En la décima jornada
estaba prevista la declaración de siete policías, tres que quedaron
pendientes del martes pasado, debido al particular estilo de
interrogatorio de la fiscal, que evidentemente no usa reloj, y cuatro
nuevos. Pero cuando el secretario informó la presencia de partes y
testigos, resultó que la defensa de Favale desistió de los testimonios de
los policías Molina y Kuchasky, de manera que, con la adhesión de la
fiscalía y la querella de la mamá de Mariano, que también los habían ofrecido,
se incorporaron por lectura sus declaraciones de la instrucción, y quedaron
sólo cuatro testigos. Así, fue la audiencia más corta desde el inicio del
juicio, aunque tuvo algunos momentos para recordar.
La primera de la mañana fue la subteniente Mónica Giose, operadora y despachante del servicio 911 de la bonaerense, que intervino en el trámite que se dio al mensaje anónimo que identificó a "Harry" Favale como uno de los tiradores. Salvo que dejó claro que no se acordaba del episodio, ni quién le pasó el texto del mensaje recibido por la federal, ni qué pasó después, no aportó nada importante.
Luego fue el turno del principal Ángel
Castro, de la PFA ,
que realizó algunos operativos vinculados a la información obtenida en la
escucha directa de los teléfonos de Favale. Se ve que la amnesia es una
enfermedad laboral frecuente de los uniformados, porque tampoco se acordaba de
nada, hasta que le empezaron a
leer su declaración de hace un año y medio. Ahí se acordó de que obtuvieron los
teléfonos de los domicilios que vigilaban por el sistema Nosis, es decir, un
sitio de Internet que, mediante un abono, permite acceder a bases de datos de
personas. "Después lo
dejaron de pagar y no lo usamos más y no llegamos a ningún lado, agregó. Y
señaló, pese a la desmemoria, que éste había sido un "caso
especial".
Cuando uno de los defensores el preguntó por qué, explicó:
"Fue un caso especial porque podría haber sido cualquiera de nosotros,
mi hijo... personalmente creo que no puede ser que cualquiera ande armado, esto
no se arregla así. Esté o no en concordancia con él, a este muchacho lo mataron
mal”. Los pocos imputados presentes en la sala lo miraron incrédulos.
El tercero fue el
sargento Alejandro Tocalino de la
DDI de Quilmes, que contó que había conocido a Favale un
año antes del crimen, por intermedio de Mauricio Vargas Pina, otro policía
de Florencio Varela. Dijo que "Harry" era remisero y
"simpatizante de Defensa y Justicia", y que, a partir del 20 de
octubre de 2010, lo llamó varias veces a su celular, para contarle que "había
estado en el problema ése en Capital" y le pidió que, si sabía de algo
en relación a su persona, le avisara. En alguno de los llamados, Favale le
contó que ya habían allanado su casa. Torcalino relató que comentó los llamados
a su jefe, y se ofreció "como mediador" para encontrarlo.
Al dar sus datos personales, Tocalino -un hombre
joven- aclaró a los jueces que ya no está en actividad, en referencia a la
policía. Nos quedamos con las ganas de preguntarle por qué lo echaron porque
pinta de jubilado, no tenía.
La cuarta declaración fue la del comisario
inspector Alejandro Daniel Recalde. Apenas se sentó le vimos cara
conocida... claro, cuando contó su curriculum, resultó que el hombre fue
subcomisario en la 48ª y la 50ª, dos comisarías que, junto con la 52ª, en esos
años fueron frecuente escenario de escraches y movilizaciones de CORREPI,
por el fusilamiento de Marcelo Báez y por los diversos hechos de gatillo fácil
del recordado sargento Solanes, alias "El Percha".
De entrada se atajó ante los jueces: "conozco
a varios de los imputados, son mis compañeros de armas”. Luego se le
preguntó por el sumario administrativo policial que labró, porque para octubre
de 2010 era jefe de investigaciones administrativas de Asuntos Internos. Uno de
los abogados de la mamá de Mariano, Maximiliano Medina, pidió a los jueces,
después de varias preguntas con la sempiterna respuesta "no me
acuerdo", que se le exhibiera parte de ese sumario al comisario.
Concretamente, pidió que le mostraran la Orden de Servicio impartida el 20 de octubre de
2010 por la Dirección
Gral. de Operaciones, lo que motivó un furibundo
sobresalto de los defensores de los policías imputados, que a toda costa
quisieron impedir que se le hicieran preguntas sobre "hechos que no
percibió por sus sentidos". Las oposiciones fueron desestimadas por el
tribunal, todo con las consabidas reservas de recurrir en casación y a la
corte, y el interrogatorio continuó.
Hablando de la conformación del operativo,
explicó el comisario que había un comisario a cargo (Ferreyra, de la División Roca ), y
otro de rango superior, como fiscalizador (Mansilla, jefe de control de
líneas), cuya tarea, dijo, es conocer la orden y ver que quien está a
cargo la cumpla, aunque, en un guiño al comisario inspector Mansilla, agregó
"el fiscalizador no toma decisiones operativas". Más adelante, en
cambio, cuando nos tocó el turno de repreguntar, quisimos saber qué debe hacer,
entonces, el fiscalizador, si ve que quien está a cargo del operativo no cumple
su tarea. La respuesta fue tan inevitable como contundente: "Tiene que
hacer que se cumpla, claro que puede tomar decisiones".
Por último, fue muy iluminador, para comprender
de qué sirve un sumario administrativo policial, el resto de
las respuestas que nos dio:
-¿Cuál es el objeto de un sumario
administrativo?
- El esclarecimiento del hecho y en
su caso el juzgamiento de la conducta de los responsables.
-¿Cómo reconstruyen el hecho?
- Buenos, hacemos la explotación de
prensa (que, aclaró, es juntar
recortes de diarios sobre el tema); pedimos los videos si hay, las modulaciones, y
tomamos declaración al personal que estuvo.
-¿Los citan a todos? ¿En qué orden?
- No, citamos a los jefes, al oficial a cargo, al
fiscalizador...
-¿Y en qué carácter los citan?
- Como testigos, porque al inicio no
tenemos imputados...
-Pero si reconstruyen el hecho con los diarios y
con los dichos de los que lo dirigieron, ¿qué investigan?
- ...