D'Elía, defensor de Gabriel Sánchez, uno de los dos tiradores identificados. Con un tono más desapasionado, se apoyó en la descripción de los hechos que hizo el abogado de Fernández, al que llamó, una y otra vez "querido amigo y distinguido profesor Freeland" y arrancó con la semblanza "oficial" de su defendido: "Es un guarda de tren, un trabajador. No es empresario ni burócrata, es un militante gremial de 12 años en la UF". Reiteró el relato que hizo Sánchez en su indagatoria sobre la forma en que el delegado de la UF, Carnovale, lo convocó para "hacer acto de presencia" en las vías el 20 de octubre, y su llegada, ya después de la pedrada de las 12:10, directamente a la estación Yrigoyen, en su auto, junto con Claudio Díaz, otro ferroviario convocado, que, como testigo protegido, confesó que Sánchez le mostró un arma que tenía en la guantera, y le dijo "Traje el juguete, Gabi de acá se tienen que poder ir".

Luego, sostuvo, Sánchez no hizo otra cosa que correr al frente del grupo, hasta que se cansó, le dio taquicardia, y volvió a las vías. Trató, sin demasiado éxito, de desacreditar los claros y detallados testimonios de quienes vieron a Sánchez, con su tatuaje llamativo en el brazo, que de lejos parece un payaso (de ahí el apodo que se ganó en el juicio) empuñando y disparando contra los manifestantes, con sus anteojos de sol, su gorrita y su remera negra. Trató, igual que el Dr. Freeland, de relativizar la gran cantidad de llamadas telefónicas entre su defendido y Pablo Díaz. "Hablaron de fútbol, de Racing, y de préstamos que daba la UF".

No faltó la insistencia en la "riña", con expresiones del tipo de "Los que nos dedicamos al derecho penal sabemos que los manifestantes llevan estas armar caseras”, y una afirmación hilarante: "Sánchez es un preso político".

Pero los esfuerzos del letrado por desvincular a Sánchez del crimen naufragaron con un desliz y un acto fallido. El desliz fue que, para desacreditar a Claudio Díaz, el que vio el "juguete", dijo "No es un testigo de identidad reservada, es un arrepentido". Si no hubo crimen, ¿de qué se arrepintió Díaz? La pregunta quedó sin respuesta.

El acto fallido, que dicen los psicólogos que es un discurso querido, sobrevino cuando el Dr. D'Elía describió a Sánchez retirándose bajo "una lluvia de pruebas", que rápidamente corrigió a "digo... de piedras...".

Llamó la atención que, en el cierre, el esfuerzo fue puesto en destacar la "lealtad" de Sánchez en su militancia gremial, que sonó, más que a argumento de defensa ante los jueces, a mensaje a sus camaradas dentro y fuera de la sala, al estilo "no me dejen tirado, todavía puede cambiar de idea y dejar de ser leal"...

Cerró el Dr. D'Elía con un previsible pedido de absolución, que quedó, sin dudas, deslucido bajo la "lluvia de pruebas...".

El próximo viernes será el turno de los defensores de Pablo Díaz y Pipitó, a partir de ahora, en la sala denominada SUM del edificio de Comodoro Py, de muchas menores dimensiones que la que se venía utilizando.

domingo, 3 de marzo de 2013

Día 62 - Los fiscales acusan un poquito, y Pedraza se defiende. (1/3)

Los fiscales acusan un poquito, y Pedraza se defiende.

La fiscalía completó hoy el alegato comenzado en la audiencia pasada, cuando la Dra. Jalbert y el Dr. Gamallo se ocuparon de lo que llaman "la primera causa", en referencia a las imputaciones contra Pedraza, Fernández y su patota. Comenzó la fiscal María Luz Jalbert, desarrollando "los hechos de la causa 3922", siempre en la línea de distinguir, como circunstancias concomitantes y simultáneas, pero no integrantes de un mismo plan, las responsabilidades de civiles y policías. Así, pasó revista a todo lo actuado y omitido por los policías presentes en el lugar y en la Sala de Situación del Departamento Central de Policía, y concluyó afirmando que, el 20 de octubre de 2010, los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra; los subcomisarios Echavarría y Garay y el oficial Conti, "omitieron impedir e, iniciada, no interrumpieron, la conducta de Favale, Sánchez, González, Pipitó y Alcorcel, contando con los medios para ello y estando obligados a hacerlo en su condición de garantes, poniendo en riesgo la vida de las personas que debían proteger. Como consecuencia de ello, resultaron la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, y poniendo en riesgo las vidas del resto de los manifestantes. Sabiendo que había dos grupos antagónicos, no hicieron nada para impedir el hecho, por más de una hora. La inacción de los imputados generó un escenario propicio para que se produjera la emboscada. Además, se les imputa no haber adoptado medidas para individualizar a los autores, no secuestrar las armas y no preservar el lugar del hecho, permitiendo la pérdida de elementos de prueba. Se imputa a Lompizano, Echavarría, Conti y Garay no haberse comunicado en un momento vital, eludiendo así la obligación impuesta en las órdenes del día; así como haber omitido dar intervención inmediata al juez o fiscal en turno, tanto después del primer inciente a las 12:10 como ante el ataque de las 13:35. Por último, a Mansilla y Ferreyra se les imputa haber avalado la presencia de subordinados vestidos de civl incumpliendo las órdenes del día vigentes".

Después de la intervención del fiscal adjunto Hugo Boggetti, que analizó la responsabilidad de cada uno de los uniformados empleando para ello los mismos extremos que usaron nuestras compañeras en su alegato del pasado 22 de febrero, incluso retomando la figura del "juego del Gran Bonete" para ejemplificar el modo habitual en que los policías hacen circular las responsabilidades de subordinados a superiores, y nuevamente de éstos a aquellos, en un ciclo infinito de delegaciones, órdenes y "confianzas" en el que nadie, finalmente, es culpable, nuevamente tomó la palabra la Dra. Jalbert para pedir pena para todos los acusados.

Antes de ello, hizo un demagógico intento de posicionarse "del lado de los buenos", como hubiera dicho el albañil Esteche, afirmando que "esta fiscalía de emocionó y lloró con los testimonios de las víctimas", al tiempo que, dijo, "los acusados cruzaron un umbral infranqueable". "Pese a las muchas reservas de casación que interpuse, confío en el criterio del trbunal y espero que dicte una sentencia justa", cerró. Lo dicho no alcanzó para seputlar lo que la fiscalía vino haciendo a lo largo de todo el proceso, como el afán de mantener separadas las "dos causas", para desvincular al aparato estatal, a través de la policía, de la burocracia sindical. La misma fiscal que habló de su emoción y simpatía por las fue la que se opuso a la reunificación de los expedientes 3772 y 3922, porque no quería que se juzgaran de conjunto policías y patota, y se opuso, también, a que se realizara la intervención quirúrgica que permitió extraer, un año y medio después de los hechos, el proyectil alojado en la rodilla de Nelson Aguirre, circunstancia que dio sustento material a la afirmación inicial de Cacho Andino de que uno de los integrantes de la patota portaba una escopeta recortada, pues el plomo resultó ser una posta de proyectil múltiple.

Lo patético del fallido intento quedó claro en el pedido de pena. Fiel a su tesis de "dos causas", y, por ende, "dos responsabilidades" diferentes, así como a su negativa de admitir la existencia de un plan criminal común con una división de tareas, la fiscalía solicitó la pena de prisión erpetua para Pedraza y Fernández como instigadores del homicidio calificado de Mariano y los homicidios calificados en grado de tentativa de Elsa, Nelson y los restantes heridos, y de Díaz, Favale y Sánchez como coautores del mismo delito. Para Alcorcel, al que consideró partícipe secundario, pidió 10 años de prisión, mientras que a Pipitó y Pérez los acusó como partícipes primarios de un homicidio simple. Y ratificó su anuncio de la audiencia anterior, respecto al pedido de absolución para Pérez y Uño. Por el lado policial, como calificó el delito que cometieron como abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, requrió que se condene a los comisarios Lompizano y Mansilla a 10 años de prisión; al comisario Ferreyra a 9; al subcomisario Echavarría a 8; al subcomisario Garay y el oficial Conti a 7, y previsiblemente, pidió la absolución para el cabo Villalba.

Como para cumplir, la fiscal agregó un par de pedidos de extracción de copias para investigar los falsos testimonos más evidentes, como los de Karina Benemérito y Patricia Carabajal, de la UF, y la abogada y amiga de la mujer de Pedraza, la Dra. Planas. De investigar funcionarios y empresarios, y al resto de la patota, ni hablar.

No sorprendió a nadie que, al término de su alegato, la sala quedara en silencio. No había nada que aplaudir.

La tarde fue ocupada por el alegato del Dr. Froment, defensor de José Pedraza, que estuvo lejos de encontrar alguna manera eficaz de cumplir su cometido. Como era de esperar, el primer dardo fue para plantear la nulidad del alegato de nuestra querella, porque, según argumentó, incluimos un "hecho nuevo", es decir, un elemento del que no se habló en el debate ni por el que fue intimado su defendido en la indagatoria: el plan criminal cometido por la triple alianza antiobrera, el estado, la burocracia sindical y la patronal. Claro que Pedraza no fue indagado como integrante de ese plan: ése nunca fue el planteo de la justicia, como no lo fue en la acusación de la fiscalía. Pero nuestra querella lo sostuvo, con la tozudez de la certeza, desde el primer instante tras el asesinato de Mariano, dentro y fuera de la causa. No hay una sola presentación nuestra, escrita u oral, desde el 20 de octubre de 2010, en la que no hayamos insistido en ello. Chicana destinada al fracaso, salvo que haya orden de sacarnos del medio. Ya que estaba, nos acusó también de tener un objetivo político al acusar a su pobre pupilo, el más inocente de los mortales. Claro que tenemos un objetivo político, ¿o podríamos no tenerlo, cuando nos asesinaron un compañero por defender los derechos de los trabajadores?

Después, fue el turno de atacar a la familia de Mariano, acusándola de buscar un rédito económico. Sin palabras.

No faltó, tampoco, la tacha de mentirosos para algunos testigos de la acusación, aunque parece que no se dio cuenta el defensor que los que mencionó son justamente los que no fueron valorados por las acusaciones para fundar su reclamo de pena. Es que, como dijimos a nuestro turno, no fue necesario defender cada uno de los testimonios de los compañeros, porque bastaba con los "imparciales", los que pasaban por ahí, vivían o trabajaban en la zona, para saber qué pasó.

Finalmente, y ante la imposibilidad de discutir el demoledor cúmulo de pruebas contra el burócrata, el abogado se dedicó a tratar de mostrarlo como un simple e inofensivo representante de los trabajadores en una estructura horizontal, pluralista, democrática... faltó John Wayne con infaltable sombrero de ala ancha para que la de cowboys estuviera completa.

Sin pena ni gloria, el alegato terminó con un pedido de absolución, mientras José Pedraza seguía, como desde el 6 de agosto, dormitando en su silla.

miércoles, 27 de febrero de 2013

Día 61 - Los fiscales acusan, pero no tanto.

La fiscal María Luz Jalbert comenzó el alegato de la fiscalía haciendo una aclaración inicial que, de entrada, oscureció el panorama: "Esta fiscalía alegará primero respecto de la causa nº 3772, y luego sobre la causa 3992", anunció, mostrando que, para el ministerio público, es decir, los funcionarios que representan al conjunto de las víctimas y la sociedad en la tarea de sostener las acusaciones, nunca se unificaron la "causa patota" y la "causa policía". El detalle no es menor. Insistir, a esta altura de las cosas, en que las conductas de los hombres de la UF y su grupo de choque y las conductas policiales son dos cosas distintas que deben analizarse como expedientes separados es toda una declaración de principios sobre la forma en que se conceptualiza el hecho que ocurrió el Barracas el 20 de octubre de 2010, con el resultado de la muerte de Mariano Ferreyra y las graves lesiones a otros compañeros.

Esa afirmación, que pretendió ser sólo el inofensivo anuncio de la estructura del largo alegato, puso de entrada sobre la mesa lo que la fiscalía viene defendiendo desde el principio de su intervención en la etapa oral, en la misma línea que su antecesora, la fiscalía de instrucción, que dividió la causa inicial para separar la investigación contra los policías. El argumento es simple: hubo un plan criminal, pero su único actor fue la burocracia sindical. Así, desde la "vindicta pública" se trata de poner a resguardo a los otros dos integrantes de la alianza antobrera, la empresa y el estado. Si bien todo permite avizorar que sostendrán la acusación contra varios policías, será por fuera del marco del plan criminal común, como aporte posterior e individual de un grupo de "loquitos sueltos" o de "ineptos" que no hicieron lo que debían hacer.

Una vez establecido que "son dos causas" y no una sola que se intentó partir para defender a los imputados de uniforme, la fiscal Jalbert acometió una larguísima exposición sobre la forma en que se produjeron los hechos. De nuevo, al tratar el móvil del crimen, quedaron expuestas las diferencias fundamentales con lo que sostuvimos los querellantes. "El objetivo era impedir el corte de la vía", aseguró Jalbert, asumiendo el discurso de las defensas. Silenció, así, la motivación central, que era dar una lección definitiva a los trabajadores que se organizaban sin responder a la conducción burocrática del pedracismo, y ponían en riesgo los negocios comunes de los tres aliados.

A pesar de esa toma de posición, la fuerza de las pruebas exigió que la fiscalía tuviera que avanzar con dureza en las imputaciones a Pedraza, Fernández y parte de la patota. Así, después de repasar cada testimonio, cada pericia, cada escucha y cada cruce telefónico, Jalbert concluyó que, "entre el 19 y el 20 de octubre de 2010, José Pedraza ordenó y consecuentemente determinó a Juan Carlos Fernández para que el día 20 se convocara a trabajadores del Roca para que se hicieran presentes y echaran por la fuerza y con el uso de armas de fuego a los tercerizados. Esa orden se cumplió con el resultado de la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas de los demás querellantes. Fernández ordenó y determinó a Pablo Díaz para que cumpliera la orden de Pedraza, quedando a su cargo los detalles del plan. Díaz, para llevar a cabo la orden, convocó a los trabajadores de los Talleres de Escalada a través de los delegados de la UF, y a Favale, Sánchez y por lo menos un tercer hombre para que concurrieran armados y los determinó para disparar hacia los manifestantes. Una vez en el lugar, Díaz ordenó el avance del grupo para que, con su cobertura, los imputados Favale, Sánchez y al menos otro dispararan, resultando la muerte y las lesiones. Favale y Sánchez (y al menos otra persona más no identificada), en cumplimiento de lo acordado con Díaz, concluyeron el plan causando la muerte de mariano y las lesiones. González y Pipitó realizaron un aporte esencial al plan, que consistió en amenazar y amedrentar a los periodistas de C5N Carchak, Polito y Farías para que no registraran las imágenes del ataque. Gustavo Alcorcel colaboró con Díaz, dando un aporte esencial para el cumplimiento del plan e instó, arengando, a que los ferroviarios se agruparan y avanzaran".

Pasadas las 18:00, el Dr. Gamallo, fiscal coadyuvante designado por la Procuración General, tomó la posta, para explicar, brillantemente, por qué se trata de un homicidio calificado, y no de un homicidio en riña, un homicidio simple o un exceso en la legítima defensa. Con ágiles recursos oratorios que aliviaron bastante al público de las anteriores seis horas de monótono tono, Gamallo ejemplificó la relación entre la Unión Ferroviaria y la Cooperativa Unión del Mercosur como las dos caras de un imaginario títere de mano llamado "Perversus", y recordó la escena del bautismo del hijo de Michael Corleone en la película El Padrino, comparándola con Pedraza de anfitrión en el congreso de latin Rieles al tiempo que se ejecutaba el crimen.

Sin embargo, respecto de González y Pipitó, el fiscal desarrolló una tesis que lo llevó a concluir que no fueron partícipes del homicidio calificado y los homicidios calificados en grado de tentativa, sino de un homicidio simple. Ello permite anticipar que la pena que solicitarán para ambos será sensiblemente menor que la del resto de los acusados.

Ya cerca de las 21:00, la Dra. Jalbert retomó la palabra para explicar que la fiscalía no encontró manera de acusar a los integrantes de la patota Uño y Pérez, los encargados de sacar las armas del lugar, por lo que pidió su absolución, lo que motivó el inmediato reclamo de excarcelación por sus defensores. El tribunal deliberó brevemente, para resolver otorgar la soltura, explicando que el pedido de pena de las querellas -en particular la nuestra, de 25 años de prisión- no era suficiente para mantenerlos detenidos, dado que es sólo la fiscalía la que puede requerir que se mantenga una medida de coerción sobre un imputado. Obtuvo así la patota su primer triunfo en el juicio, gracias a la negativa de contemplar el crimen como un todo, y reducir el análisis a las conductas individuales.

Quedaron pendientes, para la próxima audiencia, los pedidos de pena para quienes fueron sindicados como instigadores (Pedraza y Fernández), coautores (Díaz, Sánchez y Favale) y partícipes en distinto grado (aparentemente, Alcorcel como partícipe secundario del homicidio calificado y González y Pipitó como partícipes necesarios de un homicidio simple), que serán anunciados después de que la fiscal Jalbert y el fiscal adjunto Hugo Boggetti desarrollen su postura respecto de la "otra causa", como denominan a la participación policial en el plan criminal.

martes, 26 de febrero de 2013

Día 60, el alegato de APEL y CORREPI por Elsa y Nelson.

El viernes 22 de febrero fue el turno de nuestra querella. Debido a que el tribunal impuso la limitación de sólo dos voces habilitadas a exponer por cada parte, fueron las compañeras Claudia Ferrero (APEL) y María del Carmen Verdú (CORREPI) quienes intervinieron, pero es mandatorio decir que sus exposiciones fueron el fruto de un trabajo colectivo, al que ambas organizaciones destacaron un importante equipo de compañeros.

Dividido en tres partes, el alegato comenzó con un completísimo cuadro de la historia y situación actual del negocio de los ferrocarriles, reseñando la forma en que se realizaron las concesiones; el entramado de intereses económicos; los vínculos políticos; el surgimiento del movimiento de lucha contra la tercerización y, finalmente, la necesidad de los beneficiarios del sistema de explotación de frenarlo.

Apoyada en datos precisos sobre el largo proceso de asociación de empresas, gobierno y burocracia sindical, y analizando una por una las declaraciones testimoniales que se fueron escuchando a los largo de estos seis meses y medio de debate, así como los cruces y escuchas telefónicas, la compañera Ferrero demostró acabadamente que éste fue "Un crimen ejecutado para defender un sistema de concesión parasitaria y corrupta del transporte, así como la explotación del trabajo precario de miles de trabajadores tercerizados. Un crimen para defender el monopolio de una burocracia sindical patronal integrada al estado. Un crimen para detener el movimiento por la independencia de la clase obrera, que hoy mismo progresa en todos los sindicatos. Pocas veces antes ha quedado definida con tanta claridad la naturaleza social y política de un crimen contra luchadores populares. Que para su perpetuación, ese crimen se haya llevado adelante con la activa participación de las fuerzas de seguridad, transforma el crimen político en un crimen de estado".

La segunda parte fue dedicada por la compañera Verdú para desarrollar la idea del "plan criminal común" ejecutado por esa triple alianza antiobrera. Primero analizó la función de las "patotas", y mostró cómo a lo largo de la historia los gobiernos han usado estos grupos de choque paraestatales para reprimir por fuera de su aparato oficial, y cómo, en los últimos 10 años, esa práctica de la "tercerización de la represión" fue ocupando un rol cada vez más preponderante, a partir de la necesidad discursiva del gobierno de sostener su slogan de que "no reprime la protesta social", mientras lo acucia la necesidad de hacerlo. "La ecuación es simple para el aparato estatal: si los que atacan, pegan y amenazan no llevan uniforme, siempre se puede recurrir a las tesis del desborde individual, el infiltrado o del grupo de inadaptados. Hasta pueden darse el lujo, si la cosa trasciende y causa repudio masivo, de exigir 'esclarecimiento, juicio y castigo'”, explicó.

Luego, reconstruyó los hechos del 20 de octubre de 2010 a partir de los testimonios, videos y cruces telefónicos, y el rol de cada uno de los integrantes de la patota y sus jefes en la planificación y ejecución: "Pedraza y Fernández, los hombres tras el escritorio. En el terreno, Pablo Díaz dirigió; Alcorcel garantizó la presencia de Favale y secundó a Díaz para dirigir la corrida; Favale y Sánchez ejecutaron los disparos, junto a quienes no han sido identificados todavía; González y Pipitó removieron el obstáculo de la prensa; Uño y Pérez garantizaron la efectividad del ataque y la retirada, con la salida de las armas".

Tras un breve cuarto intermedio, aprovechado para que las compañeras pudieran dirigirse a la gran cantidad de militantes movilizados frente a los tribunales (ver http://www.youtube.com/watch?v=fcCRqaZK6JU), continuó María del Carmen con el rol de los "imputados privilegiados", como llamó a los policías, que, a diferencia de Pedraza y sus hombres, nunca fueron detenidos (excepto Lompizano el fin de semana pasado). En ese tramo, dijo: "Hemos apreciado en la sala, en sus declaraciones, la capacidad y solvencia de los jefes policiales. ¿Y nos quieren hacer creer que fueron unos tontos o unos distraídos que no se dieron cuenta de lo que pasaba, y quedaron totalmente sorprendidos, estuporosos como dijo Lompizano por un hecho imprevisto? La única explicación razonable, que no ofende la lógica ni la inteligencia, es que hicieron lo que los mandaron a hacer: permanecer junto a los hombres de la Unión Ferroviaria, controlar a distancia a los trabajadores tercerizados, y garantizar que el plan criminal, con su objetivo aleccionador, se llevara a cabo íntegramente".

Después de analizar el rol de cada policía, y de repetir, como lo venimos diciendo, "son todos los que están, pero no están todos los que son", la compañera repasó los nombres de los compañeros asesinados, como Mariano, en la represión a movilizaciones y manifestaciones, y cerró su parte:

"El nombre de Mariano Ferreyra se ha sumado a la lista de los casi 70 compañeros asesinados por luchar que la democracia inauguró el 12 de abril de 1995, en Ushuaia, con el obrero metalúrgico Víctor Choque, y que sumaría, hasta 2002, a los trabajadores Teresa Rodríguez en Neuquén, Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente de Corrientes, Aníbal Verón, Barrios y Santillán en Salta, a los 39 asesinados del 19 y 20 de diciembre de 2001, y a Maxi y Darío, en el Puente Pueyrredón.

Una lista que creció, en los últimos 10 años, con 21 asesinados más en la represión a manifestaciones y movilizaciones en todo el país, a veces con el uso de estos grupos de choque para disimular que es una política de estado, y desembozadamente en otros casos, y hasta repitiendo protagonistas, como en la represión conjunta de la federal y la metropolitana en el Parque Indoamericano, con tres muertos, y el comisario mayor Lompizano dirigiendo el operativo desde la DGO.

Por eso es imprescindible, además de condenar a los que aquí están imputados, que se ordene, como lo pediremos enseguida, la debida prosecución de la causa, en la instancia que corresponde, contra los que permanecen en la impunidad, y a lo sumo pisaron esta sala en calidad de testigos. Muchos son funcionarios del gobierno nacional, y no precisamente segundones.

Por eso, cuando la Sra. Presidenta dijo, con notable hipocresía, que la bala que mató a Mariano, rozó el corazón de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, la organización antirrepresiva que integro, CORREPI, le respondió que la bala que mató a Mariano, salió del corazón mismo del estado.

En nombre de CORREPI, quiero agradecer a los compañeros del Partido Obrero su generosidad y disposición a la unidad de acción al permitirnos integrar esta querella que se propuso ser la voz de los trabajadores en este juicio. Por nuestra parte, pusimos en la tarea, como en cualquier aspecto de la cotidiana militancia antirrepresiva, toda la fuerza de nuestras convicciones, motivados y guiados sólo por nuestros principios.

Señores jueces, es sobre un crimen de estado que deberán dictar sentencia. Un crimen de estado ejecutado con ese hábil recurso de tercerizar la represión, tan efectivo para ocultar su naturaleza. La sentencia que este tribunal dicte, deberá ser ejemplar, y, permítaseme el término, aleccionadora. Aleccionadora para todos aquellos que creen que encarcelando o matando obreros pueden frenar las luchas de los explotados, y aleccionadora para los que no entienden cuál es el motor de la historia".


Después de varios minutos de atronadores aplausos, retomó entonces la palabra la compañera Claudia Ferrero, que calificó legalmente el delito, y requirió al tribunal la extracción de testimonios para investigar la conducta de funcionarios públicos como Aníbal Fernández, Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna; de policías como los comisarios Catalán y Brousson, de los directivos de UGOFE (grupos Cirigliano, Roggio y Romero), de varios integrantes de la UF como Karina Benemérito, Aldo Amuchástegui y Alberto Carnovale. Explicó a compañera que, aunque la pena que corresponde a los 17 acusados es la prisión perpetua por el asesinato de Mariano, nuestro rol como patrocinantes de los heridos nos impedía pedir formalmente esa condena, por lo que, constreñidos por la norma legal, sumamos 25 años de prisión para todos ellos.

Cerró finalmente la compañera Ferrero el alegato de nuestra querella, con un fuerte y emotivo párrafo mirando de frente al tribunal, y volvieron los aplausos de los compañeros que escuchaban en la sala y en la calle.

Día 59, el alegato del CELS por la familia Ferreyra.

El 19 de febrero, y con el comisario mayor Lompizano detenido después de su viajecito al sur, se reanudó la agenda del juicio, y empezaron los alegatos de las acusaciones con la querella que representa a la mamá de Mariano Ferreyra. Los abogados del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Alberto Bovino y Maximiliano Medina, a lo largo de unas diez horas, desgranaron cada elemento de prueba para, finalmente, solicitar la pena de prisión perpetua para 14 de los imputados, cuatro años de prisión a cumplir para dos de los integrantes de la patota, y un año en suspenso para uno de los policías. También pidieron que se investigue a otros cinco integrantes de la Unión Ferroviaria cuya participación en el plan criminal que resultó evidente durante el juicio, y denunciaron a otros hombres de Pedraza y algunos policías por falso testimonio.

El Dr. Bovino se hizo cargo de describir el marco general de la explotación del servicio ferroviario y el negocio de las empresas tercerizadas en cuyo contexto se produjo el crimen, y fue el encargado, también de dar algunas precisiones jurídicas sobre la calificación penal y la antijuridicidad de las conductas que analizaron. El Dr. Medina, apoyado en gráficos, fotos y videos, expuso con gran solvencia los hechos, dejando clara la mecánica del ataque, así como la participación policial en el crimen. Al término de la larga exposición, difícilmente quedó alguna duda de que Favale y Sánchez fueron los tiradores; de la responsabilidad, como instigadores, de Pedraza y Fernández, o del rol de resto de la patota, sin perjuicio de la leve pena solicitada para Uño y Pérez, a partir de que los consideraron sólo partícipes secundarios.

La brillante exposición de Medina también expuso el alcance de la participación policial, pero ello fue relativizado por su colega, que aclaró, en una intervención de apariencia netamente técnica, la caracterización política del organismo que representan respecto del estado y el gobierno: "no hace falta que haya acuerdo previo para ser partícipe", dijo el Dr. Bovino en relación a la policía, poniendo al aparato estatal del que los uniformados forman parte a salvo de toda responsabilidad en la gestación y ejecución del plan criminal. Así, todo lo actuado por la policía habría resultado de que "hicieron todo mal", o que "ese día les falló el 'olfato policial'", fórmulas que remiten inevitablemente a las clásicas tesis de errores, abusos, excesos, autonomía de la fuerza, ineficiencia o corrupción individual o grupal y otras que sistemáticamente intentan diluir la responsabilidad estatal.

En la misma línea, y pese a que, hasta con precisa ironía, se refirieron a la relación fluida y amistosa de varios funcionarios del gobierno nacional con los burócratas sindicales, ello no se tradujo en el reclamo de investigación a su respecto. Tampoco solicitaron medidas contra la patronal, UGOFE.

Así, aunque sostuvieron la idea de que existió un plan criminal cuyo objeto era aleccionar a los trabajadores tercerizados de la línea Roca que ponían en riesgo la hegemonía pedracista en el gremio y amenazaban sus negocios, y acusaron a seis de los siete policías como partícipes necesarios del crimen, es decir, dijeron que hicieron un aporte sin el cual no se podría haber consumado el delito, deslindaron al aparato estatal en su conjunto y a la empresa de toda responsabilidad.

El final del alegato, que tuvo pasajes espectaculares en el manejo de las pruebas fílmicas y de audio, fue recibido con un gran aplauso del público, sin dudas merecido por la calidad técnica y la solvencia de los profesionales, cuyo trabajo, dentro de los límites que les impone el posicionamiento político de su organización, fue impecable.

Al término de la audiencia, el tribunal informó que decidieron excarcelar al comisario mayor Lompizano, imponiéndole que cada lunes se presente en su secretaría para dar el presente, y que se mantendrían las medidas dispuestas para que el ministerio de Seguridad garantice la presencia en la sala de todos los policías hasta el día de la sentencia.