martes, 7 de agosto de 2012

Juicio: Día 1

La primera jornada del juicio comenzó muy temprano con la convocatoria en la Torre de los Ingleses. Allí, a pesar del frió y de las complicaciones que había para llegar a Retiro, se concentraron cientos de compañeros y organizaciones con el objetivo de seguir luchando por el castigo a los culpables del asesinato de Mariano Ferreyra. La movilización popular no podía faltar, desde octubre de 2010 hasta la actualidad fue la que hizo posible que los culpables del hecho fueran hoy a juicio.

El comienzo de la audiencia estaba previsto para las 10:00, pero recién comenzó pasadas las 11:00 porque el servicio penitenciario demoró el arribo de los imputados que se encuentran detenidos. Ya que estaban, usaron como excusa el “caos de tránsito” ocasionado por las medidas de fuerza de los trabajadores del subterráneo...

Con todos los protagonistas en la sala, el presidente del tribunal oral nº 21, Dr. Horacio Días, declaró abierto el debate, y por secretaría se leyeron los seis requerimientos de elevación a juicio, dos por cada parte acusadora (fiscalía, querella de la familia de Mariano Ferreyra y querella de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y los demás heridos) respecto de cada grupo de acusados (Pedraza, Fernández y su patota, y los policías).

Los requerimientos de elevación a juicio de las partes y los autos de elevación de la jueza de instrucción establecen el marco de los hechos y el derecho que se va a discutir en el juicio. La diferencia más marcada entre los acusadores se centra en el rol de la policía, pues la fiscal María Luz Jalbert, igual que su colega de instrucción, Fernando Pfizer, imputan a los tres comisarios, el subcomisario y los oficiales un abandono de persona calificado por el resultado muerte, es decir, un delito cometido después del ataque al no haber socorrido a las víctimas, mientras que ambas querellas los acusan de haber formado parte del plan criminal que tuvo por objeto aleccionar a los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban, y, por lo tanto, les imputan el homicidio calificado y los homicidios en grado de tentativa como partícipes necesarios, lo que resulta en la misma pena que a los autores e instigadores.

Apenas concluida la larga lectura de los requerimientos, comenzó la discusión de las “cuestiones preliminares”, con más de una veintena de planteos de nulidad y otras incidencias por parte de las defensas.

Tanto los defensores oficiales que representan a varios de los policías desde el apartamiento forzado, tras la denuncia de CORREPI, de los abogados de planta del Ministerio de Seguridad, como los conocidos defensores particulares de los integrantes de la Unión Ferroviaria y de los restantes policías, se centraron en dos puntos: Primero, en intentar que se suspendiera el debate, lo que fue rechazado por el tribunal después que las partes acusadoras rebatieron los argumentos de las defensas. Luego, los defensores unieron sus fuerzas para tratar de apartar del trámite a la querella de los heridos sobrevivientes, representados por los compañeros de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha) y CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

Las compañeras Claudia Ferrero (APEL) y María del Carmen Verdú (CORREPI) debieron responder varios planteos de nulidad de su requerimiento de elevación a juicio y defender el derecho de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre, Arnaldo Esteban Duré Duarte, Miguel Hugo Espeche, Emiliano Francisco Bonfliglio, Federico Manuel Lugo y María Wenceslada Villalba, todos heridos el 20 de octubre de 2010, de ser querellantes en la causa.

En la exposición de argumentos de las defensas se entremezclaron expresiones como “horda de encapuchados armados con palos y piedras”, como dijo el Dr. Freeland, defensor de Juan Carlos “Gallego” Fernández, lo que obligó a la compañera Verdú a interrumpirlo y preguntar la tribunal si se había perdido de algo, y las partes ya estaban alegando. El mismo defensor insistió, para fundar su nulidad, en que no se había investigado la comisión de delitos por parte de los manifestantes, lo que también fue respondido por nuestros compañeros, que recordaron que quienes habitualmente encabezaban las denuncias penales contra los trabajadores ferroviarios organizados por fuera de la burocracia sindical están hoy procesados en esta causa, como los comisarios Ferreyra y Mansilla, lo que prueba que, el 20 de octubre, la triple alianza antiobrera compuesta por el aparato estatal, la patronal de UGOFE y la burocracia sindical de la UF eligieron otro método para disciplinar a los obreros: en lugar de denunciarlos por extorsión, interrupción del servicio ferroviario u otros delitos típicos de la criminalización de la protesta, optaron por la represión directa, con el mecanismo de la tercerización en la patota.

Mientras tanto, en las calles, la movilización popular no cesó, con pedidos de justicia y denuncias constantes desde el escenario, fuimos capaces de llenar las calles cercanas a Comodoro Py para exigir que el juicio comenzara y siguiera, a pesar de los pedidos de la defensa.
CORREPI estuvo presente, tanto dentro de la sala como en las calles, luchando para que las chicanas judiciales de los defensores, que puso el Estado a los policías y a la burocracia, no pudieran contra la lucha. Y así fue.

La jornada culminó cerca de las 19:00, quedando pendiente de resolución por el tribunal una parte de los planteos de las defensas.